Los límites de la participación del presidente Hugo Chávez en la campaña centran el debate electoral en Venezuela para la Asamblea Constituyente, en un cuadro político donde el mandatario es protagonista único.
Chávez atizó la polémica al emplazar a las autoridades comiciales a que lo pongan preso, si consideran que viola las normas que impiden el apoyo de funcionarios públicos a los candidatos y que fueron seguidas en forma muy laxa en el pasado.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, dijo este lunes que "hasta ahora el presidente no ha violado ninguna norma electoral", y negó que se haya abierto un expediente al respecto, como aseguró la prensa el fin de semana.
Caleca desestimó, al concluir una sesión extraordinaria del CNE, que se haya pensado en una renuncia de los siete miembros independientes del organismo o en un aplazamiento de la elección de la Asamblea, en caso de que el presidente, los gobernadores y los alcaldes decidan hacer campaña, tal como anticiparon.
"Nuestra única herramienta será la aplicación de las normas legales", adujo Caleca. Esas normas contemplan pequeñas multas o penas de cárcel de entre 20 y 40 días.
"Que me lleven (preso), yo voy", dijo el presidente, al recordar que ya estuvo 25 meses en la cárcel, por haber encabezado un alzamiento militar en 1992, como teniente coronel. Su causa fue cerrada por su antecesor, Rafael Caldera, sin imponerle ninguna pena y sin limitarle sus derechos políticos.
La elección de una Asamblea Constituyente, el 25 de julio, que rediseñe la gobernabilidad interna, fue la gran oferta electoral de Chávez, quien barrió del poder a los políticos tradicionales, culpados por la mayoría de la población del hundimiento de sus condiciones de vida, de la corrupción y de la falta de cambios.
Cerca de 90 por ciento de los votantes aprobó la realización de la Asamblea en el primer referendo de la historia del país, el 25 de abril, en una convocatoria ensombrecida por una abstención de más de 60 por ciento.
La oposición, tanto de grupos tradicionales como de nuevas fuerzas, ha limitado hasta ahora su campaña en presionar para que el presidente no participe activamente en la contienda electoral, y para que el sistema de elección dificulte a los partidarios del "chavismo" el ubicar a sus candidatos en las listas.
Las encuestas proyectan que cerca de 70 por ciento de los electores desea votar por los candidatos del Polo Patriótico, la alianza de casi toda la izquierda y antiguos militares golpistas con que el mandatario llegó al poder en febrero.
"Que me abran (en el CNE) uno y mil expedientes", dijo Chávez el domingo, al regreso de un viaje a Colombia y México, para añadir que la idea "me dan risa". "En el Consejo también nos da risa, porque no hay tal expediente", adujo Caleca.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, exhortó este mismo lunes al CNE a que precise que el presidente y otros funcionarios sí pueden hacer campaña en torno a la Asamblea, pero no a favor de algún aspirante a integrarla.
La ley del sufragio de Venezuela fija que los funcionarios deben renunciar para ser aspirantes a cualquier cargo de elección y que no pueden hacer campaña pública por ningún candidato.
Pero los presidentes han brindado tradicionalmente recursos para los candidatos de sus partidos, mientras los demás funcionarios, con gobernadores y alcaldes a la cabeza, han hecho abierto proselitismo en las contiendas electorales.
Durante la campaña en que triunfó Chávez con 57 por ciento de los sufragios, 16 de los 23 gobernadores y más de 200 de los 336 alcaldes se unieron en las dos semanas finales a un frente en su contra, liderado por el candidato conservador Henrique Salas.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue además jefe oficial de campaña del candidato del desgastado partido opositor Acción Democrática (AD), sin que en ningún momento el CNE, fuerzas políticas o los medios de comunicación hicieran mención a la violación de las normas electorales.
Juristas, miembros de la sociedad civil y dirigentes de la oposición política coinciden en que el hecho de que se hayan irrespetado antes las reglas de juego, no faculta a que se siga haciendo en momentos en que se busca abrir un camino de transparencia y recomposición de la cultura política local.
El ex presidente y candidato a la Constituyente Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez intentó derrocar hace siete años, afirmó que hay que evitar que la Asamblea se mantenga coptada por el mandatario, porque éste lo que intenta es imponer una dictadura, y no los cambios profundos que requiere la democracia.
Chávez advirtió que "tendrán que encadenarme, amordazarme o ponerme camisa de fuerza para que yo no sea protagonista" del proceso constituyente.
Además, aseguró que "nada ni nadie podrá evitar" que se elijan los 131 miembros de la Asamblea y que una nueva Constitución modifique los poderes públicos desde marzo del año 2000, si su texto es refrendado por una nueva consulta popular.
Luis Miquelena, mentor político de Chávez y su ministro del Interior hasta que renunció para ser candidato a la Constituyente, aseguró este lunes que la oposición ya ganó una batalla al "promover una elección complicadisima" y que ahora no puede pretender también el poner un bozal al presidente.
El CNE determinó que los candidatos aparezcan en listados por orden alfabético y sin ningún símbolo o sigla que lo indentifique con el partido u organización civil que los postuló.
Esa forma de escogencia fue exigida por los puntales del antes poderoso bipartidismo, AD y Copei, y respaldada por figuras independientes de renombre, que sienten que tendrán mayor oportunidad si los partidarios de Chávez no pueden ubicar fácilmente a sus menos conocidos aspirantes. (Fin/IPS/eg/ip/99
