Venezuela busca firmar antes de julio un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para ayudarse a enjugar su déficit fiscal inmediato, mientras se sumerge en un proceso constituyente para diseñar su futuro de largo plazo.
Ocho expertos del FMI, encabezados por Ana María Jul, iniciaron este martes un "levantamiento de información" financiera que Caracas quisiera que conduzca a un acuerdo, aún si Jul se refugió ante la prensa en el habitual "no comment".
Los movimientos en la economía se registran casi sin la luz de los reflectores de la atención pública, mientras la vida política se vuelca hacia la elección, prevista para el 25 de julio, de una Asamblea Constituyente.
El desembarco de la misión del FMI se suma a otras señales en favor de la economía venezolana, acosada por la recesión, como estabilidad de precios, tasa de cambio y masa monetaria, leve repunte de la inversión extranjera y, el más vistoso, aumento de los ingresos por mejores precios del petróleo.
Venezuela inició 1999 con un déficit fiscal cercano a 9.000 millones de dólares (nueve puntos del producto interno bruto, PIB), equivalentes a 47 por ciento del presupuesto anual, y el gobierno busca enjugarlo con reducción de gastos, aumento de impuestos y nuevos endeudamientos.
El acuerdo con el FMI es buscado como paraguas para esa anhelada reducción del déficit a menos de la mitad, pero también como un certificado de que el presidente Hugo Chávez mantendrá un rumbo económico aperturista y con garantías para la inversión.
Chávez, un ex comandante de paracaidistas de 44 años que en 1992 encabezó una asonada, fue elegido en diciembre de 1998 con el apoyo de casi toda la izquierda. Su discurso, con tintes populistas, anatematizó al "capitalismo salvaje y neoliberal".
Sin embargo, su gobierno ha buscado activamente la compañía del Fondo y fue este organismo el que prefirió enviar su misión después que en abril el parlamento produjo una Ley Habilitante.
Con base en ese texto, Chávez legislará por decreto para apuntalar las cuentas públicas y avanzar cambios estructurales en la administración estatal.
José Rojas, viceministro venezolano de Hacienda, consideró "posible" que la misión de información de dos semanas del FMI se transforme en una ejecutiva con la cual negociar un acuerdo.
"Vamos a presentar nuestro programa y trabajar con los técnicos del FMI para llegar a los mejores términos. Nos vamos a mostrar como somos, a diferencia del pasado cuando se negociaron acuerdos 'dinosaurios' a espaldas de la gente", dijo Rojas.
Venezuela ha firmado otros acuerdos con el FMI, en el debut de programas de modernización y ajuste de su economía. En 1989 el entonces presidente Carlos Andrés Pérez suscribió el primero, de facilidad ampliada y uso limitado de dineros del Fondo.
Rafael Caldera ganó las elecciones de 1993 con ácidas críticas al FMI y hasta 1995 pregonó "no arrodillarse" ante él, pero en 1996 dio un giro a su política económica y adoptó un programa de ajustes apoyado en un segundo acuerdo con el FMI.
Ese acuerdo de corto plazo o "stand by" previó tomar del Fondo hasta 1.500 millones de dólares en 1996-1997, pero un repunte de los precios petroleros apenas hizo necesario el uso de 500 millones.
El último tramo del gobierno de Caldera (1998 y enero de 1999) fue cubierto por un "acuerdo sombra", de asistencia técnica.
El acuerdo que según fuentes de las negociaciones busca el gobierno de Chávez es "de precaución", con recursos disponibles en el FMI pero con expresa intención de no emplearlos a menos que emerjan problemas en la balanza de pagos.
Las reservas internacionales, 13.951 millones de dólares al 30 de abril (4.000 millones no-operativas), con una economía en recesión que importa menos y un ingreso petrolero que aumenta, no hacen por ahora necesario el financiamiento del Fondo.
Pero, como en otras situaciones que encara el organismo, su aval es una señal para los inversores, para los tenedores de títulos de deuda y, sobre todo, para los mercados donde Venezuela quiere presentarse a buscar finanzas con más endeudamiento.
La originalidad está en que lo que el FMI decida impactará el proceso constituyente, que Chávez impulsó en su campaña ede1998 y mantuvo tras asumir el poder el 2 de febrero, con llamados a "castigar la corrupción, atender la deuda social y refundar la república".
Para sus opositores, con aval de economistas independientes, el debate político continuado "ahuyenta a las inversiones".
"Nadie invertirá un centavo mientras las reglas del juego no sean definidas", afirmó por ejemplo el parlamentario Alberto Franceschi, del partido de centro-derecha Proyecto Venezuela y una de las voces opositoras con más audiencia estos meses.
Luis León, de la firma encuestadora Datanálisis, sostuvo que "para el presidente es difícil combatir a los corruptos (por ejemplo, a evasores fiscales) sin que sus acciones ahuyenten a los interesados en colocar sus capitales en Venezuela".
"La Constituyente no se va a ocupar de la economía", dijo Chávez en un encuentro con corresponsales extranjeros."Su objetivo es la transformación política. Puede tocar asuntos económicos, pero tengan la seguridad de que no anulará acuerdos internacionales en el área económica".
Chávez se esfuerza con sus declaraciones en dejar claro que nada deben temer los inversores, comenzando por las grandes corporaciones internacionales que se han asociado al grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para explotación de campos productores de crudo.
Aunque se trata de cifras modestas, la inversión extranjera distinta de la energética o minera, en los primeros cuatro meses de 1999, se ha duplicado en comparación con el mismo período de 1998, al pasar de 95 a 197 millones de dólares.
Un acuerdo con el Fondo puede proporcionar recursos para la gestión pública en 1999 y certezas entre los empresarios que apuesten a la reanimación de la economía, aún si mientras los venezolanos rehacen en la Constituyente su programa de futuro. (FIN/IPS/jz/eg/if la/99
