Los transportistas de Venezuela dejaron sin combustible y paralizaron el suroeste fronterizo con Colombia, exigiendo que un "puerto seco" les permita tomar la carga colombiana y que se suspenda la Decisión 399 de la Comunidad Andina (CAN) que liberalizó el sector.
El desafío a los acuerdos del grupo subregional alcanza su cenit este viernes, precisamente mientras el presidente venezolano Hugo Chávez visita Brasil y aboga con su colega Fernando Henrique Cardoso por acelerar la integración entre la CAN y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
"Nuestra propuesta es muy sencilla: que el transporte en Colombia lo hagan los colombianos y en Venezuela los venezolanos", dijo a IPS Carlos Fernández, presidente del privado Consejo del Transporte.
Yuvan Rosales, su abogado, argumentó que "los transportistas colombianos, que en los últimos cuatro años han renovado su flota y adquirido unos 4.000 camiones nuevos, disfrutan en Venezuela de buenas carreteras y mecanismos expeditos de tránsito" hacia sus destinos.
Por contraste, según el abogado, "el transporte colombiano es protegido de la libre competencia de extranjeros: nuestros camiones son víctimas de requisas en las alcabalas oficiales, cobro de peaje o secuestro por la guerrilla, o asaltos por el narcotráfico o el hampa común".
Compelido a poner un ejemplo, Rosales sin embargo apeló a "la quema y destrucción de 11 gandolas (grandes camiones) ecuatorianas en la región del río Putumayo por las FARC (las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".
"Lo que pasa es que los venezolanos nos tienen envidia", dijo a IPS por teléfono desde la frontera el camionero colombiano Pedro Rico. "Si quieren competir tienen que organizarse mejor. Yo tengo 18 años trabajando en carreteras de Colombia y nunca he visto que quemen un camión venezolano".
A su lado, su colega y compatriota Ernesto Cortés esperaba que cese el bloqueo de una vía por largas colas de camiones venezolanos para seguir viaje desde la frontera hacia el centro de Venezuela, donde recogerá una carga de papel. "Este es un problema entre empresarios", comentó.
Fernández sostiene que fueron trabajadores quienes lanzaron el conflicto. El camionero venezolano Pedro Duque justificó que "somos 2.000 padres de familia lanzados a quedarnos sin trabajo" en el estado andino de Táchira, el suroeste fronterizo con Colombia.
El conflicto consiste en demostraciones de protesta, bloqueo de vías y movilización para que no avancen los camiones colombianos. Desde el miércoles se agregó un paro general de transporte público en el Táchira y los camiones-cisterna dejaron de entregar gasolina a las estaciones de servicio.
Al escasear el combustible, los expendios lo vendieron racionado ante largas colas de vehículos y desde este viernes lo destinan sólo a vehículos de seguridad, de bomberos y ambulancias. La capital regional, San Cristóbal, semeja una ciudad fantasma, con pocos vehículos en las calles.
En el vecino estado de Zulia (noroeste petrolero) comenzaron los paros de solidaridad de varios gremios de transportistas. La principal carretera que enlaza con Colombia fue bloqueada, y es posible que el conflicto avance por el resto del país, según Fernández.
Una reunión con el ministro de Transporte, Luis Reyes, fracasó en desactivar el conflicto, pues el gobierno ofrece apenas estudiar la situación en los próximos días, y el gobernador del Táchira, Sergio Calderón, dijo que podría decretar una emergencia.
Mientras se espera el regreso de Chávez, los actores del conflicto siguen esgrimiendo sus argumentos, incluido el de que el parlamento venezolano no ha ratificado la Decisión 399 que la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) produjo en enero de 1997.
Esa Decisión trazó como objetivo liberalizar la oferta del transporte internacional por carretera bajo los principios de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional (para la empresa basada en otro país andino), transparencia, no discriminación y trato igual.
Los transportistas venezolanos demandan que esa Decisión sea suspendida y en su lugar rija un "puerto seco" en el principal cruce carretero entre los dos países. Colombia y Venezuela, con un intercambio anual de 2.500 millones de dólares, son la locomotora del comercio andino.
El "puerto seco" dinamitaría la Decisión 399, pues significaría que los camiones colombianos o venezolanos llevarían la carga en sus respectivos territorios y ésta se entregaría en la frontera a vehículos del vecino país. (FIN/IPOS/jz-eg/if-la/99
