Un defensor de los derechos humanos en Trinidad y Tobago busca la ayuda del papa Juan Pablo II para evitar la ejecución de nueve condenados a muerte a partir de este martes.
En su carta al Papa, Ishmael Samad, quien realiza una cruzada individual contra la pena de muerte, apeló al líder de la Iglesia Católica para "que haga todo lo posible y detenga una inminente tragedia en (Trinidad y Tobago), la ejecución en masa de nueve condenados".
Funcionarios judiciales y de la prisión confirmaron que las sentencias de muerte les fueron leídas el jueves a Dole Chadee y los ocho miembros de su banda, menos de 72 horas después de que el Consejo Privado del Reino, el máximo tribunal de este país caribeño con sede en Londres, rechazara su última apelación.
Los inculpados fueron condenados a la horca en 1996 por el asesinato de cuatro miembros de la familia Baboolal en la aldea rural de Williamsville, en el area centro-meridional de Trinidad. Perdieron todas sus apelaciones y organismos humanitarios internacionales rechazaron sus peticiones.
La última ejecución en este país tuvo lugar en 1994, cuando Glenn Ashby, de 31 años, fue colgado minutos antes de que el Consejo Privado del Reino ordenara la suspensión de la ejecución.
Esa acción provocó la inmediata condena al gobierno por parte de Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y del colegio de abogados de este país.
Amnistía acusó al gobierno de violar su propia legislación nacional y las normas internacionales, en un momento en que la tendencia mundial es favorable a la abolición de la pena de muerte.
La Asociación Legal de Trinidad y Tobago denunció que Ashby fue ahorcado en contra del debido proceso jurídico porque el gobierno cedió a la presión de la histeria popular.
Las ejecuciones tienen lugar generalmente cuatro días después de la lectura de las sentencias y traban cualquier decisión de último momento por parte de los abogados defensores. Los nueve condenados serán colgados en grupos de tres a partir de este martes.
Chadee, Joey Ramiah y Ramkelawan Singh serían ejecutados el martes, seguidos el miércoles por Clive Thomas, Robin Gopaul y Russel Sankeralli. Finalmente, Joel Ramsingh, Stephen Eversley y Shagwandeen Singh irían a la horca el jueves.
El subcomisario del sistema carcelario, Leo Abraham, leyó las sentencias menos de un día después de que la Comisión de Gracia de este país concluyera sus deliberaciones sobre el caso de los condenados.
La Comisión tiene la facultad de recomendar al presidente la fecha de ejecución, la conmutación de la sentencia por cadena perpetua o la excarcelación del preso en cuestión.
Esta es la segunda vez que las sentencias de muerte les fueron leídas a los nueve condenados. La primera fue en noviembre, cuando fueron beneficiados con una suspensión de las ejecuciones que se extendió en varias ocasiones.
Informes de prensa dieron cuenta el viernes que sólo uno de los condenados, Ramiah, no quiso participar en la lectura de las sentencias de muerte aduciendo que ya las había escuchado.
Los condenados aún tienen pendiente un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está el recurso constitucional planteado por uno de los abogados de Chadee, Robert Clarke, en favor de otro homicida convicto, Anthony Briggs.
El recurso se opone a la ejecución en la horca porque considera al método cruel e insólito, y exige su abolición.
El recurso en favor de Briggs es de alcance colectivo y puede ser aplicable a todos los convictos en el pabellón de la muerte.
Sin embargo, abogados explicaron que la Corte Suprema no concedió la suspensión de la pena para que se analice el recurso.
En su carta al papa Juan Pablo II, Samad dijo que la inminente aplicación de la pena de muerte estuvo precedida por una movilización política y pública a favor de la misma, y que el gobierno dejó de acatar la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, asi como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Samad reconoció en su carta que, si bien el crimen perpetrado por los nueve fue "particularmente atroz" e indignó "la conciencia de la nación", es improbable que la violencia "pueda ser frenada con los colgamientos". (FIN/IPS/tra-en/pr/cb/ego/aq/hd/99)
