El previsto avance de las privatizaciones en Tailandia amenaza con desestabilizar el gobierno, pues reavivó sentimientos nacionalistas y agudizó el enfrentamiento entre el primer ministro Chuan Leekpai y los funcionarios de las empresas públicas.
En Tailandia, país donde se desencadenó en junio de 1997 la crisis económica asiática y que se encuentra desde entonces bajo estrecha supervisión de los organismos multilaterales de crédito, existen 65 empresas estatales involucradas en actividades que van desde la aviación hasta la venta de billetes de lotería.
El plan de privatizaciones provoca malestar en sectores nacionalistas de la población contrarios a ceder a extranjeros intereses a los que consideran vitales para el país como consecuencia de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Más de 3.000 trabajadores de empresas estatales participaron en abril en protestas y exigieron un debate público y un plebiscito previo a la venta de las firmas oficiales, en especial aquellas que brindan servicios básicos como electricidad y agua potable.
Esto ocurre en un país donde un golpe militar determinó en 1991 la abolición de los poderosos sindicatos de empresas estatales. A pesar de la restauración democrática, los trabajadores todavía se ven privados del derecho a la libre agremiación.
Los trabajadores demandan que el gobierno conserve, en caso que se concreten las privatizaciones, al menos 70 por ciento de las utilidades de la venta y que las destine a mejorar la eficiencia de las empresas.
El gobierno de Chuan propuso, para una primera fase de privatizaciones, vender 67 por ciento de una nueva central eléctrica en Ratchaburi, a 120 kilómetros de Bangkok, perteneciente a la estatal Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia.
Los beneficios serán destinados a la amortización de deudas del Fondo de Desarrollo de Instituciones Financieras, que en 1997 y 1998 dio más de 25.000 millones de dólares a firmas financieras en un fallido intento de salvar a empresas dañadas por la crisis asiática, que se desencadenó en este país.
Las ventas programadas para 1999 incluyen al menos 23 por ciento de Thai Airways (la línea aerea nacional), parte de la petrolera Bangchak Petroleum Plc y la planta de electricidad de Ratchaburi, además del nacionalizado banco Siam City Bank y los Bangkok Metropolitan Bank y el Radanasin Bank.
Otras empresas señaladas para su apertura a la participación privada son la Autoridad Aeroporturia y las firmas metropolitanas y provinciales de agua y la Autoridad de Aguas Servidas (saneamiento).
"La decisión de vender la central eléctrica de Ratchaburi a intereses extranjeros se tomó sin el mandato de una audiencia pública, como lo dispone la nueva Constitución tailandesa", señaló Somsak Kosaisuk, líder de los funcionarios de empresas estatales.
El ministro de Comunicaciones, Suthep Thaugsuban, que representó al gobierno en conversaciones con los sindicalistas, replicó que el Poder Ejecutivo cuenta todavía con un mandato popular que le permite mantener su política de privatizaciones sin necesidad de convocar un referéndum.
Funcionarios oficiales insistieron que una consulta pública solo demorará aun más el ya dilatado proceso de privatización, en momentos en que Tailandia necesita el dinero de los inversores para enderezar la economía.
"Es importante que consigamos el dinero a tiempo. Si llega demasiado tarde, será inutil", expresó Suthep.
El gobierno realiza una campaña para lograr apoyo popular para la venta de la central de Ratchaburi, con el argumento de que las tarifas de electricidad deberán aumentar en todo el país a menos que las empresas estatales logren beneficios mediante la venta de parte de sus activos.
La privatización de empresas estatales, creadas como parte de una política de autosuficiencia en los años 40 y 50, no es un asunto nuevo en Tailandia.
Considerada por los gobiernos de las últimas dos décadas como una importante cuestión política, su implementación ha sido lenta debido a la resistencia de funcionarios y de burócratas partidarios de que el estado juegue un papel en rubros clave de la economía.
Una ley para convertir las empresas estatales en sociedades anónimas, redactada a mediados de los años 80, fue aprobada sólo en septiembre.
Los partidarios de las privatizaciones dicen que las empresas estatales han sido durante mucho tiempo una alcancía de los políticos, que abusaron de su poder para obtener beneficios, en especial de firmas con amplios proyectos de inversión y ganancias considerables.
Pero quienes se oponen al proceso en curso no creen que el gobierno pueda evitar que las empresas se aprovechen de los consumidores una vez que queden en manos de particulares.
El sector privado tailandés está dominado por vastos e influyentes monopolios que son tan ineficientes como el sector público y también cobran excesivos montos a sus consumidores, afirman.
Las tarifas de telefonía celular y televisión por cable son en Tailandia más elevadas que en el resto del sudeste asiático debido a la existencia de monopolios en esos sectores.
Las empresas estatales, en particular las de servicios básicos, deberían mantener precios reducidos para ayudar a los sectores más pobres de la población, agregan.
"¿Quien puede garantizar que una red ferroviaria privatizada funcione con precios al alcance de trabajadores inmigrantes y otros grupos de bajos ingresos?", inquirió Lae Dilokavidyarat, profesor de Economía Político en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.
Algunos economistas apuntaron que las privatizaciones reciben el impulso de instituciones como el FMI por razones puramente ideológicas que no tienen en absoluto relación con el desempeño económico.
"Es paradójico que las privatizaciones se produzcan en medio de un cataclismo provocado por actividades irresponsables de empresas privadas desde Seúl a Bangkok", declaró el economista Walden Bello, codirector del no gubernamental Foco sobre el Sur Global, con sede en Bangkok.
Muchas firmas privadas prosperan en medio de la crisis asiática, mientras algunas estatales emergen como modelo de buena administración, entre ellas la siderurgia coreana Posco, las ferroviarias Mass Transit de Hong Kong y Mass Rapid Transit de Singapur, Petronas de Malasia e Indosat de Indonesia, dijo Bello.
En el caso tailandés, Chuan, comprometido en el cumplimiento de las condiciones del FMI para su paquete de asistencia económica, apuesta a su futuro político con su plan de privatización.
La determinación del gobierno llevó a los sindicalistas a reclamar la disolución del parlamento.
"Una manera de forzar cambios en el plan es forzar un cambio de gobierno", dijo una fuente de la Confederación de Relaciones de Empresas Estatales, entidad que representa a los funcionarios públicos en ausencia de un sindicato.
Las privatizaciones no son un asunto que galvanice por sí solo la oposición al gobierno, pero si se lo combina con otros reclamos podría convertirse en una amenaza para la continuidad de Chuan al frente del Poder Ejecutivo.
En las próximas semanas, los trabajadores estatales tienen planeado llevar adelante protestas como la ocupación o cierre de instalaciones estatales clave. (FIN/IPS/tra-en/bs/js/ego/if lb/99
