La crisis económica y política en Suriname, que ya ha durado varios meses, amenaza con provocar la caída del gobierno del presidente Jules Wijdenbosch.
La economía está al borde del colapso debido a la devaluación del florín local y las huelgas en diversos sectores, mientras los enfrentamientos dentro de la coalición que gobiena el país desde mayo de 1996 ha causado la parálisis del parlamento.
A fines del año pasado, un dólar valía 700 florines de Suriname, pero la semana pasada se llegó a un cambio de 2.000 florines por cada dólar.
El Banco Central admitió que había emitido billetes sin respaldo, para pagar un aumento salarial a los empleados públicos que había sido acordado previamente con los sindicatos que los representan.
Las autoridades dijeron que la depreciación de la moneda se había acentuado porque la población se volcó a la compra en gran escala de dólares y florines holandeses, para evitar que sus ahorros perdieran valor.
Mientras tanto, la huelga de maestros y profesores que protestan por el aumento del costo de vida y exigen la renuncia del gobierno obliga a más de 100.000 estudiantes a permanecer en sus hogares.
La oficina de estadísticas informó que los precios de los productos básicos aumentaron 68 por ciento entre abril del año pasado y el mismo mes de este año.
Wijdenbosch ha recibido numerosas críticas, incluso desde su propio Partido Nacional Democrático, por haber viajado a Ghana, para participar en una conferencia internacional, pese a que se le pidió que permaneciera en el país para solucionar problemas acuciantes.
Hay quienes manifestaron indignación por el hecho de que el presidente haya sido acompañado por una delegación de 13 personas, en momentos en que el gobierno insiste tanto sobre el problema de la escasez de divisas.
El parlamento iba a discutir una moción de censura al gobierno de Wijdenbosch el martes, pero la presidenta de la Asamblea Nacional, Indra Djwalapersad, se vio obligada a cancelar la sesión cuando un grupo de manifestantes irrumpió en la sede del parlamento para exigir la renuncia del presidente.
Ese mismo día, otro grupo había intentado, sin éxito, interrumpir la ceremonia en la cual cinco nuevos miembros de la Corte Suprema tomaron de posesión de sus cargos.
Hay quienes opinan que Wijdenbosch comenzó a debilitarse el mes pasado, cuando destituyó a Desiré Delano Bouterse, un ex dictador y líder del Partido Nacional Democrático que se desempeñaba como asesor del gobierno.
Bouterse, un militar que gobernó Suriname entre 1981 y 1987 y que organizó dos golpes de Estado en un período de 10 años, fue expulsado del gobierno luego de haberlo criticado públicamente, acusando a ciertos ministros, algunos de su propio partido, de corrupción o incompetencia.
Las mismas acusaciones habían sido planteadas anteriormente por medios de comunicación, sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil.
La coalición que lidera el Partido Nacional Democrático tiene una estrecha mayoría en el parlamento, y algunos de los partidos que la integran están discutiendo la posibilidad de abandonarla.
El gobierno apeló a la restricción temporaria de ciertos importaciones, para aliviar la escasez de divisas y la presión sobre el florín, pero el dirigente sindical Ronald Hooghart señaló que esa medida no había sido eficaz en el pasado y que es probable que tampoco lo sea ahora.
"El control sobre las importaciones no significa un incremento automático de la reserva de divisas", indicó Hooghart.
Algunos observadores afirmaron que ciertas amas de casa ya han comprado reservas de productos de lujo para dos años, pagándolas en moneda extranjera.
"Esperamos que la restricción de las importaciones sirva para estabilizar la situación", declaró Charlo Doedel, primer secretario de la misión de Suriname en Guyana.
"Parte del problema es que la oposición se esfuerza por hacer caer al gobierno desde hace dos años", agregó.
"Tanto los partidarios del gobierno como sus opositores están de acuerdo en algo. Las cosas no pueden seguir así", se afirmó en un editorial de De Ware Tijd, uno de los principales diarios del país.
"Los partidos políticos de oposición, la mayoría de los sindicatos, la comunidad empresarial y varios otros grupos sociales se han unido para obligar al gobierno a renunciar", añadió. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/ceb/mp/ip/99
