La nueva ley contra la violación sexual en Perú, aplaudida por las feministas porque establece la persecución de oficio, es objetada por abogadas que estiman que la intromisión del Estado como acusador violenta el derecho de las víctimas a mantener reserva sobre un tema del que no quisieran hablar.
El deber de las autoridades judiciales de actuar de oficio en los casos de violación denunciados por terceros se contrapone al interés de algunas de las víctimas de no reclamar sanción para evitar la difusión de su drama personal.
El asunto se ha convertido en un tema de debate entre las abogadas feministas y algunas juristas asesoras parlamentarias.
Quienes objetan la ley, promulgada a mediados de este mes, demandan una rectificación con el propósito de incluir el derecho de las víctimas a interrumpir una investigación judicial que las obliga a dar detalles del traumático incidente que vivieron.
"La investigación fiscal y judicial obliga a las víctimas a dar testimonio de incidentes que a veces prefieren olvidar, provocando una especie de revictimización", afirma la abogada Rosario Blanco, una asesora parlamentaria que propone un cambio de la norma.
"Las mujeres u hombres violados tienen derecho a decidir si denuncian o no. Algunos temen que los hechos (…) puedan ser conocidos públicamente. Según la nueva ley, el juez puede obligar a las víctimas de violación a declarar" y, si se niegan, acusarlos de obstrucción a la justicia, añade.
La parlamentaria Beatriz Merino y la dirigente feminista Gina Yañez afirman que la nueva ley permitirá reducir la extendida impunidad existente en Perú para el delito de violación.
La persecución de oficio establecida por la nueva ley es positiva porque impide que la presión familiar silencie a veces la comisión del delito, aseguran.
Merino, quien considera que se trata de la Ley más importante de los últimos 10 años, destaca que "ahora la víctima tiene el amparo total del Ministerio Público pues antes el único que tenía defensor de oficio era el violador, en tanto que la víctima tenía que buscar y pagar su propio abogado".
Señala asimismo que, según la nueva ley, todos los costos de la denuncia de la víctima pueden ser asumidos por el Estado.
En cuanto a la protección de la reserva e intimidad en las investigaciones y juicios sobre violación, la parlamentaria aclara que la identidad de la víctima queda protegida por la obligación de reserva de los funcionarios que llevan la causa.
Yañez comenta que la instalación de Comisarías especiales, a cargo de mujeres, para recibir las denuncias, y de salas judiciales "ad hoc", impedirán la sensación vejatoria que provocaban los interrogatorios policiales.
"En algunos casos se preguntaba a las víctimas si habían tenido orgasmos durante la violación o se trataba de establecer si la mujer amenazada con un cuchillo se había bajado el calzón con sus propias manos", comenta la abogada Erlinda Lema.
El penalista José Ugaz, especialista en derechos humanos, expresa que el respeto a la reserva de la identidad de la víctima puede obtenerse mediante una reglamentación de la ley sobre los procedimientos procesales.
"Si se garantiza condiciones adecuadas y reserva de la identidad, la norma será beneficiosa porque deja a los violadores sin la posibilidad de cortar los juicios en su contra mediante la intimidación", dice Ugaz.
Se estima que 16 mujeres son violadas cada día en Lima, ciudad de siete millones de habitantes, lo que da unos 6.000 casos al año, pero por vergüenza o temor a los interrogatorios policiales, menos de la mitad de los casos son denunciados.
"Sólo una de cada ocho denuncias por violación culmina en sentencia, pues en la mayoría de los casos la víctima se cansa de seguir un doloroso camino o no puede seguir pagando abogados", dice Mayda Ramos, del Programa de Derechos Humanos de la organización no gubernamental feminista Manuela Ramos.
La violación sexual es uno de los problemas más graves en la sociedad peruana, no sólo por su extensión sino también porque gran parte de las víctimas son menores de edad y suele ser un delito perpetrado en el ámbito familiar, cometido por familiares o allegados.
Hasta la promulgación de la nueva ley, las autoridades sólo podían intervenir de oficio en casos de violaciones a menores de 14 años.
Esto generaba una virtual impunidad, pues los violadores recurrían a intimidación o a promesas de resarcimiento económico o matrimonio para que la denuncia fuera retirada.
Si las víctimas se negaban a levantar la acusación, tenían que someterse a los costos y molestias de un largo proceso, sometido a la habilidad de abogados expertos en maniobras dilatorias.
"La mayoría de los casos de violación tienen como víctimas a mujeres pobres, y en muchos casos, a pesar de que los violadores eran identificados o inclusive admitían haber cometido el delito, el violador se libraba de la sanción dilatando el proceso", comenta la abogada Isabel Nieves.
En los casos en que las víctimas y los victimarios eran parientes, los familiares presionaban para suspender la denuncia e impedir una sanción que a su juicio perjudicaría a todos.
Pero la psiquiatra Amanda Castillo, de la Asociación Peruana de Salud Mental para la Mujer, considera que la recuperación emocional de las personas violadas es incompleta o más difícil de lograr sin una sanción adecuada y oportuna a los agresores. (FIN/IPS/al/ag/hd/99
