El programa de Paternidad Responsable de Perú, elogiado por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos, es acusado de esterilizaciones forzadas y propiciar la despoblación del país.
La población de Perú, de 25 millones de habitantes, aumenta actualmente en 30.000 personas por mes, según el Instituto Nacional de Planificación y Estadística (INEI).
En la década del 70, el crecimiento demográfico era superior a tres por ciento, recordó el jefe del INEI, Félix Murillo, tasa que se redujo a dos por ciento en 1993 y que ahora se calcula en 1,7 por ciento.
Pero los programas de reducción de la natalidad, puestos en práctica en Perú durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980- 85) y Alán García (1985-90) y con mayor énfasis en el actual de Alberto Fujimori, son criticados por algunos sectores tanto en sus fines como en sus procedimientos.
La jerarquía de la Iglesia Catolica expresó el día 6 su preocupación por las metas del gobierno en planificación familiar y reiteró sus críticas al llamado Programa de Salud Reproductiva así como a los cursos de educación sexual incluidos en los programas escolares para difundir métodos anticonceptivos.
"El programa llamado de Paternidad Responsable es, en la práctica, una política de eliminación de la maternidad que conducirá a nuestro país en el año 2020 a una tasa de cero nacimientos", comentó Luis Solari, dirigente del Colegio Médico de Perú.
Solari, miembro del Comité de Doctrina del Colegio Médico, integra, junto con otras destacadas personalidades políticas y profesionales vinculadas a la Iglesia Católica, de un movimiento opositor al programa gubernamental de Paternidad Responsable.
Solari "no puede decir nacimientos cero, porque siempre habrán nacimientos (…) Lo que puede haber es crecimiento cero, cuando el número de nacidos y fallecidos sea igual", puntualizó Fujimori.
El presidente peruano descartó que se estuvieran realizando durante su gobierno esterilizaciones forzadas, "pues las ligaduras de trompas son sólo una de las opciones anticonceptivas entre las cuales pueden elegir libremente las mujeres que acuden a los Centros de Salud".
"Los programas de salud reproductiva defienden la salud del binomio madre-niño, pues reducen los índices de mortalidad materna e infantil y difunden a las madres de familia información sobre diversas opciones anticonceptivas, que incluyen la ligadura de trompas", añadió.
El Colegio Médico de Perú decidió enviar comisiones a que inspeccionen en los hospitales del interior del país la forma en que se llevan a cabo los programas de salud reproductiva y si las intervenciones de anticoncepción quirúrgica se realizan adecuadamente y cumpliendo las normas de aceptación voluntaria.
Las denuncias de Solari, a las que se sumaron el periodista Arturo Salazar y el congresista Rafael Rey, así como la réplica de Fujimori, reabren el debate sobre el programa de Paternidad Responsable y sus métodos que se produjo en 1997.
En esta oportunidad, según algunas organizaciones humanitarias, el tema podría derivar en una denuncia contra el gobierno peruano ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las organizaciones feministas respaldan parcialmente a Fujimori en este tema. Apoyan los programas destinados a ayudar a las mujeres a controlar la frecuencia de sus embarazos, pero objetan la promoción de esterilizaciones impulsada por el Ministerio de Salud.
Al iniciar su segundo período presidencial en 1995, Fujimori reformó la Ley Nacional de Población, que desde entonces incluye la promoción de esterilizaciones de mujeres, denominada "Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias", mediante ligaduras de trompas, que posteriormente incluyó la vasectomía masculina.
El Ministerio de Salud realizó 240.000 anticoncepciones quirúrgicas voluntarias a mujeres de zonas rurales y de las áreas urbanas marginales entre 1995 y 1998, según fuentes oficiales.
Organismos humanitarios han acogido las denuncias de dirigentes feministas que sostienen que las esterilizaciones masivas fueron en muchos casos forzadas o realizadas mediante procedimientos de coacción y desinformación sobre las mujeres a las que se les ligaron las trompas.
El parlamentario Rafael Rey atacó el programa desde otro ángulo, al sostener que la reducción de la natalidad es indeseable económicamente, pues genera pobreza "porque el producto interno bruto de un país cae cuando disminuye la población".
Rey aseguró que las provincias rurales sufren un acelerado proceso de despoblamiento, debido a la migración hacia las ciudades y las políticas de restricción de la natalidad.
El parlamentario presentó un proyecto de ley que propone declarar en estado de emergencia demográfica las zonas rurales despobladas, donde debe suspenderse la campaña de difusión de técnicas anticonceptivas, que recibió el respaldo del presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Luis Bambaren. (FIN/IPS/al/ag/pr/99
