El gobierno de Perú anunció hoy medidas para aliviar la situación de las pequeñas, medianas y microempresas, cuyos dueños comienzan a manifestar críticas al presidente Alberto Fujimori, descontentos con la marcha de la economía.
El Ministerio de Economía anunció este lunes que en los próximos días planteará modificaciones a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para sancionar a responsables de firmas públicas que no den preferencia en sus compras a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Estas medidas son consideradas una reacción del gobierno de Fujimori a la participación de empresarios en la huelga nacional del miércoles pasado, convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y los partidos opositores.
Francisco Martinotti, director ejecutivo del Programa de Promoción Empresarial del Ministerio de Economía, precisó que este año las adquisiciones de las empresas estatales representarán unos 600 millones de dólares.
El funcionario también anunció nuevas líneas de crédito a favor de las pymes, así como facilidades para que participen en las licitaciones, como la excepción de garantías financieras equivalentes al monto de la licitación.
La legislación peruana considera microempresas a las que tienen hasta 12 trabajadores, pequeñas las que cuentan con entre 12 y 80 empleados y medianas las que emplean entre 80 y 250.
En Perú, donde la economía informal es predominante, las pymes generan 40 por ciento del producto interno bruto y ocupan a 75 por ciento de la población económicamente activa.
Martinotti informó que la nueva norma establecerá que "no menos de 10 por ciento de las compras estatales" deberán ser producidas dentro del país.
La huelga general del miércoles no paralizó de modo evidente la actividad económica de este país, a pesar de que las encuestas revelaban un mayoritario respaldo de la población a sus objetivos, pero tuvo efectos políticos.
Tal vez uno de sus impactos más significativos fue la decisión de un importante sector del empresariado industrial, que siempre apoyó a Fujimori, de respaldar una huelga convocada por la CGTP, su tradicional adversario de clase bajo control del Partido Comunista Peruano.
La protesta fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y calificada de "movimiento comunista" por el primer ministro Victor Joy Way. Pero Fujimori dijo el fin de semana que "hacer huelgas es un derecho" y que ningún trabajador estatal o privado podría ser despedido por acatar la convocada por la CGTP.
"Nos preocupó que el gobierno tratara de descalificar el paro diciendo que era comunista, pero no porque nos consideren simpatizantes de esa doctrina, sino porque revela carencia de argumentos", dijo David Waisman, presidente del Comité de la Pequeña y Mediana Industria.
El comité que preside Waisman agrupa a unas 500 empresas de Lima e integra la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entidad que representa a los empresarios manufactureros peruanos.
Los directivos de la SNI se dividieron respecto de la huelga. Algunos expresaron su respaldo y otros su oposición a un procedimiento que consideran inapropiado para las empresas.
Al cabo de la huelga, el presidente de la SNI, Emilio Navarro, sostuvo que la huelga afectó a solo el cinco por ciento de las actividades industriales.
"Tal vez eso ocurrió en las empresas grandes, pero en las medianas y pequeñas la inasistencia fue de 30 por ciento, por lo menos. Creo que 80 por ciento de los empresarios apoyaron el paro dentro de sus corazones, aunque no se hayan manifestado públicamente", comentó Waisman.
"La recesión está paralizando más empresas que el paro. En estos nueve años de Fujimori han quebrado mas de 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Que mas paralización quieren?", preguntó.
Waisman afirmó que 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas trabajan con menos de 40 por ciento de su capacidad instalada, y en algunos sectores, como en el calzado, menos de 15 por ciento.
"El problema no es de insuficiencia de créditos sino de falta de mercado, en una magnitud tal que la promesa de aumentar las compras estatales solo aliviará a un reducido sector, pero no resolverá el problema", añadió.
Solo 5.000 de los 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas estarán en condiciones de aprovechar la decisión de priorizar las compras estatales en ese sector.
"El BID trasladó el año pasado 300 millones de dólares para pequeñas y microempresas, y que COFIDE (ente estatal financiero) ofreció 1.000 millones más. Pero los bancos privados, a través de los cuales hay que hacer las operaciones, no quieren prestarnos porque dudan de nuestra estabilidad", dijo.
"Los préstamos basados en las líneas de crédito del BID y de COFIDE tienen que ser a siete años, con dos años de gracia, y los bancos no nos quieren prestar porque nos dicen: tal como está la situación no llegas ni al final del año", sostuvo Waisman.
"Ni los créditos ni las compras estatales son suficientes. Hay que poner fin a la recesión para recuperar el mercado interno", añade.
"Los empresarios industriales demandamos el cambio de modelo económico, porque no ha funcionado. El gobierno exporta una imagen de macroeconomía en azul, pero oculta que la microeconomía está en rojo", concluyó. (FIN/IPS/al/mj/ip if/99
