La revisión de la Constitución de Panamá propuesta por la presidenta electa Mireya Moscoso entraña "una alteración peligrosa del orden jurídico", advirtió el mandatario saliente Ernesto Pérez Balladares.
La polémica propuesta de Moscoso y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia que impulsa Pérez Balladares generaron una dura controversia que pone en entredicho la tranquilidad del traspaso del gobierno, previsto para el 1 de septiembre.
Pérez Balladares, que hasta ahora había guardado un discreto silencio al respecto, afirmó que la iniciativa de Moscoso "está sembrando zozobra y promoviendo una abierta violación a la Constitución".
Moscoso, elegida el 2 de este mes, propuso la convocatoria de una asamblea constituyente con el fin de reformar integralmente la carta política, pero esa alternativa no está contemplada en la actual Constitución.
La presidenta electa no aclaró qué puntos de la Constitución pretende enmendar, pero en su campaña electoral propuso descentralizar el Estado y darle más poder económico a los gobiernos municipales, así como independencia presupuestal al Poder Judicial.
También manifestó su aspiración a que se cambie la forma de elección del parlamento y el retiro de ciertos privilegios a los legisladores, como el de disponer de partidas de dinero público para obras en las jurisdicciones donde fueron electos.
Moscoso plantea convocar una asamblea constituyente con amplios poderes para elaborar una carta que sustituya a la de 1972, la cual, dijo, "está llena de parches".
La Constitución de 1972, redactada por una asamblea constituyente convocada por el gobierno militar del general Omar Torrijos, fue reformada parcialmente en 1978 y en 1983.
La Constitución vigente establece que los únicos mecanismos para su reforma son por la votación de dos períodos legislativos diferentes y consecutivos, o por una sola votación del parlamento con posterior ratificación en un referendo.
Sin embargo, connotados juristas como los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia César Quintero y Aura Emérita Guerra aducen que se puede convocar a una constituyente a través de un consenso entre los partidos y la sociedad civil y una posterior consulta popular.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, también apoyó la idea de Moscoso.
Edwin Cabrera, dirigente del opositor Partido Demócrata Cristiano, dijo que la proyectada constituyente procura modificar la correlación de fuerzas desfavorable que tendrá Moscoso en el parlamento a instalarse el 1 de septiembre.
Pese a que ganó la presidencia con 45 por ciento de los votos emitidos, la alianza Unión Por Panamá que lidera Moscoso solo obtuvo 24 escaños en el parlamento unicameral de 71.
Mientras, la alianza Nueva Nación, del candidato perdedor Martín Torrijos, podría alcanzar 41 bancas en el parlamento cuando se resuelva una serie de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral.
Otros seis legisladores fueron electos por la coalición Acción Opositora, que planea cuestionar la gestión de Moscoso.
Cabrera adujo que comparte con Moscoso la necesidad de reformar algunos artículos de la Constitución, pero "las condiciones de Panamá no están planteadas para hacer una constituyente, ya que en el país no existe una revolución o situación que vaya a alterar el órden establecido".
Criticó en duros términos al ex magistrado Quintero, quien a su juicio "dañó el tema al proponer una constituyente total" para hacer una revisión absoluta de la actual carta política.
Los partidarios de Moscoso critican a su vez a Pérez Balladares por la proyectada creación de la Sala Quinta de Garantía y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual aumentaría el número de jueces del órgano de nueve a 12.
La iniciativa, aprobada el miércoles por el parlamento en primer debate, permitiria a Pérez Balladares nombrar a los tres magistrados por un período de 10 años.
El ex presidente Guillermo Endara, del Partido Arnulfista al que también pertenece Moscoso, acusó a Pérez Balladares de planear la ampliación del número de magistrados "para quedarse con el dominio de la Corte (Suprema de Justicia) cuando ya no sea presidente".
Endara afirmó que "todos conocen el apetito de poder que tiene Pérez Balladares".
El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Fabián Echevers también se opuso a la iniciativa por estimar que "sólo busca mantener más allá de su período presidencial los poderes hegemónicos de que goza Pérez Balladares".
El jurista indicó que el retraso en los juicios, principal argumento de Pérez Balladares para promover la creación de la nueva sala de la Corte Suprema, no es atribuible al número de salas y magistrados sino a la falta de presupuesto que padece este poder del Estado.
Pérez Balladares recordó el miércoles que que Endara cambió a ocho de los nueve magistrados de la Corte inmediatamente después de asumir la presidencia en 1989, y anunció que hará uso de la potestad de nombrar a los tres nuevos jueces si el parlamento aprueba la ley que crea la Sala Quinta antes del 1 de septiembre. (FIN/IPS/sh/mj/ip/99
