PANAMA: Dura polémica por plan de convocar asamblea constituyente

La convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la carta política de Panamá anunciada el fin de semana por la presidenta electa, Mireya Moscoso, generó la primera confrontación política desde las elecciones del día 2.

Moscoso, presidenta del Partido Arnulfista y líder de la alianza Unión por Panamá, conformada por otros tres partidos y hoy en la oposición, fundamentó la necesidad de reformar la constitución en que la actual "está llena de parches".

La carta, elaborada en 1972 por el gobierno militar del fallecido general Omar Torrijos, fue reformada sustancialmente en 1984 tras un acuerdo entre todos los partidos políticos y luego enmendada en dos ocasiones a finales de 1994.

Sin embargo, la presidenta electa estima que la constitución debe ser "cambiada totalmente" sobre la base de una propuesta presentada por una junta de notables debatida luego por una asamblea constituyente, la cual no está contempleada en el actual ordenamiento jurídico.

La constitución vigente establece que los únicos mecanismos para su reforma es por votación parlamentaria de dos períodos legislativos diferentes, o por una sola votación del parlamento y una posterior ratificación en un referendo popular.

Pero Moscoso opinó que la asamblea constituyente podría ser otro mecanismo idóneo para reformar la carta política mediante un acuerdo entre todos los partidos políticos, lo cual fue rechazada por portavoces del actual gobierno.

La diputada Balbina Herrera, del hoy gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó que la propuesta de Moscoso está orientada "a menoscabar" la mayoría parlamentaria que logró su grupo político para el período 1999-2004 en las pasadas elecciones.

Pese a que el candidato a la Presidencia del PRD, Martín Torrijos, llegó en segundo lugar en los comicios, ese partido consiguió la elección de al menos 34 legisladores en el parlamento unicameral de 71 integrantes.

Junto con sus pares de la alianza Nueva Nación, integrada por el Partido Liberal Nacional, el Movimiento Papa Egoró y el Partido Solidaridad, los seguidores de Torrijos controlarán 41 bancas en la próxima asamblea legislativa.

Herrera desafió a Moscoso a separarse del cargo y a que nombre un gobierno provisional cuando convoque a la asamblea constituyente "para que quede en igualdad de condiciones con nosotros y muestre que sus intensiones son buenas".

El canciller Jorge Ritter adujo, por su parte, que la convocatoria a una constituyente en la forma planteada por Moscoso "sería, ni más ni menos, el desconocimiento del régimen jurídico y del estado de derecho que existe en Panamá".

Tras advertir que el actual ordenamiento legal admite sólo dos formas de enmienda a la carta, el funcionario señaló que "inventar un tercer sistema al margen de la constitución (actual) seria una violación de la propia carta magna" del país.

"El país no vive ninguna crisis ni política ni económica que pudiera justificar una constituyente", acotó Ritter.

Mientras, el vicepresidente electo, Arturo Vallarino, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), integrante de Unión por Panamá, consideró "muy difícil" que Moscoso logre un acuerdo entre todos los partidos para convocar a la proyectada constituyente.

"Este es un tema que provoca mucha discusión y no creo que sea el mejor momento para abordarlo", subrayó Vallarino, que ocupa un escaño en el actual parlamento.

Al igual que Ritter, Vallarino, de profesión abogado, dijo que la convocatoria a una asamblea constituyente "no está aceptada en el sistema jurídico panameño como un mecanismo para reformar la carta magna".

Sin embargo, el también dirigente del Molirena Mario Galindo, asesor político de Moscoso, le restó importancia a las posibilidades jurídicas y adujo que la convocatoria a la proyectada constituyente debe proceder de "un consenso nacional" entre los partidos y la sociedad civil.

El secretario de organización del PRD, Ricardo de Gracia, dijo que su partido "utilizará todos los recursos a su alcance, incluso la lucha armada, para defender el actual proceso democrático y el ordenamiento constitucional si éste fuera amenazado". (FIN/IPS/sh/mj/ip/99

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