Partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos y sindicatos de Pakistán se alzaron contra un decreto gubernamental que básicamente prohíbe todo disentimiento político en ámbitos públicos.
Se trata de la Ordenanza Antiterrorismo emitida por el presidente Rafiq Tarar, que establece una pena de prisión de hasta siete años por actos como pegar afiches o hacer grafitos.
Huelgas y ocupaciones fueron algunas de las respuestas a la ordenanza, descripta por sus críticos como "draconiana y destinada a reprimir el disentimiento político".
"Además de presentar un obvio riesgo para formas aceptadas de protesta política que integran las tradiciones del sudeste asiático, el excesivo alcance de esta ordenanza perjudicará la causa de la aplicación de las leyes", señaló un editorial del periódico Dawn.
Críticos independientes concuerdan en que el decreto amplió la definición de terrorismo para incluir casi todas las actividades políticas al aire libre que cualquier partido de oposición usaría para expresar desaprobación hacia el gobierno.
El abogado Iftijar Gillani, dirigente del opositor Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), afirmó que el decreto fue realizado con mala intención.
"Su propósito es claramente prescindir de los tribunales que operan bajo supervisión de la Corte Suprema", sostuvo, y añadió que la ordenanza está dirigida a la ex primera ministra Benazir Bhutto, líder del PPP y principal rival del primer ministro Nawaz Sharif.
Bhutto y su esposo, el senador Asif Ali Zardari, fueron condenados a cinco años de prisión por cargos de corrupción, tras un controvertido juicio marcado por un enfrentamiento personal con Sharif.
"El gobierno sabe bien que habrá manifestaciones de protesta de los partidarios del PPP por la condena de Bhutto y su esposo", agregó Gillani.
Observadores políticos vincularon el decreto con la anticipación del gobierno a la unión de los partidos opositores en protestas callejeras contra la condena de Bhutto.
"El gobierno sabe que está aumentando la temperatura política", observó un analista.
"La inclusión de los grafitos, la distribución de panfletos y los discursos contra el gobierno en la definición de terrorismo es escandalosa, por decir lo mínimo", comentó el senador del PPP Iqbal Haider, antiguo ministro de Ley.
"La ordenanza será utilizada para eliminar rivales políticos", advirtió Farooq Sattar, del Movimiento Muttahida Qaumi.
Un portavoz del también opositor Tehrik-e-Insaf declaró que el gobierno se propuso "silenciar y someter al pueblo".
"No estamos dispuestos a aceptar leyes que estén en conflicto con los derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía", añadió.
"¿Cómo se puede reprimir el disentimiento o imponer al pueblo leyes basadas en caprichos personales?", preguntó un portavoz del Partido Millat, del ex presidente Farooq Leghari.
Organizaciones no gubernamentales también condenaron el decreto. "Nos recuerda los días oscuros de la ley marcial", expresó Shahnaz Bokhari, presidenta de la Asociación Progresista de Mujeres.
La Federación Nacional del Trabajo de Pakistán manifestó su temor a que la ordenanza cree un estado policía.
"Ni siquiera autoridades militares suprimieron derechos fundamentales en la forma en que lo hace Nawaz Sharif", acusó una declaración de la Federación. (FIN/IPS/tra-en/ni/mu/mlm/hd/99
