El ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega teme una acción judicial internacional en su contra, promovida por su hija adoptiva Zoilamérica Narváez, quien lo acusó de violación y acoso sexual.
Narváez, de 32 años, declaró que no considera necesario presentar la denuncia internacional contra el ex presidente (1984- 90), "porque los delitos que él cometió, son perseguidos internacionalmente sobre la base de la Convención de Derechos Humanos y en particular de los derechos de la mujer".
"La realidad es que Ortega tiene condición de delincuente que se ha amparado en una inmunidad para no responder por las acusaciones planteadas", añadió.
Ortega, secretario general del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), goza de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado.
Narváez es hija de un primer matrimonio de Rosario Murillo, esposa del líder sandinista, con quien se convive desde hace más de 20 años. Tanto la familia como el FSLN han acusado a la demandante de "formar parte de una conspiración política perversa" para destruir al ex presidente y a su partido.
La demandante asegura que Ortega la violó durante mucho tiempo desde los 12 años con pleno conocimiento de su madre y continuó acosándola hasta poco antes que hiciera la denuncia pública, el 2 de marzo del año pasado.
Una juez acogió la denunció de Narváez y solicitó a la Asamblea Nacional (parlamento) que retire la inmunidad a Ortega. Pero la solicitud judicial ha servido para que el gobierno la utilice como arma de presión contra el FSLN.
"Mi caso ha sido usado como ficha de conveniencia política en distintos momentos. El desafuero es un tema con el cual se presiona, se negocia", declaró Narváez a un diario estadounidense.
"Este gobierno y los diputados serán juzgados por proteger a un delincuente y por seguirlo reconociendo como representante e interlocutor en una serie de negociaciones políticas", afirmó.
El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, aseguró que Ortega se niega a acompañar a la delegación gubernamental que viajará a Estocolmo a fines de mayo para promover la reconstrucción del país tras el paso del huracán Mitch, "porque teme que un tribunal sueco lo detenga".
El diputado sandinista Bayardo Arce negó que exista un vínculo entre el caso de Narváez y la decisión de no viajar a Estocolmo.
Inicialmente, Ortega había dicho que el FSLN enviaría una delegación a Estocolmo, donde Nicaragua presentará proyectos hasta por 1.300 millones de dólares ante los países donantes.
Sin embargo, el líder opositor dio marcha atrás a fines de abril, alegando que el gobierno de Alemán es "corrupto y no hay garantías de que el dinero entregado por la comunidad internacional, sea administrado honestamente".
En medios políticos y periodísticos de Managua se especula que Narváez habría presentado denuncia de su caso ante la justicia de Suecia.
"Una persona puede ser juzgada por violar las normas estipuladas en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, tanto en su país como en otro estado firmante" que la haya ratificado, comentó al diario La Prensa un experto en derecho internacional al que no identifica.
Nicaragua es signataria de esta convención y el parlamento la ratificó en 1995.
Otro jurista consultado por el periódico sostuvo la extradición de Ortega sería posible si existen convenios recíprocos o bien si Nicaragua es firmante de convenciones de derechos humanos que contemplen actos como la violación o el abuso sexual.
En este último caso, la que debe pronunciarse es la Corte Suprema de Justicia, pero para que ésta decida, el secretario general del FSLN debe privado de su inmunidad parlamentaria, "con lo cual se vuelve al punto de partida, porque el asunto, tal como ahora, se vuelve político", expresó el jurista. (FIN/IPS/wg/ag/ip- hd/99
