Naurú, una isla del Pacífico sur rica en fosfato que hace diez años era uno de los países de mayor ingreso por habitante, está al borde de la quiebra.
El presidente Bernard Dowiyogo advirtió el mes pasado a los 10.000 habitantes de la isla que el país tiene grandes deudas y que sus ciudadanos deberán abandonar los excesos que caracterizan su estilo de vida.
En otras palabras, dijo que los nauruanos, acostumbrados a las ganancias inesperadas de su principal recurso, el fosfato, gastaban más de lo que podían.
Unos días más tarde, los parlamentarios decidieron "matar al mensajero" de las malas noticias, y aprobaron un voto de censura para destituir a su líder.
Dowiyogo fue reemplazado por Rene Harris, ex presidente de la Corporación de Fosfato de Naurú y ex director de Nauru Pacific Lines, una de las empresas que Dowiyogo describió como uno de los excesos de los años 70 y 80 y que hoy ya no existe.
El cambio de presidente, decidido el 27 de abril, fue el séptimo en los últimos tres años.
La isla es conocida por su fosfato, un compuesto químico utilizado como fertilizante, que se estima se acabará en los próximos ocho a 12 años.
El fosfato de Naurú es de la mejor calidad del mundo y durante casi 50 años de este siglo, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña explotaron al máximo esos recursos.
La intensa explotación del fosfato hizo que 80 por ciento de los 21 kilómetros cuadrados de tierra de la isla no se puedan utilizar. Según un estudio realizado por los gobiernos de Australia y Naurú en 1994, el costo de la recuperación sería de 210 millones de dólares y llevaría más de 20 años.
Ese daño ecológico obligó a Naurú a presentar una demanda por 72 millones de dólares ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En 1993, Australia llegó a un acuerdo extrajudicial con la isla y acordó pagar una indemnización que incluye el pago de una suma de 37 millones de dólares y de 1,6 millones de dólares por año durante los siguientes 20 años.
Sin embargo, después de décadas de daño ambiental debido a la explotación del fosfato, no parece haberle quedado mucho a Naurú.
Al obtener la independencia en 1968 se creó el Fondo de Regalías del Fosfato de Naurú (FRFN) para invertir las regalías obtenidas de las exportaciones y asegurar la durabilidad de los beneficios de su riqueza natural.
En 1991 el FRFN había acumulado más de 800 millones de dólares, suma que incluía inversiones en propiedades inmuebles en Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, una compañía naviera nacional, una aerolínea y otras inversiones "de alto rendimiento".
Actualmente, se calcula que el valor de esas inversiones cayó a menos de 130 millones de dólares.
"Dudo que haya alguien que realmente sepa cuánto queda", dijo un diplomático australiano a la revista Bulletin. "A los nauruanos les falta el conocimiento financiero y la capacidad institucional para manejar grandes cantidades de dinero".
La experiencia de los nauruanos en los últimos años es una lección para muchos países pequeños que dependen de asesores financieros extranjeros, en algunas ocasiones de dudosa reputación, que causaron más problemas al país.
Hace algunos años, el gobierno de Naurú aceptó el consejo de uno de sus asesores financieros de Londres e invirtió millones de dólares en una obra musical que fue un gran fracaso.
Otro de sus asesores de Londres, Adrian Powles, de la firma Allen, Allen y Hemsley, con sede en Sydney, será juzgado por el presunto robo de 60 millones de dólares al FRFN.
En diciembre de 1997, el fondo tuvo que pagar 26 millones de dólares a un constructor después de perder dos procesos judiciales respecto de la controvertida compra del terreno de un viejo hospital en el distrito empresarial del centro de Melbourne.
El constructor David Marriner vendió el terreno al gobierno de Naurú seis meses después de habérselo comprado al gobierno del estado australiano de Victoria por sólo 8,2 millones de dólares.
A comienzos de este año, Naurú obtuvo préstamos por 100 millones de dólares del gobierno de Taiwan y de la General Electric Corporation de Estados Unidos para refinanciar sus inversiones en el extranjero.
Los créditos se utilizarán para pagar a los acreedores externos que financiaron las compras de centros comerciales, edificios para oficinas y hoteles en Australia y Estados Unidos, realizadas por el FRFN.
Los préstamos también serán utilizados para pagar las deudas de la compañía Air Nauru, cuyo Boeing 737-400 fue embargado en febrero en el aeropuerto de Manila.
El embargo se dispuso mediante una orden judicial de una corte de Filipinas, relacionada con una demanda por más de 680.000 dólares presentada por un acreedor.
Para diversificar sus ingresos y proporcionar una base más estable a su economía, Naurú desarrolló una industria bancaria extraterritorial, pero ésta también está amenazada porque la isla fue acusada de facilitar el lavado de dinero de la mafia rusa.
En febrero, el Grupo de Acción Financiera, con sede en París, nombró a Naurú entre las cuatro naciones del Pacífico donde opera una organización delictiva rusa que maneja dinero en todo el mundo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llamó la atención a Naurú acerca de las leyes aplicadas a los bancos extraterritoriales y amenazó con retirarla del sistema monetario mundial.
Para obtener una autorización bancaria para no residentes en Naurú sólo se necesitan 19.800 dólares, un capital inicial de 100.000 dólares que puede integrarse en dos años, un domicilio social y una secretaria.
El gobierno afirmó que ordenó una investigación del sector bancario extraterritorial. "Mi gobierno no tolerará que las compañías o las autorizaciones bancarias extraterritoriales nauruanas sean explotadas por inescrupulosos con fines fraudulentos o de lavado de dinero", dijo Dowigoyo.
El gobierno obtuvo un préstamo en condiciones concesionarias de cinco millones de dólares del Banco de Desarrollo Asiático para ayudar a reformar su economía.
Pero el préstamo tiene un precio: el gobierno redujo radicalmente su presupuesto a 60 por ciento y recortó sus servicios públicos.
Los nauruanos deberán pagar algunos impuestos y otras obligaciones en el futuro, y sus gastos médicos y en educación en Australia ya no serán pagados completamente por el estado. (FIN/IPS/tra-en/ks/js/at/aq/ip-if/99
