La liberación de 16 policías y funcionarios involucrados en la matanza de 17 campesinos opositores en junio de 1995 en el estado de Guerrero, sur de México, fue objeto de repudio por parte de magistrados, políticos y organizaciones de derechos humanos.
El caso, presentado a la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, fue considerado en su momento ejemplo de corrupción y abuso de poder. En 1996, la Corte Suprema de Justicia concluyó en un informe no vinculante que los culpables de la matanza fueron "sin duda" policías y funcionarios.
Cuatro años después de cometido el crimen, solo 15 de las 43 acusados permanecen detenidos y, según los abogados que los defienden ante jueces de Guerrero, pronto saldrán libres por falta de pruebas.
En tanto, familiares de los asesinados y campesinos de grupos opositores en Guerrero, donde opera el guerrillero Ejército Popular Revolucionario, denuncian que policías los hostigan y detienen sin motivos.
Organizaciones de derechos humanos informan, además, que varios habitantes de la zona han sido torturados por soldados.
La liberación de los responsables de matar a 17 campesinos y herir a 23 "es un indignante caso de impunidad, uno más entre cientos", vinculado a altas esferas del poder político, dijo este lunes Rosario Herrera, portavoz de la organización civil Coordinadora Democrática.
De los 1,5 millones de delitos que se cometen cada año en México, apenas 85.000 terminan con la detención de los responsables.
Los 17 campesinos fueron asesinados cuando se dirigían en camiones a un acto político para manifestar su oposición al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el camino, un grupo de policías los detuvo y, sin mediar advertencia, disparó, señalan diversas investigaciones.
El dictamente previo de la Corte Suprema de Justicia, sustentado en una grabación en video, había desvirtuado la tesis oficial de que fueron los campesinos quienes atacaron a los policías con armas y palos.
El ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa, del PRI, aseguraba que él su equipo de gobierno eran inocentes y presentaba como argumento un video cuyo contenido había sido manipulado para sostener esa tesis, según se constató luego.
En esa grabación aparecían cuerpos de campesinos empuñando armas de alto poder, lo que era parte de un montaje.
El ministro de Corte Suprema de Justicia Juventino Castro afirmó que la matanza de Guerrero es "un escandaloso caso de impunidad" y pronosticó que el ex gobernador de ese estado pasará a la historia como "autor intelectual".
En declaraciones al último número del semanario Proceso, Castro se declaró consternado por la liberación de los detenidos, ocurrida en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas las últimas dos semanas.
Los jueces de la segunda sala penal del estado de Guerrero indicaron que no pueden mantener detenidos a los supuestos culpables porque la Fiscalía no presentó suficientes pruebas y cometió errores procesales que invalidan sus acciones.
Figueroa y varios de sus cercanos colaboradores son los responsables intelectuales de la matanza, según la organización de derechos humanos Agustín Pro Júarez, que responde a la Compañía de Jesús (sacerdotes católicos jesuitas).
Voceros del opositor Partido de la Revolución Democrática, de centroizquierda, se declaron indignados por la liberación de los acusados de la que se conoce como la "matanza de Aguas Blancas" y anunciaron que investigarán el caso.
La matanza es considerada la más grave violación de derechos humanos en México en 1995 y 1996 por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y por las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En diciembre de 1997 se registró otra matanza, pero en el estado de Chiapas, cuando 45 indígenas fueron asesinados por un supuesto grupo paramilitar opositor a la guerrilla zapatista.
La Corte Suprema de Justicia recomendó a la Procuraduría General investigar el caso de la matanza en Guerrero y actuar de fiscal, pero no sucedió así. El caso pasó a la Procuraduría de ese estado y sus jueces, ámbitos en los que, según observadores, el ex gobernador Figueroa conserva teniendo influencia.
El ex gobernador, que se proclamaba amigo del presidente Ernesto Zedillo, renunció a su cargo en marzo de 1996 presionado por las acusaciones en su contra. (FIN/IPS/dc/mj/hd/99
