Narcotraficantes presionan al Congreso de Honduras para anular la cláusula constitucional que prohibe la venta de tierras a extranjeros a menos de 40 kilómetros de la costa o de las fronteras, aseguró hoy un dirigente de la población litoraleña.
Tulio González, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), afirmó que el narcotráfico "tiene ya sus mandos en altas esferas del Congreso" y proueve la reforma del artículo 107 de la Constitución, que impide por razones de soberanía y seguridad la venta a extranjeros de terrenos litoraleños y fronterizos.
"Si la reforma es aprobada, los narcotraficantes tendrán carta libre para adquirir playas y propiedades cerca del mar y de la frontera para ejecutar sus operaciones ilícitas. Nosotros tenemos conocimiento de eso y por ello hacemos la denuncia", dijo González, dirigente de la etna garífuna.
El parlamento unicameral de Honduras aprobó la reforma del artículo 107 a fines de 1998, en primera votación, y debe proceder ahora a un segundo pronunciamiento.
Los garífunas, representados por el Ofraneh, y la población indígena de la costa, se oponen a la reforma, pues temen que la inversión en centros turísticos los desplace de sus tierras.
Pero la mayoría de los parlamentarios creen que la prohibición de venta de tierras contemplada en la Constitución carece ya de sentido y que la reforma es necesaria para facilitar la inversión y el turismo.
González advirtió que los habitantes de las zonas litoraleñas pueden convertirse en "obreros de las grandes compañías hoteleras", luego de ser "dueños de sus tierras".
"Con planes y regulaciones claras y transparentes puede venir el capital extranjero o el nacional y desarrollar proyectos turísticos en el país, sin necesidad de hacer reformas que atenten contra los intereses de los garífunas y los indígenas", agregó.
La denuncia de González de complicidad de legisladores con el narcotráfico fue rechazada de plano por el Congreso, que anunció la investigación de las acusaciones, para acabar con toda sospecha.
El secretario del Congreso, Rolando Cárdenas, acusó a González de intentar protagonismo mediante denuncias "temerarias" que deberán ser probadas. "Creo que lo vamos a llamar para que nos de pruebas", dijo.
Cárdenas afirmó que se intenta la reforma del artículo 107 de la Constitución sólo para permitir la inversión extranjera en las playas. "Por supuesto, antes que esto se produzca, vamos a garantizar las tierras con sus títulos a los indígenas que resulten afectados", agregó.
"No vamos a legislar a favor del crimen organizado. Al contrario, (también) estamos propiciando leyes para elevar penas" por delitos de narcotráfico y para "evitar que (los traficantes) se afinquen en este país", afirmó.
El diputado ex canciller Fernando Martínez, del gobernante Partido Liberal, señaló que tras el proyecto de reforma hay intereses políticos.
"Ignoro si hay vínculos de diputados con los narcotraficantes, aunque voy a investigar la denuncia, ya que no la podemos desestimar, por cuanto estos sectores del crimen organizado buscan cualquier mecanismo para inflitrarse en el poder" político, declaró Martínez. (FIN/IPS/tm/ff/ip/99
