La consulta popular del próximo domingo en Guatemala para refrendar las 50 reformas a la Constitución determinadas por los acuerdos de 1996, que pusieron fin a la guerra civil, se presenta confusa para los electores, debido a una escasa información sobre las materias a votar.
También contribuye a la confusión el mecanismo de votación, que obliga a los electores a marcar "si" o "no" en cuatro papeletas diferentes. Mario Guerra, del Tribunal Supremo Electoral, cree que sería un triunfo lograr una participación en las urnas de 25 por ciento de los inscriptos.
Las papeletas, de cuatro colores, contienen cada una preguntas sobre asuntos relativos a la Nación y derechos sociales y acerca de reformas en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Las reformas, convenidas por el gobierno y la guerrilla en diciembre de 1996, tienen como finalidad la modernización del Estado y lograr una mayor convivencia democrática.
Entre quienes piden aceptar las 50 reformas a la Constitucuón se cuentan el gobierno y los principales partidos políticos de centro e izquierda, mientras la derecha llama a votar en contra.
Por su parte, la Iglesia Católica exhortó a todos los guatemaltecos a votar, pero del modo en que cada cual lo considere "conveniente", aclaró el arzobispo metropolitano, Próspero Penados.
Los analistas creen que sólo votarán 20 por ciento de los cuatro millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral, dado el escaso conocimiento público de las propuestas y la tradicionalmente alta abstención.
"Un cálculo optimista sería alcanzar el 25 por ciento de asistencia", dijo Guerra, con base en los informes de participación en los últimos comicios y a la vista del escaso conocimiento de la población de los asuntos que el domingo serán sometidos a referéndum.
La participación en las elecciones presidenciales de 1995 fue del 46,8 por ciento y un año antes, un referendum que modificó la cantidad de integrantes del parlamento tuvo una abstención de 85 por ciento.
Las reformas a la Constitución, según los acuerdos de paz, contribuirán a la estabilidad política, al fortalecimiento del poder civil y a la redefinición convenida de las funciones del ejército para la nueva etapa comenzada con el fin de la guerra.
Guatemala será definida en la Constitución como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, según las cláusulas presentadas a referendum. El Estado debe reconocer la identidad de los pueblos indígenas maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación.
La lengua de esas etnias recibirá reconocimiento oficial y el Estado deberá respetarla y promoverla.
La diputada indígena Rosalina Tuyuc, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, anunció a IPS que votará "si" el domingo.
"Será la primera vez en 500 años en que la Constitución reflejará que somos una nación pluricultural, multiétnica y multilingue. Se reconocerán los idiomas indígenas y se nos consultará (a los indígenas) por cualquier medida administrativa que nos afecte", explicó Tuyuc.
Las reformas contempladas señalan también que, en una sociedad democrática, el ejército debe limitarse a "la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, y toda otra función resulta atípica y extraordinaria".
Así mismo, se permite la presencia de un civil al frente del Ministerio de la Defensa y se reduce la jurisdicción de los tribunales castrenses a los delitos y faltas tipificadas en el Código Militar, mientras que los delitos comunes deberán ser juzgados por tribunales ordinarios.
Las reformas más resistidas por los sectores conservadores son los que se refieren a los pueblos indígenas.
José Luis González, dirigente de la Liga Pro Patria, se manifestó en desacuerdo con las cláusulas relativas a los indígenas, ya que "otorgan privilegios a las etnias mayas ".
Además, uno de los elementos de unidad de la sociedad es un idioma común, y "querer dar justicia y servicios en 24 idiomas a los guatemaltecos no sólo es un absurdo económico, que reta el sentido común, sino algo imposible de cumplir", dijo González.
Para el pastor evangélico Francisco Bianchi, candidato presidencial de un pequeño partido político, se estimula la división social, al "privilegiar a un determinado sector".
La ley debe ser igual para todos y no puede favorecer a un sector social en particular, declaró Bianchi, que en 1982 fue secretario de prensa del entonces dictador militar Efraín Ríos Montt y ahora promueve el voto por "no".
No faltan tampoco los que temen que el reconocimiento de las etnias indígenas cause la "balcanización" del país.
La abogada Anabella Morfín, ex presidenta del no gubernamental Centro de Defensa a la Constitución, aconseja a la población votar "no" en la papeleta blanca que trata los temas indígenas.
"La existencia de los grupos étnicos ya está reconocida en la Constitución, pero hablar de que la nación es pluricultural, multiétnica y multilingue, es atentar contra la unidad", opinó Morfín.
Esto provocará "un innecesario enfrentamiento entre indígenas y ladinos (mestizos) y segmentará más a los guatemaltecos", agregó.
El artículo 66 de la Constitución de 1985 dice que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los indígenas de ascendencia maya.
Agrega que "el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, (y los) idiomas y dialectos" autóctonos.
Los índigenas son más de la mitad de la población de Guatemala y entre ellos se registran los mayores índices de marginación, pobreza y analfabetismo, así como el mayor desconocimiento acerca de las reformas a la Constitución que deberán decidirse el domingo.
Las etnias aborígemes también fueron las más afectados por el conflicto armado interno, que causó unas 200.000 víctimas. La población indígena era considerada por el ejército la "base social de la guerrilla", y centenares de aldeas fueron arrasadas y sus habitantes torturados y asesinados.
"En el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya", concluyó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. (FIN/IPS/cz/ff/ip pr hd/99
