Políticos de Guatemala buscan una salida a los problemas jurídicos que plantea el rechazo en referéndum de la reforma constitucional acordada con la paz de 1996.
La enmienda rechazada el domingo incluía el reconocimiento de los derechos de los indígenas, que representan 60 por ciento del total de la población, así como una redefinición del papel del ejército y el fortalecimiento del Poder Judicial.
En un referéndum con 82 por ciento de abstención, triunfó el "no" a la reforma constitucional, con 50,65 por ciento de los votos, frente a 40,38 por ciento del "sí".
Los departamentos del norte y el occidente, la mayoría de cuya población es indígena, se inclinaron por el "sí", pero también en ellos se registró una gran abstención.
Algunos sectores políticos consideran la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente con el propósito de lograr que los acuerdos de paz cuenten con el sustento jurídico necesario.
De lo contrario, cualquiera que gane las próximas elecciones generales podría desconocer el proceso de paz e impulsar una agenda distinta, según los grupos que impulsaron el "sí".
Las reformas a la Constitución propuestas tenían la finalidad, según sus partidarios, de servir como base legal a los tratados de paz firmados por el gobierno y la guerrilla en diciembre de 1996, poniendo fin a 36 años de guerra civil.
"Jurídicamente es viable convocar a una asamblea constituyente, pues es necesario darle respaldo al proceso de paz", dijo Miguel Angel Urbina, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
En igual sentido se pronunciaron los dirigentes de la Alianza Nueva Nación, que nuclea a cuatro partidos de izquierda, incluida la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, contraparte del gobierno en los acuerdos de paz.
"Hay que buscar mecanismos alternativos para aprobar las reformas", dijo Alvaro Colom, candidato a la presidencia de la Alianza, para quien una asamblea constituyente podría generar un amplio círculo de discusión para enriquecer las enmiendas.
Pero el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Alvarado, dijo que no sería oportuno convocar a una asamblea constituyente, "pues el pueblo ya se expresó el domingo y no quiere reformas", por lo que las enmiendas "bien pueden hacerse en las leyes ordinarias y no en la carta magna".
Representantes del gobierno y de la sociedad civil coincidieron en señalar que el triunfo del "no" en el referéndum no constituye un tropiezo legal para los compromisos firmados en 1996, que son "irreversibles".
El gobierno de Estados Unidos señaló el martes que el resultado de la consulta del domingo "es un retroceso para el proceso de paz". El Departamento de Estado (cancillería) estadounidense indicó que el resultado del referéndum fue decepcionante.
Raquel Zelaya, presidente de la gubernamental Secretaría de la Paz, dijo que el rechazo a la enmienda se traduce en un lento avance de los acuerdos, principalmente los que se relacionan con el afianzamiento del poder civil y la reubicación del ejército.
Existen varias posibilidades de solución, entre ellas la asamblea constituyente, pero es poco el tiempo disponible pues éste es una año electoral, según Zelaya. Por eso, agregó, el próximo gobierno será quién resuelva este problema.
El resultado del referéndum "indica que somos una sociedad no preparada para cambios tan profundos", sostuvo.
Héctor Rosada, ex negociador gubernamental ante la guerrilla, dijo que "los acuerdos de paz salieron ganando al evitar el manoseo de la Constitución", ya que las enmiendas propuestas no reflejaban, según él, lo pactado en los acuerdos de paz.
"Para que se cumpla" lo acordado "no es necesario reformar la Carta Magna, por lo que creo innecesario convocar a una asamblea constituyente", dijo Rosada al diario Siglo Veintiuno.
De ahora en adelante, el camino más viable será "estudiar, reflexionar, buscar consensos y negociar los acuerdos entre los sectores sociales", añadió.
El ex comandante guerrillero Jorge Soto, hoy secretario general del URNG, advirtió que tras el triunfo del "no" en la consulta popular se corre el riesgo de que se inicie una confrontación étnica, porque no se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas.
"El país quedó más fragmentado que nunca y no me extrañaría que en unos años surja un grupo armado liderado por indígenas, luego de lo ocurrido en la consulta popular", dijo el líder de la organización guerrillera convertida en partido político.
Pero mientras muchos activistas se quejaban del "mensaje racista" que implicaba el triunfo del "no", el indígena Alfredo Cupil, dirigente del Comité Cívico Xeljú, dijo que "más que rechazo a nosotros, vemos un rechazo al Estado y a los políticos". (FIN/IPS/cz/mj/ip/99
