El Senado de Filipinas votará este jueves un acuerdo militar con Estados Unidos y los legisladores que debaten el asunto recuerdan los efectos negativos que tuvieron durante casi un siglo las bases estadounidenses en este país.
El Acuerdo de las Fuerzas Visitantes fue firmado en febrero de 1998 durante el gobierno de Fidel Ramos, pero recién ahora será votado por el Senado, que debe ratificar los tratados y acuerdos que involucran la presencia de tropas extranjeras en suelo filipino.
Activistas y dirigentes católicos siguen oponiéndose al tratado que provocó la indignación general cuando se firmó el año pasado y que permitiría a los militares de Estados Unidos llevar a cabo ejercicios con sus colegas filipinos.
Los opositores sostienen que el acuerdo, si bien no prevé el restablecimiento de las bases militares, llevará al país a pagar otra vez los costos políticos, ambientales y sociales que tuvo por haber albergado las bases durante casi un siglo, hasta que Manila concluyó el acuerdo en 1991.
Sin embargo, según los medios de comunicación, 18 de los 24 senadores votarán por la ratificación, que se logra con dos tercios de los votos.
"Sólo falta contar los votos", comentó el analista Raúl Palabrica este lunes en el diario Philippine Daily Inquirer. El presidente Joseph Estrada, que votó como senador en 1991 contra la permanencia de las bases militares, hace campaña ahora por la aprobación del acuerdo.
Los senadores que apoyan el acuerdo alegan que es importante para el país, que en este momento carece de fondos para modernizar su infraestructura militar y tiene problemas de seguridad.
"La alianza de seguridad de Filipinas con Estados Unidos sumará a nuestro país las fuerzas globales de la democracia con sus arsenales y poder bélico superiores", declaró el presidente interino del senado, Blas Ople.
Filipinas se siente vulnerable desde que Estados Unidos retiró sus bases militares en 1992, sobre todo desde que China hizo avances territoriales sobre territorio filipino en las islas Spratly, en el Mar Meridional de China.
Las relaciones políticas entre Manila y Washington se enfriaron desde el retiro de las bases militares, y ni siquiera se mantuvo la preferencia para la compra de armas.
"Recién en los últimos años, los barcos estadounidenses volvieron a hacer escala en los puertos filipinos, y la aprobación del acuerdo reconstituiría las relaciones de Washington" con Manila, sostuvo el fin de semana el almirante Dennis Blair, jefe del Comando del Pacífico de Estados Unidos.
Pero personas como Roland Simbulan, presidente de la Coalición por una Filipinas no Nuclearizada, sostienen que el acuerdo no superó los errores del tratado anterior, que admitía la presencia de bases militares.
El acuerdo "viola la prohibición constitucional de las armas nucleares", "no tiene cláusulas ambientales", y "no tiene en cuenta los problemas sociales que acarrearía la presencia militar estadounidense, cuyos peores afectados serían mujeres y niños", advirtió.
Simbulan sostuvo que Manila debería exigir que los barcos de guerra visitantes no tengan armas nucleares porque la garantía verbal de Washington no "basta". La política oficial de Estados Unidos consiste en "no confirmar ni negar" nada respecto de este tipo de armas.
Los efectos sociales y ambientales que podría causar un acuerdo de esta clase figuran entre los argumentos de mayor peso presentados a menudo en los debates en el Senado.
Un estudio realizado en lo que era la Base Aérea Clark, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila, indicó una presencia de restos de mercurio y nitratos bastante mayor a los niveles promedio aceptados por la Organización Mundial de la Salud.
El médico Renante Basas, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Oficina Forense, informó que 29 personas que vivían cerca de Clark sufrieron alteraciones del sistema nervioso, problemas de riñones y cianosis debido a los residuos de mercurio y nitrato que dejaron los estadounidenses en la base.
Un estudio realizado previamente por la Compañía Clearwater Revival, una consultora ambiental de Estados Unidos, reveló que la bahía de Subic también está contaminada de cobre, explosivos sin detonar y petróleo.
Los partidarios del acuerdo sostienen que los militares de Estados Unidos sólo estarán presentes durante las maniobras y el senador Rodolfo Biazon aseguró que, normalmente, éstas duran entre cuatro y siete días.
Pero "no estamos seguros de que sólo se queden para las maniobras militares. No tenemos ninguna garantía, ya que el acuerdo es demasiado vago", se quejó Aileen Villar, activista de Fuerza Popular para la Limpieza de las Bases.
"Los 22 puertos comerciales de Luzon, Visayas y Mindanao serán puntos de acceso para los militares de Estados Unidos", y según el acuerdo, todo el "territorio de Filipinas podría contar con la presencia de esos militares", advirtió un informe de la organización.
El senador Loren Legarda, presidente del comité de ambiente y recursos naturales, agregó que no se puede esperar que Estados Unidos respete las leyes ambientales porque se negó a dar información sobre el daño al ambiente causado en las bases navales de Clark y Subic.
Biazon, que defiende el acuerdo, admitió que este carece de cláusulas ambientales pero sostuvo que todos los ejercicios tienen un "plan de protección ambiental" que obliga a los militares a cuidar el ambiente durante sus prácticas.
Pero Filipinas no podrá "dar pasos legales" si se violan sus regulaciones ambientales, aclaró Legarda.
La presencia de soldados estadounidenses provocará un aumento de delitos y problemas sociales, y el acuerdo abrirá "las puertas para la explotación sexual de mujeres jóvenes y niños", advirtieron grupos defensores de derechos humanos.
La prostitución floreció durante los años que los militares de Estados Unidos estuvieron en este país.
El acuerdo concede a Estados Unidos competencia jurídica sobre las acciones de su personal militar instalado en Filipinas. Los críticos sostienen que esta cláusula permite a los soldados cometer delitos en territorio filipino sin ser juzgados por los tribunales de este país.
"Entre 1947 y 1991 se reportaron más de 3.000 delitos cometidos por soldados estadounidenses en territorio filipino, pero ninguno fue juzgado y menos aún, condenado", señaló Simbulan.
Los activistas anunciaron que no se rendirán, aunque el senado ratifique el acuerdo.
Glen Amoroso, secretario general del grupo Nueva Alianza Nacionalista, explicó que los opositores al acuerdo realizarán demostraciones contra los barcos de guerra y el personal de Estados Unidos enviado a Filipinas para los ejercicios bélicos. (FIN/IPS/tra-en/ig/js/ceb/aq/ip/99
