Filipinas parece a punto de convertirse en el primer país del mundo con una prohibición nacional sobre incineración de residuos, tras años de duras discusiones entre el gobierno, la industria y los ambientalistas.
El 5 de mayo, una comisión parlamentaria discutió la versión final del proyecto de Ley de Aire Limpio, que impondría una prohibición total de la incineración de residuos, promoviendo el uso de "tecnología ambiental sana y segura".
Esa deliberación constituyó la última fase previa a la votación del proyecto en las cámaras del Parlamento. Si la iniciativa de la comisión se convierte en ley, será una significativa victoria para el movimiento ambientalista en todo el mundo.
Segun los científicos, la incineración de residuos provoca la emisión de mas de 200 toxinas, incluyendo furanos y dioxinas, posiblemente los componentes más letales conocidos por el hombre.
Las dioxinas son notorias por causar cáncer y desórdenes en los sistemas inmunológico y neurológico. Los científicos comprobaron que los incineradores de residuos son los principales responsables de contaminar la atmósfera con dioxinas.
Los ambientalistas de todo el mundo consideran a los incineradores gigantes que queman basuras y esparcen toxinas el símbolo arquetípico de este fin de siglo, regido por el principio de "gastar más y desperdiciar más".
A pesar de su éxito de esta semana, los ambientalistas locales están lejos de comenzar a celebrar.
Van Hernández, experto en campañas de la organización ambientalista internacional Greenpeace para el sudeste de Asia, advirtió que sólo se podrá hablar de victoria luego de que el Congreso apruebe la ley y el presidente firme la ley.
Los activistas señalaron que si el proyecto de Ley de Aire Limpio es aprobado con su texto actual, constituirá un golpe demoledor para la multimillonaria industria incineradora, que enfrentan restricciones en los países más industrializados y trata de introducir sus productos en el mundo en desarrollo.
En la actualidad, sólo hay incineradores para residuos médicos en Filipinas. Años atrás, una iniciativa de la firma francesa Generales des Eaux para construir el incinerador municipal de residuos más grande del mundo en la ciudad de San Mateo, al norte de Manila, fracasó por las protestas de activistas y ciudadanos.
"A menos que mantengamos una estricta vigilancia, los grupos de presión que defienden los incineradores podrían obligar al gobierno a cambiar de idea sobre la prohibición. Están constantemente tratando de entrar en nuestro mercado", señaló Odette Alcántara, del grupo ambientalista Madre Tierra Ilimitada.
La comisión de ambas Cámaras parlamentarias que discutió el proyecto se basó en los informes técnicos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que sólo se volcó decididamente por la prohibición la semana pasada, al recomendar el uso de tecnologías que no implican la quema de residuos.
Anthony Abaya, director de la Oficina Administrativa de ese departamento, señaló que "todo el DRNA está en contra de la incineración, y recomienda tecnologías seguras, como el empleo de microondas, para residuos que no pueden ser reciclados o compuestos".
En su primera reunión de abril, la comisión había anunciado que sólo se prohibiría el uso de incineradores "tradicionales", y que se permitiría el uso de los más modernos, que queman basura a más de 1.000 grados de temperatura.
Varios legisladores opinaron entonces que los mecanismos preventivos de la polución de los incinadores modernos serían eficaces para evitar la emisión de toxinas.
Los ambientalistas se mostraron indignados por el intento de aprobar una prohibición "a medias", y denunciaron que la comisión estaba "haciendo un ambiguo juego de palabras para engañar al público".
El vuelco del DRNA cambió la situación. Gregorio Honasan, el presidente de la Comisión de Ecología del Senado, hizo declaraciones entusiastas a favor de la prohibición, anunciando que la ley impedirá el uso de incineradores municipales, y que los instalados en los hospitales serán retirados en un plazo de tres años.
Sin embargo, algunos legisladores siguen opinando que debería permitirse el uso de los artefactos más modernos.
Manuel Villar, el presidente de la Cámara de Diputados, señaló que prefiere las tecnologías que reciclan los residuos en vez de quemarlos, pero añadió que la comisión está desarrollando "una fórmula para prohibir la quema masiva de residuos municipales que no cumpla con las normas de seguridad sobre dioxinas y furanos".
Los ambientalistas no están de acuerdo. "Incluso los llamados incineradores 'seguros' son incapaces de eliminar completamente la emisión, en concentraciones peligrosas, de dioxinas y otros metales pesados tóxicos", expresó Hernández.
"No existe un límite seguro, no hay una 'norma general' para la exposición a las dioxinas. Se trata de sustancias 200.000 veces mas tóxicas que el DDT (un insecticida notorio por su toxicidad)", acotó.
Investigaciones científicas dieron a conocer hallazgos alarmantes que respaldan las denuncias de los ambientalistas.
En 1996, un estudio realizado en Gran Bretaña en las zonas que circundaban 72 incineradores comprobó que el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer era muy alto entre personas que vivían a distancias de hasta 7,5 kilómetros de los artefactos.
Otra investigación mostró que el nivel de dioxinas en la leche materna era 12 veces más alto en ciudades europeas con incineradores de residuos que en India, donde la incineración todavía se encuentra en estado embrionario.
Sin embargo, no todos están dispuestos a creer en esas señales de peligro. "Si la incineración es tan peligrosa, ¿cómo es que ningun país la ha prohibido hasta ahora? Nunca se debe prohibir la tecnología", declaró el legislador Gerardo Espina.
Empleados de la industria de la incineración afirmaron, a su vez, que sus procedimientos son cada vez más seguros. "Los artefactos modernos casi no producen contaminación", aseguró Willian Share, de Industron Incorporated, que fabrica incineradores.
"Las dioxinas emitidas hoy por 1.000 incineradores son equivalente a las que emitía un sólo incinerador en los años 80", dijo Share, agregando que alternativas a la incineración como el reciclaje o la composición son poco prácticas.
El activista Metodio Palaypay, del Movimiento de Reciclaje de Filipinas, rebatió inmediatamente esas afirmaciones.
Palapay señaló que la Autoridad Metro Manila de Desarrollo, que pertenece al gobierno, pidió a todos los gobiernos locales que instalaran sistemas de recuperación y reciclaje, y que se ordenará a los recolectores públicos de que no tomen residuos sin clasificar a partir del 25 de junio.
"Sin ayuda del gobierno podemos reciclar cerca de 40 por ciento de los residuos de papel y 70 por ciento de las botellas. Ahora esos porcentajes seguramente aumentarán", apuntó Palaypay. (FIN/IPS/tra-en/rb/js/ego/mp/en ip/99)
