Pueden pasar años antes de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) sea una realidad, pero Estados Unidos está tomando medidas para que sus ciudadanos jamás sean juzgados por la corte, según activistas por los derechos humanos.
"Estados Unidos intenta obligar a algunos gobiernos a firmar acuerdos según los cuales los estadounidenses no serán entregados al Tribunal" si son acusados de crímenes contra la humanidad, de guerra o genocidio, dijo Pierre Sane, secretario general de Amnistía Internacional.
Fuentes diplomáticas aseguraron que funcionarios de Washington contactaron a por lo menos dos gobiernos, Polonia y Sudáfrica, en las últimas semanas para que incluyeran ese acuerdo en tratados de extradición bilateral con Estados Unidos.
Sudáfrica aceptó el pedido, de acuerdo con esas fuentes.
Jelena Pejic, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, dijo que las organizaciones activistas intentan confirmar la posibilidad de que el gobierno estadounidense procura imponer cláusulas que prohíban la extradición a solicitud del TPI en acuerdos con unos 30 países.
Esas cláusulas se burlarían de la capacidad del TPI de juzgar igualitariamente a todos los sospechosos, sin importar su nacionalidad, agregaron.
"Nos oponemos firmemente al trato que Estados Unidos intenta conseguir para sí", manifestó Richard Dicker, abogado de Human Rights Watch. El derecho internacional debe aplicarse a todas las personas sin importar la fuerza o debilidad de su nación de origen, agregó.
Dicker opinó que "no es accidental" que Polonia, uno de los países de Europa oriental que pretenden ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), haya sido presionada por Washington para aceptar un nuevo tratado de extradición.
República Checa, Hungría y Polonia fueron "fuertemente presionados" por el gobierno estadounidense el año pasado para "mantenerse alejados del tratado del TPI", en la misma época en que los tres países gestionaban su incorporación a la OTAN, afirmó.
La Casa Blanca, que inicialmente apoyó la creación del TPI pero luego votó en contra durante una reunión especial celebrada en julio en Roma para su creación, se opuso abiertamente a la capacidad del Tribunal de procesar crímenes de guerra en forma independiente.
El año pasado se rechazó una propuesta de Estados Unidos para que el TPI sólo pudiera procesar casos bajo la recomendación de las 15 naciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en el que Washington tiene poder de veto.
Desde entonces, los funcionarios del Pentágono (Ministerio de Defensa) advirtieron que Estados Unidos no puede apoyar a ningún tribunal internacional que tenga el poder de juzgar a oficiales estadounidenses.
Durante el año pasado presionaron a sus homólogos en otros países y les advirtieron de la amenaza que el TPI representa para su participación en actividades pacificadoras. Washington no sólo está preocupado por su personal militar.
Según un activista de derechos humanos, que pidió reserva sobre su identidad, el gobierno estadounidense también procura asegurarse de que los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estén protegidos de la extradición a solicitud del TPI por acuerdos bilaterales.
La preocupación de Washington es que operaciones como el actual bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia puedan llevar a que decenas de funcionarios militares, civiles y de inteligencia sean procesados por el TPI, dijo el activista.
A pesar de los temores de Estados Unidos sobre los poderes del Tribunal, este está en camino de transformarse en realidad, afirmaron los activistas.
En la conferencia realizada el año pasado en Roma, 120 países votaron a favor del TPI, mientras Estados Unidos fue una de las siete naciones que se opusieron, junto a China y Libia.
Desde entonces, 82 países firmaron el Estatuto del TPI y dos, Senegal y Trinidad y Tobago, lo ratificaron. Sesenta estados deben ratificar el instrumento antes de que el Tribunal, que tendrá sede en La Haya, pueda entrar en vigencia.
"Este tren dejó la estación y se dirige hacia su destino, que es la pronta entrada en vigencia", dijo Dicker.
Es justamente esa posibilidad la que puede estar fomentando la fuerte reacción de Estados Unidos, dijo Pejic. Washington "sabe que el Tribunal será una realidad, con o sin él", explicó.
Sin embargo, todavía deben sortearse varios obstáculos antes de que el Tribunal pueda establecerse.
A los grupos por los derechos humanos les preocupa la posibilidad de que muchos países quieran ejercer su derecho a negarse a aceptar la competencia del Tribunal sobre los crímenes de guerra por siete años, de acuerdo con el Artículo 124 del Estatuto del TPI.
Amnistía Internacional calificó esa cláusula de declaración de "licencia para matar". "Esa declaración minaría la propia finalidad del Tribunal", dijo Sane. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/at/aq/hd-ip/99
