Los sindicatos y organizaciones sociales de Ecuador celebraron hoy el Día Internacional de los Trabajadores recogiendo firmas para convocar un referéndum contra las privatizaciones y por la condonación de la deuda externa.
El Frente Patriótico, integrado por centrales sindicales, grupos indígenas y campesinos, comunidades cristianas de base y organizaciones no gubernamentales, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pedido de consulta popular en asuntos clave para el país.
La solicitud ante el TSE está encabezada por monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo de Cuenca, para quien la consulta es una forma de "reafirmar la democracia".
Según la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en diciembre de 1997, para llegar al plebiscito los convocantes deben reunir la adhesión de ocho por ciento de los habilitados para votar, unas 600.000 personas.
Los movimientos sociales que lanzaron el referéndum se proponen reunir un millón de firmas "para que no haya dudas sobre el apoyo de la ciudadanía".
La primera jornada de recolección de adhesiones fue este sábado, Día Internacional de los Trabajadores.
Virgilio Hernández, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, dijo que las manifestaciones de este sábado estuvieron marcadas por el rechazo a la política económica del gobierno y por el lanzamiento del plebiscito.
Fue "un 1 de mayo diferente, de protestas masivas y de gran colorido ya que la idea es ir más allá de la típica conmemoración y movilizarnos miles de brigadistas a nivel rural y urbano para conseguir adhesiones a la consulta", dijo Hernández
Quienes recogieron las firmas lucían un crespón rojo en el brazo "en contraposición a los crespones negros utilizados por los empresarios de Guayaquil en sus protestas", explicó a IPS Fausto Dután, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que reúne a las tres centrales sindicales del país.
La idea se remite a las movilizaciones por la autonomía de la provincia de Guayas, en las cuales los directivos de las Cámaras de Industria y Comercio de Guayaquil llevan crespones negros en sus brazos.
Guayas está ubicada en la región de la Costa, sobre el océano Pacífico, y su capital es el puerto de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y su principal centro comercial.
Para Luna Tobar, Ecuador vive una crisis política, económica, social y ética. Por eso cree necesario "convocar a una consulta para que los ecuatorianos se pronuncien sobre el rumbo que debe tomar el país en temas que marcarán el futuro".
Los ecuatorianos deberán responder a diez preguntas sobre distintos asuntos económicos.
Se les interroga, entre otras cosas, si están de acuerdo con la modernización estatal sin privatizaciones que las organizaciones convocantes proponen, con invertir lo destinado al pago de la deuda externa en obras sociales y que el Estado mantenga a su cargo los servicios de educación y salud.
También se consulta sobre la necesidad de congelar la tarifa del gas de uso doméstico, castigar a los banqueros por la quiebra de sus firmas, descentralizar el país garantizando la unidad nacional, perseguir a funcionarios corruptos y otorgar créditos preferenciales a pequeños y medianos productores.
Luna Tobar señaló que las preguntas son claras para que no ocurra que "después que el pueblo opine otros interpreten de acuerdo a su intereses".
Este plebiscito es el primero desde la aprobación de la reforma constitucional de 1997, que estableció la posibilidad de que la población presente el recurso recogiendo firmas. Hasta ahora, sólo podía ser convocado a iniciativa del Poder Ejecutivo.
Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992p1996), se consultó sobre las privatizaciones, que fueron rechazadas por más de 60 por ciento de los votantes. Pero esa votación no fue reconocida y comenzó, de todos modos, el proceso de privatización.
De acuerdo con la nueva Constitución, lo que se resuelva en las urnas debe instrumentarse luego como ley.
El lanzamiento de la consulta popular en el Día Internacional de los Trabajadores ocurrió en medio de la mayor crisis económica de la historia del país.
El Ministerio de Trabajo informó que en el primer trimestre de este año quebraron más de 400 pequeñas y medianas empresas, lanzando a la desocupación a más de 90.000 personas.
Como consecuencia inmediata, en ese mismo período el desempleo subió a 13 por ciento y el subempleo a 55.
De los 3,5 millones de ecuatorianos que integran la población económicamente activa, 450.000 no tienen empleo y 1,7 millones sufren subempleo.
Para el economista independiente Alberto Acosta, las cifras oficiales no representarían la verdadera situación del país, ya que "los porcentajes reales están por encima". (FIN/IPS/kl/mj/lb if ip/99
