La coalición de organizaciones no gubernamentales que recibió en 1997 el Premio Nobel de la Paz por su labor en materia de desarme negocia con grupos rebeldes de todo el mundo para que abandonen el uso de minas antipersonales.
Stephen Goose, de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), dijo a IPS que, aunque el tratado contra las minas terrestres de 1997 sólo era obligatorio para los países, el grupo realiza gestiones ante "combatientes que no responden a los Estados" contra el uso de estas armas.
La ICBL, que agrupa a más de 120 grupos, había logrado el mismo año en que obtuvo el Premio Nobel que 135 gobiernos firmaran la convención, que prohíbir el uso, fabricación y almacenamiento de minas antipersonales.
Un grupo de la ICBL entabló contactos con varios grupos rebeldes, entre ellos el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el Frente Nacional de Liberación Moro, de Filipinas, y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), de Sri Lanka.
La finalidad de las negociaciones es la obtención de declaraciones unilaterales o acuerdos bilaterales para la prohibición de las minas terrestres.
Las negociaciones se realizaron en los países donde operan esos grupos insurgentes o fuera de ellos, con representantes en el extranjero.
Goose dijo que la decisión de acudir a los grupos rebeldes es parte de un movimiento hacia la total prohibición del uso y la producción de las minas.
Un informe de 1.071 páginas de la ICBL titulado "Supervisión de minas terrestres" afirma que "la gran mayoría de los conflictos armados actuales involucran a actores que no responden al Estado, están contra el Estado, no tienen Estado o están fuera del control de los Estados".
"Las minas se utilizan ampliamente en esos conflictos, y con freuencia son producidas no sólo por los Estados sino también por los grupos que no responden al Estado", agregó la organización.
Paradójicamente, algunos gobiernos que todavía utilizan minas terrestres comenzaron a hacerlo cuando los partidos que hoy los ocupan eran grupos rebeldes que procuraban derrocar a la autoridad en sus respectivos países.
Varios países se negaron a firmar la convención contra las minas con el argumento de que debían apelar a esas armas para luchar contra grupos insurgentes.
"Una prohibición interestatal no es suficiente para detener la producción, comercialización, transferencia, almacenamiento y uso de minas terrestres", según el informe.
En consecuencia, la campaña contra las minas terrestres dirigida a los Estados debía complementarse con la realización de una campaña dirigida a los grupos que no responden a los Estados.
"Hay un creciente acuerdo público, en todos los continentes, culturas y grupos políticos y religiosos, acerca de que el uso de las minas terrestres por cualquier persona está mal", afirmó la ICBL.
Goose dijo que aunque sólo los estados soberanos están obligados por el tratado sobre minas terrestres, los grupos rebeldes armados están obligados por la ley humanitaria internacional, así como por las Convenciones de Ginebra de 1949 que establecían las reglas que gobiernan la guerra.
El LTTE, que ha peleado una guerra separatista contra el gobierno de Sri Lanka durante 14 años, fue señalado como uno de los principales usuarios de minas terrestres.
El informe afirma que "las minas y los dispositivos explosivos improvisados fueron ampliamente utilizados por el LTTE en el conflicto de Sri Lanka" y que las fuerzas gubernamentales también son responsables del uso de minas antipersonales.
"Los miembros del LTTE fueron originalmente entrenados en el uso de minas y dispositivos explosivos improvisados por las fuerzas de seguridad indias y posteriormente utilizaron con gran eficacia estas técnicas contra ellos entre 1987 y 1990", agregó.
El estudio describe a los miembros del LTTE como unos de los "más hábiles del mundo en el uso de explosivos improvisados".
Sri Lanka, que se negó a firmar el tratado, dijo que se reserva el derecho a utilizar minas para contrarrestar el despliegue de esas armas por el LTTE.
El gobierno también dijo que "está de acuerdo, en principio, con una prohibición verificable de las minas antipersonales, pero que no está en posición de aceptar ese tratado en un futuro próximo debido a requisitos de seguridad nacional legítimos que surgen de la situación actual".
De acuerdo con el informe, el gobierno de Sri Lanka "no es considerado un productor de minas antipersonales". Sin embargo, el LTTE fabricó dispositivos explosivos improvisados y minas en cantidades significativas, inclusive una conocida como mina "Johnny" o "Jony".
El informe considera probable que el gobierno de Sri Lanka haya recibido minas antipersonales de China y Pakistán, mientras que el LTTE las obtuvo de Bulgaria y Rumania.
Aunque fue firmado por 135 gobiernos, muchas naciones clave, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Cuba, Estados Unidos, India, Pakistán, Rusia y Turquía dieron la espalda a la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales.
Hasta mediados de mayo, 81 gobiernos ratificaron el tratado y lo incorporaron a las leyes nacionales de sus países.
Estados Unidos, que se reservó el derecho a utilizar minas terrestres en la guerra contra Yugoslavia, dijo que firmará el tratado en el 2006 sólo si la búsqueda de alternativas fue exitosa.
Estados Unidos y Turquía fueron las únicas naciones de las 19 que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte que no firmaron la convención. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/at/mj/ip/99
