Grupos internacionales de derechos humanos denunciaron la aprobación esta semana en Egipto de una estricta ley sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la persecución de activistas en Túnez.
Las organizaciones denunciantes son Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, que realizaron una declaración conjunta.
Los hechos ocurridos en Egipto y Túnez representan un retroceso en materia de derechos humanos y amenazan el crecimiento de la sociedad civil en una región donde, en los últimos 15 años, surgieron y luchan por sobrevivir más de 50 grupos defensores de los derechos humanos, dice la declaración.
Con pocas excepciones, los gobiernos árabes de Medio Oriente y el Norte de Africa, en general autoritarios, obstaculizan el crecimiento de ONG independientes.
"Estos gobiernos tratan de dejar fuera de carrera a la sociedad civil organizada, especialmente a los activistas de derechos humanos, o de someterla a la voluntad de las autoridades nacionales", afirmó Joe Stork, analista de HRW sobre Medio Oriente.
La nueva Ley sobre Asociaciones e Instituciones Civiles de Egipto, que aún debe ser promulgada por el presidente Hosni Mubarak, generó protestas el viernes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El portavoz del Departamento, James Rubin, declaró que Washington está "profundamente decepcionado" por la aprobación de esa ley, que parece "aumentar el control gubernamental sobre las ONG".
Rubin anunció que Estados Unidos planteará su preocupación "a altos funcionarios del gobierno egipcio".
La nueva ley, que fue debatida durante varios años, impone una amplia gama de restricciones a la administración, el funcionamiento y la financiación de las ONG.
Por ejemplo, la norma les exige registrarse ante el gobierno, que podrá negarles el estatuto jurídico si considera que su tarea "amenaza la seguridad nacional" o "viola el orden público o códigos morales".
La ley también exige a las organizaciones aprobación gubernamental para realizar elecciones de autoridades y asociaciones con grupos extranjeros, así como para procurar o recibir fondos del exterior.
La violación de estas normas podría provocar la disolución de las ONG infractoras y el procesamiento de sus miembros, que podrían recibir penas de prisión de hasta un año.
"Esta ley permite todo tipo de interferencia del Estado en el funcionamiento de las ONG", se quejó Hanny Megally, director de HRW/Medio Oriente. "Este tipo de normas acaba con la autonomía de las ONG o las coloca bajo el dedo del gobierno", agregó.
Muy probablemente, el gobierno será selectivo en la aplicación de la ley, dijo Megally a IPS. Por ejemplo, podría aprobar fondos extranjeros para ONG de caridad pero negarlos o retenerlos para aquellos grupos que investigan o publican violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.
Además, la regulación gubernamental de la financiación extranjera podría ser devastadora para las numerosas organizaciones de derechos humanos que surgieron en Egipto en los últimos años, advirtió.
"Esos grupos son muy dependientes de los fondos del exterior", dado que éstos representan entre 90 y 95 por ciento de sus presupuestos, sostuvo Megally.
Egipto, dijo, podría estar tratando de emular a Túnez, el primer país de la región en aprobar una ley similar sobre las actividades de las ONG.
Dicha ley, junto con una campaña de persecuciones, casi anuló a la Liga Tunecina de Derechos Humanos, uno de cuyos líderes fue sentenciado a tres años de prisión.
Sin embargo, surgió una nueva organización, el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez, que denuncia los abusos cometidos por el gobierno de Zine al-Abidine Ben Ali. El nuevo grupo está integrado por muchos antiguos activistas de la Liga.
El surgimiento del Consejo coincidió con "un aumento de la actividad de los grupos independientes, especialmente de trabajadores y estudiantes", señaló Eric Goldstein, miembro de HRW experto en asuntos de Túnez.
"Ahora hay más personas dispuestas a realizar denuncias" en ese país africano, agregó Goldstein.
Como resultado, se produjo "un preocupante incremento de las persecuciones e intimidaciones" contra esos grupos independientes, según una declaración conjunta de las cinco organizaciones de derechos humanos y el Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York.
La semana pasada, Taoufik Ben Brik, periodista y miembro del Consejo Nacional para las Libertades, fue atacado frente a su casa por tres individuos armados con cadenas. "El ataque físico es algo relativamente nuevo. Antes, los ataques se dirigían a la propiedad", señaló Megalli.
Ben Brik, quien el año pasado publicó varios artículos en diarios franceses y suizos sobre el deterioro de los derechos humanos en Túnez, fue detenido el pasado lunes e interrogado durante varias horas. Semanas atrás se le había confiscado el pasaporte y prohibido abandonar el país.
Así mismo, el Consejo condenó el día 11 la detención de 10 sindicalistas independientes. Al día siguiente, su secretario general, Omar Mestiri, fue arrestado e incomunicado durante un día.
Una semana después, Mohamed Tahar Chaieb, otro sindicalista y profesor universitario, fue detenido en el aeropuerto de Túnez tras regresar de París y retenido durante dos días.
Estos hechos tuvieron lugar en vísperas del juicio del abogado y defensor de los derechos humanos Radhia Nasraoui y otros 20 activistas acusados de asociación ilícita.
El tribunal que lleva el caso canceló abruptamente una audiencia el día 15 luego de que se hicieron presentes unos 20 abogados y diplomáticos extranjeros y 120 abogados defensores. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/hd/99
