Un informe presentado en Estados Unidos que acusa a Cuba de facilitar el lavado de dinero del narcotráfico fue recibida en la isla como "una intriga más" de la derecha cubana radicada en Miami, y hasta el momento no ha merecido la atención oficial.
El documento divulgado en Washington por el experto en asuntos cubanos Ernesto Betancourt sostiene que La Habana estaría ocultando operaciones de lavado de dinero, a través de las remesas enviadas por emigrantes a sus familiares en la isla.
"Las llamadas remesas familiares ofrecen una excelente cobertura para el narcolavado y otros negocios ilícitos', afirma Betancourt en su reporte de 25 páginas titulado "El rejuego castrista de las remesas, drogas y lavado de dinero".
Agrega que Cuba estaría recibiendo cifras significativas de dinero procedentes del narcotráfico y de la mafia internacional, que se invierten en el desarrollo de la industria turística, el sector más dinámico de la economía cubana.
"Con ese dinero, el gobierno de Fidel Castro estaría resolviendo el déficit de 1.500 millones de dólares de su balanza comercial", añade el documento citado por el diario El Nuevo Herald, de Miami.
Betancourt asegura que es imposible que las remesas enviadas por los emigrados cubanos a sus familiares en el país asciendan a 800 millones de dólares anuales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
A su juicio, el exilio no tiene la capacidad financiera de enviar a la isla esa suma, pues "se necesitarían 200.000 exiliados enviando cada uno 4.000 dólares anuales o combinaciones semejantes, con menos dinero y más personas".
La acusación aparece en momentos en que crece el acercamiento entre distintos sectores de ambos países y menos de un mes después de que el partido entre la selección cubana de beisbol y el equipo estadounidense de los Orioles de Baltimore abriera un importante canal de comunicación.
Observadores cubanos sostienen que cada vez que comienza un período de acercamiento entre este país y Estados Unidos aparecen cosas similares a ese informe que perjudica al país.
Al mismo tiempo, se considera paradójico que la aparición de la información sucediera a una declaración sobre Cuba de Barry McCaffrey, jefe de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de la Casa Blanca.
McCaffrey aseguró este mes que el gobierno de Cuba no está involucrado en el narcotráfico, coopera con Estados Unidos en la lucha contra los traficantes y está muy interesado en conversar con Washington sobre ese problema.
"El mejor desmentido está en el reconocimiento de la labor cubana en la lucha contra el tráfico de drogas que desde hace años han sostenido las autoridades competentes de Estados Unidos", comentó un funcionario de La Habana.
Analistas consultados por IPS sostienen que Betancourt parte en su análisis de un error de cálculo y de suponer que toda remesa tiene que venir precisamente de la comunidad radicada en Estados Unidos, la más representativa pero no la única.
Se estima que unos dos millones de cubanos viven fuera de su país, de los cuales poco más de un millón están en Estados Unidos, el grueso de ellos en el sur del estado de Florida.
Las personas residentes en el país norteamericano tienen derecho, en estos momentos, de enviar un máximo de 1.200 dólares anuales, cifra que algunos superan de forma ilegal y otros ni siquiera se acercan.
Pero el dinero llega también desde España, México, Venezuela y otros países de América Latina, donde se asientan aquellas personas que se van de Cuba sin perder la opción de mantener estrechos lazos con su país de origen e, incluso, regresar.
La polémica sobre el monto real de las remesas y su incidencia en la reanimación de la economía cubana no es nueva y tiene sus orígenes en 1993, cuando el presidente Castro anunció que había decidido propiciar la recepción de dinero desde el exterior.
Fuentes oficiales de Cuba afirman que el sostenido aumento de las ventas en la red de Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) parece indicar un crecimiento de las remesas, pero también de otras vías de ingresos de divisa.
El ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, explicó que "la cantidad que representan (las remesas) sería especulativo fijarla porque solamente se pueden calcular de manera indirecta", ya que ese dinero entra a la isla por varias vías y pocas veces por las bancarias.
Estudios de economistas vinculados al gobierno indican que las remesas saltaron de 400 millones de dólares en 1994 a 500 millones en 1996, 800 millones en 1997 y entre 900 y 1.000 millones el año pasado.
Parte de este dinero se gasta en las TRD, única alternativa para la compra de algunos alimentos, ropa y electrodométicos, mientras otra parte se usa para consumo en el sector privado de restaurantes, alquiler de viviendas, taxis y servicios al hogar.
Rodríguez señaló que 56,3 por ciento de la población cubana tenía acceso a la divisa en 1998 a través de remesas, estimulaciones laborales, compra en las casas de cambio y vínculos con el sector turístico.
Las estimaciones oficiales indican que sólo por concepto de propina los trabajadores del sector turístico obtuvieron el pasado año 100 millones de dólares. Otros 45 millones fueron repartidos como estímulo laboral por el gobierno a 1,2 millones de personas.
Altos funcionarios del gobierno han sostenido, en varias ocasiones, que el monto de las remesas no se puede igualar a las recaudaciones de las TRD y que tampoco se puede sobredimensionar su impacto en el desempeño económico.
El académico Luis Suaréz aseguró a IPS que, más allá de cualquier otra consideración, los intentos por involucrar a Cuba en el narcotráfico contituyen un problema para la seguridad nacional de este país.
El secretario ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las Investigaciones Sociojurídicas, adjunto al Ministerio de Justicia, indicó que este sería una argumento para justificar la agresividad de Estados Unidos contra Cuba.
Informes gubernamentales aseguran que el recalo embarcaciones con drogas detectado en las costas cubanas aumentó de 34 en 1994 a más de 200 en el primer semestre de 1998. Ese año también se frustraron en los aeropuertos cubanos 129 intentos de usar a la isla como puente del tráfico de narcóticos.
La reforma del sistema financiero cubano iniciada en 1995 incluyó regulaciones destinadas a evitar en todas las instituciones bancarias el lavado de dinero del narcotráfico u otras transacciones ilícitas.
Castro reveló a comienzos de este año la presencia de dos inversionistas españoles con intereses económicos en Cuba que estaban utilizando el país como trampolín para el tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.
La consecuencia fue la aprobación por el Parlamento, en febrero, de la pena de muerte para los casos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas cuando el inculpado sea un funcionario público. (FIN/IPS/da/dm/ip/99
