El desvío para otras prioridades del gobierno de Costa Rica de los fondos destinados a las áreas forestales pone en peligro en el corto plazo al menos a 190.000 hectáreas de bosque.
El gobierno de Miguel Angel Rodríguez impulsa desde 1997 un programa de venta de servicios ambientales, en el que se paga a los propietarios de áreas boscosas a cambio de que la conserven y las reforesten.
"El problema es que el gobierno no ha asignado los recursos necesarios para este fin", explicó a IPS Alfonso Barrantes, director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal de Costa Rica.
La ley forestal número 7575 establece que un tercio de los impuestos a los combustibles derivados del petróleo sea volcada a proyectos de conservación de bosques.
"Estimamos que por año se recauda por este impuesto entre 29 y 33 millones de dólares, pero en realidad se destina a la conservación forestal menos de la mitad", afirmó Barrantes.
La venta de servicios ambientales ha generado en los últimos meses una gran expectativa.
Entre las diferentes categorías fijadas por el gobierno se estableció un pago por cinco años de 830 dólares por cada hectárea reforestada, 325 dólares por cada una donde se conserve el bosque y 510 dólares por cada hectárea utilizada en la extracción de madera de manera sustentable.
Jorge Mario Rodríguez, subdirector del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) de Costa Rica, explicó a IPS que el total de los terrenos dispuestos para la conservación de bosques suman 250.000 hectáreas.
Rodríguez señaló que "el gobierno sólo nos ha dado dinero para pagar servicios ambientales a unas 60.000 hectáreas, es decir que apenas podemos cubrir 25 por ciento" del área.
El funcionario de Fonafifo entiende que el gobierno no destina todos los recursos necesarios a este proyecto, debido a que los dineros del impuesto entran a una "caja única" estatal, lo cual hace que los fondos forestales se inviertan a otras áreas de interés.
Rodríguez y Barrantes coincidieron en advertir que este desvío de dinero hacia otras prioridades del gobierno deja en desventaja al sector ambiental, que ha sido el estandarte que en los últimos años ha levantado el país en ámbitos internacionales.
"El problema es que hay otras prioridades de trabajo a las que les están dando más importancia, pero la protección de los bosques requiere mayor respaldo político", añadió Barrantes.
Los ambientalistas temen que en el corto plazo los propietarios de terrenos boscosos, que han estado esperando el pago por servicios ambientales, se cansen de las promesas y comiencen a talar los árboles para dedicar los campos a actividades agrícolas y ganaderas.
"Hay que tomar en cuenta que los servicios ambientales que brinda cada uno de nuestros bosques no le sirve sólo al país sino al mundo entero", subrayó Rodríguez.
Cuando se creó el proyecto se pensaba compensar económicamente a los empresarios privados, que con sus bosques generaran el servicio ambiental de conservación.
Entre los beneficios esperados con el plan estaba el de mitigar los gases del efecto invernadero, la protección de las cuencas de los ríos y los recursos hídricos, así como preservar la belleza natural..
Se calcula que de los 51.100 kilómetros cuadrados que tiene Costa Rica, entre 25 y 30 por ciento están cubiertos con bosques. (FIN/IPS/nms/dm/ed/99)