El ministro de Industria y Comercio de Venezuela, Gustavo Márquez, planteó que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) adopte un régimen de referendo popular para sancionar Decisiones de gran impacto económico o social.
"Para avanzar en la conformación de un mercado común andino debe pasarse por la democratización y mayor legitimidad de las decisiones y evitar los traumas sociales de la integración", postuló Márquez en un foro de empresarios y economistas en Caracas.
El bloque que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela conmemorará, los días 26 y 27 en Cartagena, el 30 aniversario de su creación en esa ciudad colombiana, con una cumbre de sus cinco mandatarios o Consejo Presidencial Andino.
La agenda del undécimo Consejo tratará el establecimiento del mercado común, la instrumentación de una política exterior conjunta, el desarrollo de la agenda social y una política comunitaria de integración y desarrollo fronterizo.
En esos consejos se estrena el presidente venezolano Hugo Chávez, quien asumió en febrero y sostiene un fuerte discurso bolivariano e integracionista, pero hace dos semanas debió plantar una salvaguardia frente al transporte andino.
Los camiones de los países socios no podrán traer carga al interior de Venezuela durante al menos un año, y esa barrera gravitará sobre la cita en Cartagena, que por otra parte es también oportunidad para darle impulso político a la resolución de esa y similares controversias.
La medida venezolana fue adopatada al cabo de 15 días de huelgas de transportistas en todo el occidente fronterizo con Colombia, invocando sus promotores las penurias de miles de camioneros venezolanos desplazados por la mejor organización y alegada falta de reciprocidad del lado colombiano.
El transporte terrestre en la subregión estaba liberado desde 1997, cuando la Comisión (cinco ministros plenipotenciarios) adoptó la Decisión 399, que es ley andina.
"Venezuela venía cumpliendo con el esquema de la CAN, pero lamentablemente la realidad objetiva nos golpea la cara, el narcotráfico y la inseguridad de las carreteras han colocado en situación de desventaja al transporte venezolano", dijo Márquez.
La próxima semana transportistas de uno y otro país comenzarán a discutir fórmulas de avenimiento, como la conformación de empresas binacionales, pero entretanto Venezuela sostiene la medida y Colombia impugna que sea legítima salvaguardia.
Mientras ese conflicto se tramita ante la Secretaría General de la CAN, y quizá luego llegue al Tribunal Andino de Justicia, Márquez apuntó a la confección de la Decisión (ley) que provocó en Venezuela un conflicto que semiparalizó varias regiones.
"Las leyes supranacionales que allí se aprueban y que tienen un impacto económico y social sobre nuestros países, deben ser conocidas por todos, pero generalmente no son consultadas ni conocidas por las sociedades respectivas", dijo Márquez.
Un referendo "podría ser la salida, dependiendo del tema", dijo Márquez. Venezuela acaba de estrenar ese mecanismo, en sus 190 años de vida independiente, con una consulta popular el 25 de abril que decidió convocar a una Asamblea Constituyente.
Si Chávez lleva esa propuesta a Cartagena no sólo subrayará las urgencias por las que tomó la medida proteccionista sino que sumará un argumento a su insistencia en que la integración "debe ir mucho más allá de lo arancelario y comercial para que sea verdaderamente de nuestras sociedades".
Hasta ahora, para ampliar la base política y social en la toma de decisiones, la CAN se ha dotado de consejos empresariales y laborales (que reúnen a las cúpulas gremiales de cada sector) y de un Parlamento Andino, que sin embargo no está abocado a la elaboración de las leyes subregionales.
Sugerencias como la de Márquez replantean además la distancia entre las declaraciones y la retórica que urge a la integración y su instrumentación por los llamados "actores reales" del gobierno, la economía y la sociedad civil.
Por ejemplo, se espera que se lance en Cartagena un programa para arribar el año 2005 a un mercado común, que agrega, a las ya logradas zona de libre comercio y unión aduanera, liberar flujos de servicios y armonizar las políticas macroeconómicas.
Sin embargo, y tras reconocer que "hay sectores que reclaman un retorno al proteccionismo, tal como están dadas las cosas en la CAN, resulta imperativo continuar avanzando hacia nuevos estadios de integración", advirtió el venezolano Sebastián Alegrett, secretario general de la CAN.
"Pasar de una participación del comercio intraandino de un cuatro por ciento del total de intercambios (de los cinco países) a 14 por ciento en la actualidad, es un salto muy significativo. Detenernos significaría un retroceso", dijo Alegrett.
La CAN se ufana de que el comercio dentro de la subregión se ha multiplicado por 48 en 30 años (de 111 millones de dólares en 1969 a casi 5.900 millones en 1998). Cerca de 45 por ciento de esos intercambios se efectúan entre Colombia y Venezuela. (FIN/IPS/jz/eg/if la 99
