Un tribunal informal integrado por observadores internacionales juzgará en Colombia a los responsables de la masacre de 32 civiles en la nororiental ciudad de Barrancabermeja, perpetrada hace un año y aún impune.
El Tribunal Internacional de Opinión sesionará del 15 al 17 de este mes en Barrancabermeja, puerto petrolero de 250.000 habitantes, ante el llamado de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) que responsabilizan al Estado colombiano por los hechos ocurridos el 16 y 17 de mayo del año pasado.
El Tribunal, que no poseen investidura estatal, estará integrado por jueces internacionales, un defensor del Estado colombiano, un acusador y una secretaria operativa.
"El veredicto del Tribunal Internacional de Opinión buscará que se tome conciencia en el país de una situación inhumana que debe ser sancionada", dijo a IPS uno de los coordinadores colombianos del organismo, que pidió el anonimato por razones de seguridad.
Esto demuestra que "la comunidad internacional está preocupada por lo que pasa en este país", en el que según la Defensoría del Pueblo se cometieron el año pasado 194 masacres (asesinatos de más de cuatro personas en un mismo lugar).
La sesión del Tribunal Internacional de Opinión fue convocada tras la investigación realizada por el abogado especializado en derechos humanos Jeffrey House, de Toronto (Canadá), quien estuvo en Barrancabermeja entre enero y febrero de este año.
House, fiscal del caso que dialogó con familiares de las víctimas, abogados y autoridades locales, recogió pruebas y testimonios que le permiten afirmar que existió por parte del Estado "ceguera intencional" para no aclarar los hechos, según declaró al diario El Espectador, de Bogotá.
En una primera fase, que se llevó a cabo el 29 de abril en Montreal (Canadá), el Tribunal Internacional de Opinión examinó las evidencias y dictaminó que los hechos de Barrancabermeja constituyen crímenes de lesa humanidad y también crímenes de guerra.
Así mismo, el Tribunal aceptó el argumento presentado por el fiscal de que existe responsabilidad penal, criminal y legal de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que fracasaron en su deber de proteger a la población civil.
Un comando de 50 paramilitares de derecha ingresó el 16 de mayo de 1998 a la ciudad protegida por cerca de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25 a las que dieron muerte al día siguente.
Según testimonios de vecinos, las víctimas pidieron ayuda a la policía y el ejército pero no fueron atendidos, posiblemente porque temieron una emboscada, por tratarse de un sector con fuerte presencia guerrillera.
Barrancabermeja es un micromundo que sintetiza todas las menifestaciones del conflicto interno, comentó Alejandro Reyes, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la estatal Universidad Nacional, a la revista Semana.
"Al norte (de la ciudad) hay guerrilla, al sur paramilitares y la guerra se da calle por calle, manzana por manzana y barrio por barrio", afirmó el experto.
Otro miembro del Tribunal, el ex primer ministro de Canadá Howard Pawley, aseguró que existen evidencias que en la masacre de Barrancabermeja "hubo militares implicados", pero se abstuvo de revelar nombres.
Los vínculos de miembros del ejército con paramilitares han sido señalados por ONG como una de las causas de la crítica situación de violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Ahora se espera ahora que el "gobierno colombiano haga lo correcto: castigar a los responsables", sin que pese su pertenencia a altos círculos militares o políticos, dijo Pawley.
Un informe del defensor del Pueblo, José Castro, indica que la masacre de Barrancabermeja es parte de una situación generalizada de violencia que vive el país, en la que cada día son asesinadas al menos tres personas "por distintos actores armados"
En las masacres ocurridas durante 1998 murieron en total 1.231 personas. De estas muertes, 644 se atribuyen a paramilitares de dercha, 279 a la guerrilla, 47 a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
En opinión de Castro, las masacres se incrementaron por la impunidad y porque "el Estado no tiene capacidad para garantizar el derecho a la vida" de sus ciudadanos.
El funcionario indicó que la Defensoría del Pueblo ha alertado al gobierno sobre casos de "masacres anunciadas por los paramilitares" y no se han tomado medidas para prevenirlas. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
