El Tribunal Superior de Londres rechazó hoy la revisión del último dictamen del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, sobre Augusto Pinochet, dando así curso definitivamente al juicio de extradición a España del ex dictador de Chile.
La resolución de la corte londinense podría acelerar las discretas gestiones que el presidente de Chile, Eduardo Frei, realiza hacia los gobiernos de Gran Bretaña y España para pedir la liberación del ex dictador por razones humanitarias.
El recurso de revisión judicial del fallo que Straw emitió el 15 de abril, presentado por la defensa de Pinochet, pretendía paralizar el proceso de extradición en el tribunal londinense de Bow Street, cuyo inicio está fijado para el viernes 4 de junio.
Se sumó así una nueva derrota judicial para el ex dictador y actual senador vitalicio de 83 años, que permanece bajo arresto en Londres desde el 16 de octubre de 1998 a raíz de un requerimiento de juez español Baltasar Garzón.
El magistrado español instruye un proceso contra los antiguos dictadores de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) por crímenes contra la humanidad, por delitos de genocidio, asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
De acuerdo con el fallo que emitió el 24 de marzo la Cámara de los Lores, la extradición de Pinochet a España solo puede efectuarse por delitos previstos en la Convención Internacional contra la Tortura cometidos desde diciembre de 1988.
Garzón, sin embargo, insiste en juzgar también al ex jefe militar chileno por casi 1.200 casos de desapariciones forzadas cometidos durante la dictadura, argumentando que se trata de delitos permanentes hasta la aparición de la víctima.
El juez Harry Henry Ognall, del Alto Tribunal de Londres, dijo este miércoles, al rechazar el recurso de revisión judicial del dictamen de Straw, que la gestión de la defensa de Pinochet era prematura.
El magistrado añadió que la revisión afectaría infundadamente el proceso de extradición y que Pinochet precisamente podía presentar sus alegatos contra el pedido español en la medida de que el juicio se realice.
El abogado del ex dictador, Michael Caplan, quien intervino en la sesión del Alto Tribunal, visitó Chile hace dos semanas y anticipó que la estrategia de la defensa privilegiaba "el camino largo", previendo el rechazo del recurso de revisión judicial.
De acuerdo con precedentes en Gran Bretaña, el proceso de extradición de Pinochet podría prolongarse por uno o dos años, lo cual lleva a descartar, por ahora, que el ex dictador pueda regresar a Chile por vías judiciales durante 1999.
En círculos judiciales se estima que Pinochet podría ganar finalmente el proceso, considerando que los cargos en su contra fueron reducidos sustantivamente por el fallo de la Cámara de los Lores del 24 de marzo.
La compleja trama jurídica del caso Pinochet podría incluir un arbitraje planteado por el gobierno de Chile para hacer valer ante Madrid y Londres el "mejor derecho" de este país a juzgar al ex dictador de acuerdo con la Convención contra la Tortura.
Sin embargo, esta posibilidad, anunciada por el canciller José Miguel Insulza en abril, no se ha materializado hasta la fecha, luego de que los partidarios del senador vitalicio la calificaran de medida dilatoria y de resultado incierto.
Los informes sobre un deterioro de la salud del ex gobernante de facto desde la semana pasada pusieron nuevamente en el elenco de opciones la invocación de razones humanitarias para que España y Gran Bretaña permitan el regreso a Chile de Pinochet.
Frei, quien deja el gobierno el 11 de marzo del 2000, defendió el 21 de este mes, en su último Mensaje a la Nación desde el parlamento, la carta de las razones humanitarias y afirmó que desea el retorno de Pinochet antes del fin de su mandato.
El canciller Insulza dijo este martes que las "gestiones políticas y humanitarias son convenientes y necesarias", mientras trascendían extraoficialmente contactos con el gobierno español que encabeza el derechista José María Aznar.
El objetivo de estas gestiones es que Aznar plantee al primer ministro británico Tony Blair la liberación de ex dictador por su delicado estado de salud, aunque el político laborista ha dicho siempre que no interferirá en la labor de los tribunales.
Al mismo tiempo, desde Chile se busca activar procesos contra Pinochet para fortalecer la idea de que el senador vitalicio "debe y puede" ser procesado en este país por acusaciones de violación de los derechos humanos.
Este martes, imprevistamente, el juez especial de instrucción Sergio Muñoz pidió enviar a Londres, por el conducto del exhorto, un cuestionario para Pinochet sobre el asesinato el 25 de febrero de 1982 del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez.
Jiménez fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones, aparato represivo en la última fase del régimen militar, y su caso es uno de los que no está cubierto por la ley de amnistía que el propio Pinochet expidió en abril de 1978.
La decisión de Muñoz causó sorpresa, porque los abogados de la familia Jiménez nunca incluyeron al ex dictador entre los posibles testigos o inculpados en este crimen. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
