Luego de cultivar arroz durante años en la provincia nororiental de Battambang, Camboya, Chhim Hak se encontró un día con que su tierra había pasado a manos del ejército.
Incautaciones como la que dejó a Chhim Hak sin tierra para cultivar ocurren cada vez con más frecuencia en toda Camboya.
Hasta hace poco, los agricultores desposeídos esperaban pacientemente a que los tribunales resolvieran sus casos, pero ya no más.
Cansados de esperar justicia, cientos de agricultores, entre ellos Chhim Hak, realizan sentadas diarias frente a la Asamblea Nacional (parlamento) desde comienzos de este mes.
Las protestas, que continúan pese a las promesas de altos funcionarios de investigar los casos, colocaron la cuestión de la reforma agraria en el primer plano nacional en la posguerra civil.
El gobierno es presionado para reformar el actual sistema, caracterizado por leyes inadecuadas, atrasos burocráticos y corrupción, no sólo por la creciente clase de campesinos sin tierra sino también por gobiernos extranjeros, preocupados por la inseguridad de las inversiones en este país asiático.
La reforma agraria es un asunto en que el nuevo gobierno de Hun Sen podría demostrar liderazgo, señalaron analistas, y advirtieron que la falta de corrección del desequilibrio que favorece a los poderosos podría reflejarse en las elecciones comunales de este año.
"La ley agraria será esencial para el desarrollo del país, pero el resultado dependerá de a qué grupo favorezca. Es como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento", advirtió Kao Kim Hourn, director ejecutivo del Instituto Camboyano para la Cooperación y la Paz, un grupo de expertos.
Al igual que Chhim Hak, 75 por ciento de los habitantes rurales de Camboya no tienen título de la tierra que poseen, como resultado de la destrucción del sistema de propiedad agraria por el régimen del Jemer Rojo en los años 70 y de leyes inadecuadas introducidas posteriormente.
El derecho a la propiedad fue formalizado por el gobierno comunista en 1989 y por una ley agraria aprobada en 1992.
Sin embargo, la oficina de títulos de tierra procesó apenas 10 por ciento de los 4,5 millones de demandas entabladas luego de 1989. El sistema de reconocimiento de la propiedad basado en una carta de autoridades locales dando fe de la ocupación dio lugar a numerosos abusos y corrupción.
El actual sistema dio origen a miles de disputas por propiedad de tierras, tanto por incautaciones a agricultores pobres como por casos más complejos como el reclamo de la empresa petrolera estadounidense Caltex sobre un terreno en Phnom Penh.
A medida que aumenta la actividad económica, se incrementan también los embargos de tierra por el ejército y por los sectores más ricos y poderosos del país.
La organización camboyana Ayuda Legal representa a unas 15.000 personas que reclaman sus tierras. El subdirector Lean Chenda estimó que 40 por ciento de los casos se relacionan con confiscaciones realizadas por militares.
Pero en general el sistema judicial no ofrece alivio a los pobres. Las cortes están atestadas de casos de disputas de tierras, y el vencedor es a menudo la parte que puede pagarse más testigos, sostienen expertos legales.
Un general simplemente ignoró tres citaciones judiciales por su expulsión en 1993 de 300 familias de sus tierras, según Lean Chenda.
Está en discusión un proyecto de ley que reemplazaría al actual sistema, pero que según expertos no sería suficiente para proteger a los pequeños agricultores de los embargos ni los derechos de propiedad colectiva de las tribus montañesas.
El proyecto "tiene muchos vacíos que propiciarían el abuso y la corrupción", advirtió Ayuda Legal.
Mientras, donantes internacionales urgen al gobierno a implementar la reforma agraria. Una entrega de un préstamo del Banco Asiático de Desarrollo por 25 millones de dólares para el sector agrícola depende de la aprobación de la ley.
Así mismo, la economía probablemente no recibirá las inversiones extranjeras que necesita para aumentar su producto interno bruto hasta que se aplique un sistema adecuado de propiedad de tierras, advirtieron analistas.
"La cuestión afecta a los inversores y afecta a los donantes", destacó Shaun Williams, coordinador del Proyecto de Estudio Agrario de Camboya de la organización Oxfam.
"¿Quién querrá construir una escuela o un hospital aquí si no existen garantías de que la tierra no será confiscada?", preguntó. (FIN/IPS/tra-en/db/js/mlm/dv-hd/99
