La campaña por el desarme alcanzó nivel nacional en Brasil, luego que el presidente Fernando Henrique Cardoso ordenara al Ministerio de Justicia un estudio urgente sobre la promulgación de leyes prohibiendo la venta de armas cortas a la población civil.
La iniciativa del gobierno federal se sumó a una campaña contra el uso de armas de fuego lanzada hace un mes por la administración del estado de Río de Janeiro, considerado el más violento del país junto com Sao Paulo.
Cardoso aprovechó el impacto del asesinato de 15 estudiantes en Littleton, Estados Unidos, para sensibilizar a la población contra la escalada de violencia en las grandes ciudades brasilenas, donde es cada vez más frecuente el uso de armas por parte de jóvenes de todos los sectores sociales.
También trató de ponerse en la misma línea adoptada por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, que buscan transformarse en abanderados del desarme de la poblacion civil como forma de reducir la delincuencia urbana.
La legislación brasileña sobre armas de fuego es confusa.
En teoría, el ejército es responsable del control de la fabricación y venta de armas tanto en el mercado local como para exportación, pero las Fuerzas Armadas no tiene atribución legal para reprimir el contrabando de armas, que es responsabilidad de la Policía Federal, subordinada al Ministerio de Justicia.
El ejército tampoco fiscaliza quienes compran armas, tarea que debe ser ejecutada por las policías estaduales. Toda la actividad económica en el sector de armamentos civiles en Brasil está en manos de empresas privadas.
Hay cinco grandes fabricantes de revólveres, pistolas y fuciles. El año pasado se exportaron 265.000 armas cortas y 87.000 se vendieron en el mercado local.
El comando del ejército brasileño ya anticipó su apoyo a la veda de la venta de armas a la población, pero se espera una fuerte resistencia de los fabricantes, cuyo principal argumento contra la medida será el temor al aumento del desempleo industrial.
Voceros de organizaciones no gubernamentales afirman que las cesantías serán insignificantes porque las cinco fábricas emplean en conjunto a no más de 3.000 trabajadores. Asimismo, dos tercios de la producción se destinan a la exportación, que no se vería afectada por una prohibición de venta en el mercado interno.
Aunque no hay cálculos precisos, se cree que al menos ocho millones de brasileños poseen armas ilegales. Si el estimado es mínimamente realista, habría casi tres armas ilegales por cada una registrada legalmente.
Los estados con mayor número de armas son SFo Paulo y Río de Janeiro, líderes en las estadísticas de delitos violentos en el país. En las dos capitales estaduales, un revólver calibre 32 cussta en el comercio ilegal alrededor de 40 dólares.
Las cifras oficiales revelan que hasta 95 por ciento de las muertes violentas en una ciudad como Río de Janeiro son provocadas por disparos de armas de fuego. La policía afirma que 80 por ciento de las armas capturadas a adolescentes y jóvenes infractores de menos de 20 años eran revólveres y pistolas.
El desarme de la población civil está ingresando con fuerza creciente en la agenda de debates públicos en varios países, tanto ricos como em desarrollo. Jefes de gobierno como Cardoso, Clinton y Blair ya descubrieron el potencial político-electoral del tema.
Pero la población todavía presenta fuerte resistencia a la idea de renunciar a las armas, porque aún es muy fuerte la creencia de que ellas constituyen una defensa contra los delincuentes.
Para vencer resistencias personales y empresariales a la prohibición de la venta de armas de fuego serán necesarias iniciativas más amplias que decretos y leyes.
Los expertos en campañas públicas señalan que el tema del desarme no puede ser impulsado en forma efectiva sin la participación integral de la población. (FIN/IPS/cc/ag/ip/99
