El Programa Nacional de Derechos Humanos, que promovió grandes avances legislativos en Brasil, busca ahora asegurar la más amplia aplicación de sus conquistas y extenderlas al área social.
Para eso se implantará este año una red nacional, que asociará órganos oficiales y organizaciones no gubernamentales para componer una estructura permanente para controlar el cumplimiento de las normas.
El proyecto deberá identificar graves violaciones y "desarrollar estrategias locales con miras a la ampliación de los derechos económicos y sociales y de las libertades", anunció José Gregori, secretario nacional de Derechos Humanos de Brasil.
La iniciativa se denomina Observatorios en Red de Derechos Humanos.
Gregori reconoció que los esfuerzos en su área enfrentan obstáculos "en un país que está entre los cinco más violentos del mundo", según las estadísticas de organismos internacionales en los que Colombia figura en primer lugar.
"Empezamos de cero, pero hoy los derechos humanos ya se consolidaron como un asunto de la agenda nacional, sobre la base de la articulación entre la sociedad y el gobierno por medio de las organizaciones no gubernamentales", evaluó Gregori.
Fue necesaria una ley, sancionada en diciembre de 1997, por ejemplo, para que millones de personas en Brasil pudieran dar su primer paso como ciudadanos, formalizando su propia existencia.
Eran brasileños que, por la pobreza, no podían obtener el documento inicial, el certificado de nacimiento, a pesar de su bajo costo. La ley aprobada asegura su expedición gratuita, así como la del certificado de defunción.
Antes, la ley aseguraba gratuidad, pero solo a los que comprobasen la imposibilidad de pagar, restricción que favorecía el incumplimiento de la disposición en las oficinas. Son muchos los brasileños cuyo nacimiento se registró cuando eran adultos.
La universalización del servicio gratuito aún enfrenta resistencia de oficinas públicas que defienden el cobro, alegando la necesidad de sobrevivencia financiera. La acción de la justicia se hizo necesaria para que más de 70 por ciento de esas dependencias cumplan con la nueva ley.
El derecho de existir legalmente es una de las muchas conquistas en derechos fundamentales en los primeros tres años del programa conducido por Gregori.
La aprobación de la ley que tipifica la tortura como crimen no excarcelable y la que somete a los policías a la justicia común por la muerte de civiles en sus operaciones son también avances mencionados por el funcionario.
Los policías militares que cometieron masacres como la de 111 presos en la cárcel de Carandir, en 1992 en Sao Paulo, y la de 19 campesinos sin tierra en Eldorado de Carajás, en el norte de Brasil en 1996, ya no son juzgados por tribunales vinculados a su propia corporación.
En relación a la tortura, los resultados son menos efectivos. Su empleo frecuente como método de investigación policial se mantiene en Brasil, admitió Carlos Cardoso, fiscal y asesor en Derechos Humanos de la Justicia de Sao Paulo.
Pese a la nueva ley, que castiga la tortura con hasta 16 años de cárcel, los torturadores aún son enjuiciados por "lesión corporal", delito penado con prisión de tres meses a cinco años, comprobó Domingos Mariano, oidor (encargado de recibir denuncias y combatir la violencia policial) en Sao Paulo, .
Eso es producto de la "cultura judicial" del país, que aún demandar tiempo para incorporar la ley contra tortura, se lamentó Cardoso.
Con el Programa de Derechos Humanos, el Estado asumió al fin la responsabilidad por la muerte de los llamados "desaparecidos políticos", víctimas de la represión del régimen militar de 1964 a 1985. Sus familias obtuvieron indemnizaciones aunque, en muchos casos, no lograron la total aclaración de los hechos.
Los refugiados políticos también obtuvieron mayor protección. Miles de ellos, principalmente procedentes de ex colonias portuguesas en Africa, pudieron legalizar su exilio en Brasil. Otros 100.000 extranjeros, inmigrantes ilegales, fueron favorecidos por una amnistía para regularizar su situación.
En el área internacional, Brasil adhirió a la jurisdición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriéndose a inspecciones externas.
El gobierno brasileño también apoyó en junio de 1998 en Roma la constitución del Tribunal Penal Internacional, que, según Gregori, abre la posibilidad de juicios para crímenes contra la humanidad, alejando la tentación "de que un país juzgue lo que pasó en otros".
"Ninguna nación está exenta de violar los derechos humanos en algún momento", advirtió.
La adhesión a tratados internacionales aún no tiene respuesta correspondiente en el plano interno. La aplicación de las leyes y convenciones en Brasil es "lenta, desigual y de difícil acceso", reconoció el secretario. Pero los derechos humanos ya son parte de las políticas públicas y avanzan, concluyó. (FIN/IPS/jap-mo/hd/99
