Siete de cada diez prendas de jean que se venden en Bolivia son falsificaciones de marcas internacionales como Calvin Klein, Lee o Wrangler, y esto causa pérdidas millonarias a las empresas legalmente establecidas.
El gobierno boliviano se apresta a combatir esta forma de piratería y legalizar, a la vez, la actividad de miles de familias bolivianas que se dedican a confeccionar en forma clandestina esas prendas, otorgándoles facilidades para crear sus propias marcas.
Bolivia es, junto a Brasil y Paraguay, uno de los tres países latinoamericanos donde se falsifica la mayor cantidad de ropa de marca, y por eso está en la mira de Estados Unidos, que amenazó con sanciones si el gobierno no comienza a luchar contra la piratería.
Según investigaciones realizadas por encargo de la VF Corporation, una transnacional estadounidense que comercializa las prendas Wrangler, en las principales ciudades de Bolivia operan unos 1.500 talleres y fábricas clandestinas que falsifican prendas de vestir de marcas internacionales.
La ropa falsificada se comercializa en los mercados informales de las principales ciudades bolivianas, aunque no se descarta que también sea vendida en los grandes centros comerciales.
El precio que pagan los consumidores por las prendas falsificadas oscila entre 10 y 15 dólares, mientras el de las originales es aproximamente 30 dólares.
Ramón Barros, gerente comercial para Bolivia de la VF Corporation, esa firma factura unos cuatro millones de dólares anuales en el país, y deja de percibir otros 1,6 millones cada año por la falsificación de la marca Wrangler.
Por ahora, son las propias empresas perjudicadas las que sostienen solitarias batallas contra la piratería en Bolivia: ellas contratan a investigadores privados, ubican los talleres ilegales y llaman a la policía.
Barros afirmó que la piratería no afecta sólo a las firmas transnacionales, sino también a los usuarios, que reciben prendas de calidad inferior, a la credibilidad del Estado boliviano, y al conjunto de la economía del país, ya que no se cobran impuestos por la venta en los mercados informales de ropa falsificada.
Esta problemática también tiene una connotación social, ya que el cierre de los talleres clandestinos elevaría el ya importante nivel de desempleo, que alcanza aproximadamente 25 por ciento de la población activa.
Los industriales legalmente establecidos sugieren que se estimule el pasaje a la formalidad de sus competidores, con mecanismos ágiles de registro de empresas.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Yaffar, admitió que los talleres clandestinos disponen de mano de obra muy calificada, que podría ser utilizada en negocios legales.
"Urge incorporar a los productores y comerciantes informales al régimen tributario general. Así el productor nacional valorizará su trabajo, le dará su propia identidad y cumplirá con sus obligaciones", declaró el empresario.
Adhemar Guzmán, viceministro de Exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior, señaló que el proceso de legalización de las actividades de manufactura clandestina puede llevar varios años.
Guzmán aseguró que esa producción puede competir con la de las marcas extranjeras más famosas, no sólo en el mercado local sino incluso fuera de las fronteras, empleando "nombres y apellidos propios".
"En muchos casos la calidad de los productos falsificados no tiene nada que envidiar a la de los originales", afirmó.
Otro de los mercados en los cuales existe una importante comercialización de productos falsificados es el del software.
La Business Software Alliance, una institución de Estados Unidos que combate la comercialización de software pirata, procesa en tribunales de La Paz a cerca de medio centenar de comercios informales que vendían ilegalmente aplicaciones para computadoras.
También existe una considerable producción clandestina de cintas de audio y de video.
Se prevé que en las próximas semanas se apruebe una normativa más severa para combatir la piratería en todas estas áreas, para evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos, que ha calificado a Bolivia en la categoría de "país con alto grado de piratería". (FIN/IPS/ac/mp/if ip/99
