Los camioneros de Venezuela levantaron la huelga que por 15 días paralizó la frontera con Colombia, al triunfar en su objetivo de que el gobierno suspenda el libre tránsito por el territorio de transportistas de países andinos.
El gobierno de Hugo Chávez publicó el jueves un decreto de suspensión unilateral y por un año de la norma de la Comunidad Andina (CAN) que garantiza la circulación por la subregión de los transportistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Un ruido ensordecedor de las bocinas de 3.000 vehículos de carga y de pasajeros estacionados en la Avenida Antonio José de Sucre de la fronteriza ciudad de San Cristobal festejó el jueves la culminación triunfal del paro, mientras sus choferes prendían los motores y reiniciaban sus labores.
Los 2.000 transportistas del estado de Táchira, del que es capital San Cristobal, alegaron que Colombia no garantiza la seguridad en su territorio, lo que impide la aplicación de la libre circulación andina, y bajo esa premisa demandaron el bloqueo a la actividad de sus colegas colombianos en el país.
Detrás del argumento se esconde una falta de competitividad de la flota venezolana respecto a la colombiana, que ha recibido altos incentivos del gobierno para su desarrollo, lo que llevó a que en 1998 sólo 15 por ciento de la carga binacional fuera transportada por vehículos venezolanos.
La delegación colombiana, llegada a San Cristobal para realizar un esfuerzo extremo que evitase la adopción del bloqueo, considerado ilegal por Bogotá, se encontró "el hecho cumplido" del decreto y debió resignarse a "evaluar" la situación con tres ministros desplazados allí desde la noche del miércoles.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, subrayó que Venezuela debió adoptar la medida para enfrentar un problema de orden público, ya que Táchira fue virtualmente paralizado, sin combustible y con sus carreteras bloqueadas.
Además, los "gandoleros", como en Venezuela se llama a los transportistas de carga pesada, obtuvieron con sus movilizaciones la creciente solidaridad de otros gremios del sector, lo que provocó esta semana la paralización de 70 por ciento del transporte de pasajeros del occidente del país, incluida Caracas.
Dos buses de pasajeros con destino a Perú, "rehenes" de los camioneros en conflicto desde hace una semana, fueron de los primeros a los que los camioneros abrieron la ruta al superarse el conflicto, y representa una muestra de los efectos del paro.
Una algarabía de bocinas despidió a los buses peruanos "porque queremos que se sepa que no estamos contra la integración y que nuestra lucha es en defensa social de nuestra sobrevivencia y de nuestras familias", dijo a IPS en el lugar desde un teléfono móvil Federico Ochoa, del comité de conflicto.
El ministro del Interior, Luis Miquelena, que encabezó la misión trasladada a San Cristobal, a 800 kilómetros al sudoeste de Caracas, subrayó que como dice el decreto se trata de "un correctivo con carácter provisional y de emergencia".
La resolucióm que suspende la decisión (ley) 399 de la CAN sobre la liberación del transporte vial de carga, deberá ser refrendada, revisada o anulada por la Secretaría General del bloque en el plazo de un mes, y los delegados colombianos ya adelantaron que demandarán su anulación.
El decreto, con nueve consideraciones y siete resoluciones, fijo que los vehículos de transporte internacional de carreteras deberán continuar el transpote de mercancias mediante el procedimiento de cambio de cabezales en la frontera venezolana.
Sólo quedó exceptuado del trasbordo fronterizo a camiones venezolanos el transporte de carga líquida -menos los combustibles- , de productos químicos, a granel, refrigerados, de vidrio, vehículos, y en tránsito aduanero.
Aquellos camiones con matrícula extranjera autorizados a transportar la mercancia dentro de Venezuela, deberán volver vacios a su país de origen.
El gobierno consideró que los perjuicios ocasionados a los transportistas por la apertura, la inseguridad en las carreteras colombianas y la conmoción social y económica provocada por el paro, faculta a establecer una salvaguardia temporal para el sector, dentro de la legalidad de la CAN.
El gobierno de Bogotá planteó una reunión urgente en la Secretaría General de la CAN en Lima para decidir una salida a la crisis, pero Caracas arguyó que los efectos del conflicto eran explosivos y no había más margen de tiempo ante la emergencia.
Un miembro de la delegación colombiana dijo en el aeropuerto de San Cristobal que "pedimos reflexión porque la medida perjudica al vital comercio binacional y en particular a Venezuela, que tiene un superávit con Colombia", segundo destino de las exportaciones extrapetroleras de este país.
Los empresarios venezolanos esperan que la medida sea revisada o anulada por la CAN y el presidente de la Confederación de Industriales, Henrique Ball, adelantó que habrá un incremento de costos que desincentivará el prospero comercio binacional, situado en torno a 2.500 millones de dólares anuales.
Algunos analistas cercanos al gobierno indican que el propio gobierno apuesta a que el "juez" del caso, el secretario general Sebastián Alegrett, revise su restricción en un mes, pero mientras gana tiempo para negociar una salida menos traúmatica para la integración andina.
Resulta sintomático en ese sentido que el gobierno dejo degenerar la crisis en espera de que infructuosas negociaciones le permitieran no adoptar la restricción unilateral, y que el presidente Hugo Chávez no tuvo ningún protagonismo en la negociación, al contrario de lo que es su estilo.
La llegada de Chávez a San Cristobal para negociar con los camioneros se anticipó varias veces, sin llegar a concretarse, y ahora se dice que participará este fin de semana en un acto de júbilo por el fin del paro, que podría incluir el anuncio de la adopción de medidas urgentes para favorecer al sector y facilitar que acepten el fin rápido de la restricción.
En medio de una grave recesión y con una crítica situación social y laboral, el triunfo del paro de los transportistas podría alentar a movilizaciones de diferentes sectores en pro de concesiones, lo que tensaría el escenario local.
La medida "sólo puede ser muy transitoria, para capear la explosiva crisis fronteriza, porque si no será un caos, ya que el trasbordo en la frontera de la carga es un absurdo y no hay ni instalaciones ni equipos para ejecutarlo", insistió Ball.
"Es como si a las aerolíneas de los dos países las obligasen a aterrizar en San Antonio (punto fronterizo venezolano) y a los pasajeros a cambiarse de un avión a otro para volar en aviones con matrícula de cada país", criticó el empresario. (Fin/IPS/eg/if la/99
