La búsqueda de un "hogar" para las fuerzas militares que Estados Unidos mantuvo durante un siglo en Panamá tropezó con la "preocupación" de Venezuela porque bases antidrogas estadounidenses se instalen en las vecinas islas holandesas de Aruba y Curazao.
"Nos preocupa la instalación de bases en Aruba y Curazao, así como que se instale una similar en Ecuador, y es una preocupación también del gobierno colombiano", declaró el canciller venezolano José Vicente Rangel.
La instalación de las bases en esas islas a 25 y 56 kilómetros de sus costas requiere que Venezuela y la vecina Colombia autoricen que aviones militares de Estados Unidos sobrevuelen su territorio. "Estamos considerando esa situación", dijo Rangel.
Para Estados Unidos se trata de mantener su implantación militar en un área vital, que concentra el tránsito naval interoceánico, densa producción y flujo de drogas ilícitas y aporta, desde el punto de vista geoestratégico, una cabeza de playa para su máquina guerrera, la más al sur en el hemisferio.
Esa búsqueda de un "nuevo hogar" para sus fuerzas fue acelerada por la negativa panameña a que la Base Howard, uno de los emplazamientos militares de Estados Unidos que cuidaba el Canal de Panamá, permaneciese como un centro regional antidrogas tras el traspaso de propiedad de la vía interoceánica.
Mientras entregaba las instalaciones de Isla Galeta y la base Rodman, y desocupa el fuerte Sherman, los polídonos de Balboa y Piña, y las bases Howard y Clayton, Estados Unidos ha peregrinado en busca de un nuevo emplazamiento en países vecinos.
Colombia y Perú se rehusaron, mientras que a Venezuela se lo prohibe su Constitución, y en el área centroamericana se eludió el tema por la sensibilidad de tropas estadounidenses, cuando aún está fresco en la memoria el conflicto que ensangrentó el área la década pasada.
Holanda, aliado por el Tratado del Atlántico Norte, prestaría las islas antillanas en frente de América del Sur para instalar centros de combate antidrogas.
Los países del Caribe -y algunas metrópolis europeas- han firmado acuerdos de cooperación, e intercepción de naves sospechosas de llevar drogas.
Rangel reveló que recientemente los embajadores de Estados Unidos, John Maisto, y de los Países Bajos, Niek van Zutphen, le plantearon la necesidad del usar el espacio aéreo venezolano para garantizar la operación en las pautadas instalaciones antillanas.
El diario El Nacional recordó que en marzo visitó Venezuela el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur, y en una entrevista con el presidente Hugo Chávez trató de la cooperación antidrogas y ofreció también ayuda a programas sociales que cumplen militares venezolanos.
"Estamos considerando si hay quebrantamiento de la soberania nacional. Se trata de una decisión venezolana y vamos a abrir un régimen de consultas", adelantó Rangel.
Rangel detalló que la demanda estadounidense-holandesa fue analizada durante el encuentro que sostuvó Chávez, en la frontera venezolana el día 4, con su par colombiano Andrés Pastrana.
Rangel puntualizó que "el planteamiento no es en términos de una base militar" y que el sustento del permiso de surcar el espacio aéreo "es la lucha contra el narcotráfico y nosotros estamos resteados contra ese flagelo".
Pero remarcó que "existen consideraciones de otro orden en este caso".
El presidente y el canciller fueron en el pasado reciente fuertes críticos de una nueva doctrina militar estadounidense según la cual los ejércitos latinoamericanos deben migrar hacia papeles de fuerzas policiales, guardianes del orden público y represión del narcotráfico.
"Estados Unidos considera que las Fuerzas Armadas latinoamericanas resultan mucho más eficientes si combaten al narcotráfico y al terrorismo. El término 'narcoguerrilla' muestra una vinculación que Washington ha venido haciendo sin pruebas suficientes", opinó la internacionalista Vilma Petrásh.
Frente a la "narcoguerrilla" que podría apuntalar un "narcoestado" en el interior de Colombia, por ejemplo, Estados Unidos busca emplazar bases en forma de pinza ante el extremo noroeste de Sudamérica.
Por ello busca sumar a la base caribeña otra en Manta, Ecuador, para la que obtuvo el beneplacito de Ecuador, según lo trascendido, aunque se desconocen los términos del acuerdo.
Junto a las razones geopolíticas de largo aliento están las operativas, cercanas en el espacio y el tiempo. Al perder las bases panameñas, Estados Unidos pierde también una base de observación y seguimiento próximo para los 500 aeropuertos legales y 1.000 pistas clandestinas atribuidas a Colombia.
Por ejemplo, desde Puerto Rico, su emplazamiento militar más al sur en el Caribe, pueden partir aviones Awacs o C-141 que usa Estados Unidos para vigilar naves sospechosas de traficar drogas. Pero llegarían al área de operaciones de los narcotraficantes con demasiado retraso.
Para Venezuela, oponerse a la petición estadounidense crearía un nuevo motivo de fricción en unas relaciones que han tenido varios altibajos durante los primeros 100 días de gobierno de Chávez, al rechazar todo tipo de presiones y reafirmar una política exterior soberana.
Washington, de su lado, ha expresado preocupación porque Chávez mantenga dentro de cauces democráticos e institucionales la "revolución pacífica" que pregona para Venezuela.
Un elemento económico lo aporta el sistema de preferencias que Estados Unidos concede a las exportaciones de los países andinos, como estímulo a su combate antidrogas, y del cual está excluido Venezuela (país petrolero), lo que el gobierno busca modificar.
Quizá como antecedente para la decisión de Caracas puede funcionar que en 1992, en plena crisis desatada por un alzamiento que lideró el entonces teniente coronel Chávez, Estados Unidos recibió luz verde para colocar dos radares antidrogas en los extremos este y oeste de las costas de Venezuela. (FIN/IPS/jz- eg/eg/ip la/99
