humanos y sindicatos de Pakistán rechazaron un decreto gubernamental que básicamente prohíbe todo disentimiento político en ámbitos públicos.
Se trata de la Ordenanza Antiterrorismo, decretada por el presidente Rafiq Tarar, que contempla penas de prisión, hasta siete años, por actos como pegar carteles o redactar grafitos.
La ordenanza, descripta por quienes la rechazan como "draconiana y destinada a reprimir el disentimiento político", fue respondida con huelgas y ocupaciones.
Críticos independientes concuerdan en que el decreto amplió la definición de terrorismo para incluir casi todas las actividades políticas al aire libre que cualquier partido de oposición usaría para expresar su desaprobación de decisiones del gobierno. —-
