MEXICO – La liberación de 16 policías y funcionarios involucrados en la matanza de 17 campesinos opositores en junio de 1995 en el estado de Guerrero, sur de México, fue cuestionada por magistrados, políticos y organizaciones de derechos humanos.
El caso, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue considerado en su momento ejemplo de corrupción y abuso de poder. En 1996, la Corte Suprema de Justicia concluyó en un informe no vinculante que los culpables de la matanza fueron "sin duda" policías y funcionarios.
Cuatro años después de cometido el crimen, solo 15 de los 43 acusados permanecen detenidos y, según los abogados que los defienden ante jueces de Guerrero, pronto saldrán libres por falta de pruebas.
En tanto, familiares de los asesinados y campesinos vinculados a grupos opositores en Guerrero, donde opera el insurgente Ejército Popular Revolucionario, denuncian que policías los hostigan y detienen sin motivo.
Organizaciones de derechos humanos informan, además, que varios habitantes de la zona han sido torturados por soldados.
La liberación de los responsables de matar a 17 campesinos y herir a 23 "es un indignante caso de impunidad, uno más entre cientos", vinculado a altas esferas del poder político, dijo Rosario Herrera, portavoz de la organización civil Coordinadora Democrática.
De los 1,5 millones de delitos que se cometen cada año en México, apenas 85.000 terminan con la detención de los responsables. —-
