Organizaciones de derechos humanos aseguran que la tendencia para terminar con la impunidad de los gobernantes se confirmó con el procesamiento por crímenes de guerra que dictó el Tribunal de la ONU para la ex Yugoslavia contra el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.
El procesamiento dictado el jueves por la fiscal del Tribunal de La Haya, la canadiense Louise Arbour, pocos meses después de la detención en Gran Bretaña a pedido de España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, muestra que ni siquiera los gobernantes en funciones están libres de la justicia, señalaron.
"El procesamiento de Slobodan Milosevic muestra lo lejos que hemos llegado", dijo Reed Brody, director de campaña de Human Rights Watch y uno de los abogados que argumentó ante la Cámara de los Lores británica a favor de la extradición de Pinochet para ser juzgado en España por violaciones a los derechos humanos cometidas por su dictadura entre 1973 y 1990.
Hace sólo unos años había pocas garantías para impedir que dictadores como Idi Amin Dada, de Uganda, o Mengistu Haile Mariam, de Etiopía, gozaran de un pacífico exilio tras el fin de sus regímenes.
Pero en los últimos años, comentó Brody, líderes como Pinochet, Milosevic e incluso miembros del genocida régimen del Jemer Rojo camboyano se enfrentan a la posibilidad de ser sometidos a juicio por sus crímenes.
"Milosevic es el primer jefe de Estado en funciones procesado por violar los derechos humanos, y no será el último", pronosticó Brody.
"El encausamiento sienta un precedente fundamental para el futuro Tribunal Penal Internacional", dijo Michael Posner, director ejecutivo de la organización estadounidense Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
"Refuerza el principio de que las posturas oficiales no se pueden utilizar como defensa para la responsabilidad penal internacional y envía un claro mensaje a los violadores (de derechos humanos) en el futuro", agregó.
El encausamiento este jueves de Milosevic, el presidente serbio Milan Milutinovic, el viceprimer ministro yugoslavo Nokila Sainovic, el comandante del ejército Dragoljub Ojdanic y el ministro del Interior Vlajko Stojiljkovic fortalece el concepto de la "responsabilidad del comando", aseguran activistas.
Según ese concepto, Milosevic puede ser considerado penalmente responsable de las actividades de las tropas que comanda, dijo Holly Cartner, directora de Human Rights Watch en Europa.
Esa responsabilidad se convierte en penal si Milosevic dictó órdenes ilegítimas, como matanzas o deportaciones, los principales crímenes mencionados por el encausamiento de Arbour, o si los delitos son tantos o tan notorios que se supone que los comandantes eran conscientes de ellos, pero no los impidieron.
Las consecuencias de la idea de la responsabilidad del comando son potencialmente enormes.
Los dirigentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que hace dos meses lleva a cabo una ofensiva aérea contra Yugoslavia, también podrían ser procesados si se considera que los bombardeos provocaron gran cantidad de muertes entre los civiles, explicaron activistas.
"Arbour y (la Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas) Mary Robinson declararon que la conducta de las tropas de la OTAN en la ex Yugoslavia se encuentra dentro de la competencia del Tribunal" de La Haya, precisó Brody.
Robinson y Human Rights Watch advirtieron a la OTAN del efecto sobre la población civil que tienen algunos bombardeos, como aquellos contra plantas de energía eléctrica y de suministro de agua potable.
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter advirtió el jueves en un editorial del diario The New York Times que "la insistencia de Estados Unidos en usar bombas de fragmentación, diseñadas para matar o mutilar a seres humanos… provoca el descrédito" de Washington.
Las bombas de fragmentación provocaron la muerte de "cientos de civiles inocentes" en Yugoslavia, afirmó Carter.
Glen Rangwala, de la organización británica Movimiento por el Avance del Derecho Penal Internacional, entregó el jueves a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un informe que acusa al primer ministro británico Tony Blair y sus principales colaboradores de violar leyes humanitarias.
"Hay pruebas abrumadoras de que la OTAN está violando en forma consciente principios cardinales del derecho humanitario", dijo Rangwala en La Haya.
A pesar de esas acusaciones, los 19 países de la OTAN no temen que sus acciones se asemejen a los crímenes atribuídos a Milosevic y los cuatro altos funcionarios yugoslavos procesados.
"La OTAN es amiga del Tribunal (de La Haya). Los países de la OTAN son lo que financiaron la creación" de ese organismo de la ONU, declaró el portavoz de la alianza militar, Jamie Shea.
"Shea sabe que el dueño de la pelota es quien manda", comentó Robert Hayden, director del Centro de Estudios Rusos y de Europa Oriental, de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/fah/aq/ip-hd/99
