El gobierno de Togo debe poner fin al "régimen del terror" que impera en este país de Africa occidental, exhortó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"Un primer paso hacia la reversión del régimen del terror en Togo será eliminar la impunidad con la cual se perpetran, en la actualidad, asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos", declaró Amnistía.
Un nuevo informe de la organización, que IPS obtuvo el miércoles, describe las "matanzas" y "desapariciones" perpetradas por la policía y las fuerzas de seguridad, que no son obligadas a rendir cuenta de sus acciones.
Las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos que resultan, a veces, en la muerte de los detenidos, son parte de la represión organizada que se desarrolla en este país desde 1967, cuando el actual presidente, general Cnassingbe Eyadema, llegó al poder mediante un golpe de Estado.
"La crisis de derechos humanos de Togo sólo podrá resolverse si las autoridades obligan a los que matan y torturan a someterse a la justicia", reza el informe.
El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sane, se prepara para ir a Togo los días 20 y 21, con el objetivo de entablar un diálogo sobre derechos humanos con Eyadema.
La constitución de principios de esta década introdujo cambios democráticos aprobados por referéndum en 1992, inició el camino hacia el pluralismo político y promovió cierta libertad de expresión, pero no logró impedir que las violaciones a los derechos humanos, señaló Amnistía.
La represión fue especialmente cruenta en las dos últimas elecciones.
Las fuerzas de seguridad mataron a cientos de personas, incluso militares, luego de anunciados los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 1998. El mar arrojó cadáveres a las playas de Togo y de la vecina Benín durante varios días.
Los cientos de asesinatos políticos y las decenas de "desapariciones" ocurridas en los últimos años pueden atribuirse a los miembros de las fuerzas armadas y a la policía, que casi nunca comparecen ante la justicia por sus actos.
Las detenciones arbitrarias siguen a la orden del día, según Anmistía. Numerosos civiles y militares estuvieron detenidos durante meses, incluso años, sin que se presentaran cargos o se los llevara ante la justicia.
La mayoría de los arrestados en los últimos cuatro años fueron detenidos por la mera sospecha de pertenecer a la insurgencia o a los partidos de oposición.
Las fuerzas de seguridad torturaron sospechosos sistemáticamente en la última década.
"En el cuartel me recibieron a los golpes, con la culata de los rifles, con palos, con lo que fuera. Me hicieron preguntas sobre mi partido y me acusaron de traficar armas", declaró a Amnistía un ex detenido, miembro de un partido de oposición.
"El teniente ordenó después que me pusieran en una mesa rodeada de soldados. Me golpearon con palos y con hebillas de cinturón. En un momento me caí y me costó volver a pararme. Nadie me ayudó a volver a subir a la mesa", relató.
"Al día siguiente, a las cuatro de la mañana, la policía me sirvió un 'café fuerte' (es decir, lo despertaron a golpes)", agregó.
"Las condiciones de detención en todas las prisiones y cuarteles del país, y en especial en Lomé, son muy rigurosas y no cumplen con las normas internacionales", denunció Amnistía.
"La atención médica y la alimentación (en las cárceles) son totalmente insuficientes, y los detenidos que tienen tuberculosis, por ejemplo, no reciben tratamiento adecuado", agregó.
Amnistía pidió a la comunidad internacional, y sobre todo a Francia, ex potencia colonial de Togo, que deje de suministrarle instrumentos de tortura.
El gobierno de Francia también debería obligar a Togo a aceptar programas de entrenamiento en derechos humanos, como condición para brindarle ayuda militar, sostuvo Amnistía. (FIN/IPS/tra-en/mn/ceb/aq/hd-ip/99
