El asesinato de dos campesinos y la violación de dos mujeres en el estado de Guerrero, al parecer a manos de soldados, avivó reclamos por el fin de la militarización de vastas zonas del sur de México emitidos por grupos de derechos humanos.
Antonio Mendoza, de 12 años, y Albino Téllez, de 27, desaparecieron el 20 de abril en el municipio de Rancho Nuevo, en la región mixteca ocupada por unidades militares desde esa fecha y donde en 1995 surgió un movimiento por la autonomía.
El caso fue tomado en sus manos por Amnistía Internacional, trascendió el jueves. La organización espera el dictamen de su departamento de investigaciones en Londres para adoptar las acciones pertinentes.
Los campesinos desparecieron cuando recogían maíz en una parcela donde después fueron violadas dos mujeres familiares de Mendoza y Téllez, de 33 y 50 años de edad, denunciaron autoridades del municipio declarado autónomo.
Los hechos fueron conocidos por la agencia local del ministerio público y por otras autoridades judiciales que informaron la muerte de los desaparecidos sólo el día 8, indicaron familares de las víctimas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro previó que los asesinatos, violaciones y atropellos a las garantías individuales persistirán mientras el ejército permanezca en la región de La Montaña.
Esta organización no gubernamental reclama el retiro de las fuerzas armadas del área para garantizar los derechos fundamentales de los indígenas de la zona mixteca.
La militarización en vastas áreas de los estados sureños de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, así como de otras zonas del país, comenzó a raíz del surgimiento del movimiento guerrillero zapatista el 1 de enero de 1994.
Tres años después, se intensificó la presencia de tropas en los empobrecidos Guerrero y Oaxaca, donde comenzó a operar entonces el insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR).
"En repetidas ocasiones hemos alertado a las autoridades del peligro que representa para la población indígena la presencia de militares", afirmó Rafael Alvarez, del centro Agustín Pro.
La violación de Victoriana Vázquez y Francisca Santos "muestra el grave riesgo para la seguridad de las personas y las perniciosas consecuencias de la militarización", agregó Alvarez.
Diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas sostienen que la ocupación militar de poblados indígenas ha alterado la vida cotidiana de la gente.
"Los hombres son detenidos cuando salen a trabajar a su milpa (pequeño predio agrícola), sometidos a registros e interrogatorios arbitrarios, así como a maltratos y vejaciones", y "son obligados a cargar las mochilas de los soldados, que saquean las comunidades", acusó Alvarez.
Los familiares de los campesinos, notificados el día 8 de la muerte del menor y de Téllez, divulgaron los hechos esta semana.
Los militares replicaron que los campesinos los atacaron con armas de fuego, lo cual los obligó a repeler la agresión, pero no se refirieron a la violación de las dos mujeres, perpetrada por tres soldados, acusaron las indígenas.
En su denuncia, las víctimas señalaron que "es injusto que los militares suban a las comunidades y no tengan respeto por las personas indígenas, que sólo somos sujetos de violencia, agresión y olvido".
Veinte indígenas mixtecos han sido asesinados desde que surgió el movimiento por la autonomía de la región, mientras el presidente del municipio en rebeldía, Marcelino de los Santos, está encarcelado, según activistas.
Los mixtecos denunciaron múltiples desapariciones de personas, incendios de viviendas y robos de alimentos y ganado en distintos poblados a manos de soldados tras el surgimiento del EPR
En otras zonas indígenas de Oaxaca, más de 100 campesinos han sido encarcelados acusados de pertenecer al EPR, que hizo su aparición pública en un acto de conmemoración de la matanza de 17 campesinos en la sierra de Guerrero. (FIN/IPS/pf/mj/hd/99
