Las denuncias de esclavitud en la isla de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, territorio de Estados Unidos en el océano Pacífico, deben ser objeto de una exhaustiva investigación gubernamental, afirmaron activistas.
"Los últimos acontecimientos sugieren que el patrón de abuso laboral puede estar en aumento" en Saipán, dijeron los activistas en una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno.
Este territorio debe cumplir las leyes laborales y de inmigración que rigen en el resto de Estados Unidos y cuya aplicación allí fue suspendida de forma temporaria en los años 70, cuando las Islas Marianas del Norte se incorporaron al país, agregaron.
La organización no gubernamental Global Survival Network informó el lunes que la servidumbre involuntaria abunda en las industrias de la construcción y la vestimenta y en el sector turístico.
Unos 40.000 trabajadores extranjeros, la mayoría de Bangladesh, China y Filipinas, trabajan en duras condiciones como jornaleros.
Estos trabajadores contribuyen con miles de millones de dólares a la economía del territorio y aportan alrededor de 160 millones de dólares a organizaciones delictivas, según el informe.
Las mujeres contratadas como camareras, procedentes de lugares tan lejanos como Rusia, son obligadas a trabajar como esclavas sexuales. Los funcionarios de las islas niegan que existan redes de proxenetismo en ellas.
Pero el periódico Saipán Tribune informó que la isla "es promocionada como un destino de turismo sexual en el Pacífico" y que "los turistas pueden contratar los servicios de prostitutas por un precio que varía entre 20 y 200 dólares".
Dos investigadores de Global Survival Network entrevistaron a lo largo de ocho meses a 60 trabajadores extranjeros y utilizaron cámaras escondidas para registrar las condiciones de los trabajadores en fábricas y clubes nocturnos de Saipán.
El informe describió los dormitorios de los trabajadores como "cuarteles" patrullados por guardias de seguridad y rodeados por alambre de púas.
Los emigrantes son deslumbrados por las redes internacionales de tráfico de personas, que prometen un buen trabajo en Estados Unidos.
Para conseguir empleo, pagan a los traficantes 5.000 dólares promedio por el viaje y el derecho a trabajar. Algunos obtienen el dinero empeñando las pertenencias de sus familias y otros piden préstamos que luego esperan pagar con trabajo.
Al llegar, manifiestan "una gran conmoción y consternación al descubrir que 'Saipán, Estados Unidos' no es más que una isla de 404 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico", dijo la Global Survival Network en su informe.
Además, agregó, el salario mínimo legal de Saipán es de 3,05 dólares por hora, cuando el del continente asciende a 5,15 dólares.
Incluso trabajando 12 horas por día y siete días por semana, la mayoría no pueden pagar sus deudas, ganarse la vida y enviar dinero a casa. Con frecuencia, nunca cobran salario porque están sujetos a deducciones por alimento y alojamiento.
Los residentes de las islas disfrutan de todos los privilegios de la ciudadanía estadounidense, excepto el derecho a votar en elecciones federales. Además del salario mínimo, tienen derecho a la seguridad social, subsidio por desempleo y bonificaciones.
Los trabajadores inmigrantes, que no están contemplados en estas disposiciones, duplican el número de trabajadores originarios de Saipán. "Sin embargo, alrededor de 16 por ciento de los ciudadanos estadounidenses locales están desempleados", según el informe.
Los trabajadores que presentan quejas ante las autoridades de las islas pueden obtener "órdenes administrativas" que confirmen su derecho a miles de dólares en salarios impagos o compensaciones por perjuicios, pero los fallos carecen, en la práctica, de fuerza.
Cuando los empleadores son presionados para pagar, simplemente se declaran en quiebra o huyen del territorio, según el informe, que cita documentos oficiales e informes de medios.
Las autoridades del continente tomaron algunas medidas. El Departamento (ministerio) de Trabajo de Estados Unidos está cobrando los pagos atrasados en nombre de algunos trabajadores de clubes nocturnos y el Departamento de Justicia procesó a tres hombres por tráfico de mujeres chinas.
Sin embargo, las gestiones para aprobar el proyecto denominado Ley de Dignidad Humana de las Islas Marianas del Norte se estancaron en la Cámara de Representantes.
Los activistas señalan a Tom DeLay, del Partido Republicano mayoritario en el Congreso legislativo, como responsable de frustrar los esfuerzos de promover la legislación.
DeLay afirmó que el proyecto de ley "mataría la libertad económica". El legislador, afirman los críticos, tiene relaciones financieras con fábricas en Saipán.
Los sindicatos y organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos presentaron en enero tres demandas judiciales, alegando que fabricantes asiáticos establecidos en Saipán explotan a trabajadores extranjeros en fábricas que producen ropa para 17 comerciantes estadounidenses como Gap, Tommy Hilfiger y Wal-Mart.
Algunas de las empresas compradoras en el continente argumentaron que a los trabajadores extranjeros de Saipán se les paga y trata mejor que en su lugar de origen.
Los defensores de los trabajadores reconocen que eso es verdad en algunos casos, pero continúan afirmando que tienen fundamentos legales sólidos para sus demandas.
Además de violaciones a las leyes laborales estadounidenses, las demandas alegan violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje Sistematizado, concebida para luchar contra el crimen organizado.
Las compañías saben que los empleados son suministrados por traficantes y empleados en fábricas que los explotan, según los acusadores.
Las firmas, que niegan cualquier conocimiento interno, recibieron más de 150 citaciones en abril para descubrir pruebas de complicidad.
Las compañías declinaron hacer comentarios sobre los litigios en curso, pero procuraron trasladar las audiencias desde California, donde las demandas se presentaron en una corte federal, a Saipán. Se trata de un intento de evitar la cobertura de los medios, según los querellantes.
La industria de la vestimenta de Saipán genera alrededor de 1.000 millones de dólares por año en ganancias de exportaciones.
El gobierno de las islas obtiene casi un cuarto de su presupuesto de los impuestos a las prendas de vestir y la industria proporciona a la Autoridad Portuaria de las islas 53 por ciento de sus ingresos, según informes oficiales y periodísticos.
Los fabricantes de ropa del continente se quejaron de que la condición territorial de Saipán permite a fábricas que son propiedad de compañías asiáticas colocar en sus productos etiquetas que dicen "hecho en Estados Unidos" y enviarlos a este país sin pagar aranceles ni cuotas.
De ese modo, las empresas de Saipán evitan pagar 200 millones de dólares por año en tarifas arancelarias, según el Departamento del Interior de Estados Unidos, que vigila el territorio.
Sin embargo, los funcionarios de las islas afirmaron que debido a que utilizan el dólar enfrentan una mayor competencia de los fabricantes asiáticos, cuyas monedas cayeron desde 1997, bajando increíblemente sus precios. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/at/mj/hd lb/99
