El juez Baltasar Garzón rechazó los argumentos del fiscal Ignacio Peláez contra el pedido de extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres, informaron fuentes de la Audiencia Nacional.
Los argumentos jurídicos presentados por el Fiscal el domingo pasado coinciden con los que esgrime la defensa de Pinochet en su principal alegación, consistente en señalar la inexistencia de españoles en los casos de tortura cometidos en Chile después del 8 de septiembre de 1988.
El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña decidió el 24 de marzo que Pinochet podría ser extraditado a España para ser juzgado por los delitos de tortura y conspiración para perpetrarla, aunque sólo por casos posteriores al 8 de septiembre de 1988.
Se trata de la fecha en que Gran Bretaña firmó la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Degradantes. Pinochet tomó el poder en 1973 y lo abandonó en 1990.
A partir de la decisión de los Lores, y por pedido de la Fiscalía británica, Garzón remitió información que complementa el pedido de extradición, pero no una ampliación de ésta.
Además de agregar datos sobre casos de tortura en el período posterior a 1988, el juez español informó sobre más de mil personas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet que aún hoy continúan desaparecidos.
Los abogados británicos defensores de Pinochet presentaron el jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres una "application" (solicitud de permiso) para impugnar la resolución del ministro del Interior, Jack Straw, que autorizó el juicio de extradición.
El fiscal Peláez señaló que la justicia española carece de competencia "para reclamar la extradición por delito de tortura cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles".
La defensa del ex dictador chileno subraya la inexistencia de españoles entre las víctimas y plantea que el juez Garzón está bajo la influencia de personas que quieren "vengarse del general (retirado) Pinochet", aludiendo a una presunta confabulación política.
En un auto fechado el día 4 y al que el jueves tuvo acceso IPS, Garzón rechazó la recusación planteada por el Peláez, partiendo de una primera afirmación: el auto recusado no constituye una ampliación del pedido de extradición.
El juez dice que la afirmación del fiscal es "sorprendente" y que le llama la atención que no haya presentado la recusación antes, "en casos idénticos".
Según Garzón, el recurso de Peláez es "incongruente" y la referencia que éste hace a la decisión de Straw "sólo puede tener como explicación el desconocimiento o la falta de lectura sosegada de la misma".
Así mismo, aclara que, por entender que Peláez actuó por desconocimiento o lectura apresurada, no solicita a la instancia superior que se aplique al Fiscal un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que en todos los procedimientos se respetará la buena fe.
Ese artículo ordena el rechazo de las peticiones "que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal".
Garzón señala otra incongruencia al fiscal, al decirle que no debe olvidar que la petición de información suplementaria no le fue hecha por el Ministerio del Interior británico, sino por la Fiscalía británica.
No es con el Ministerio, sino con esa Fiscalía (Crown Prosecutor Service) con quien se entiende el Juzgado, prosigue Garzón, y añade que ese organismo "está tramitando con esmero y profesionalidad la petición de extradición solicitada por España".
Fuentes de la acusación popular actuante en el juicio contra Pinochet señalaron a IPS que existe una coincidencia entre los argumentos del fiscal y los de la defensa del general retirado.
Pero aún en el hipotético caso de que una instancia superior a Garzón resolviera que sólo podría tramitarse la extradición si hubiera víctimas españolas, el pedido también procedería, pues hay españoles entre los 1.198 secuestrados en Chile que continúan desaparecidos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas entienden que la desaparición es asimilable a la tortura, sufrida por la víctima y sus familiares.
Además, que mientras no aparezca la persona secuestrada o se certifique su muerte, el delito se continúa cometiendo.
Por último, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España, al rechazar en su momento otro recurso de la Fiscalía y respaldar la actuación de Garzón, lo hizo por la unanimidad de sus once miembros y no limitó la investigación a las víctimas españolas. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/99
