Dos generales retirados de El Salvador, residentes en Estados Unidos desde hace una década, fueron demandados ante los tribunales de este país por su participación en los asesinatos de cuatro mujeres estadounidenses cometidos en territorio salvadoreño en 1980.
La demanda apunta a los generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, figuras clave en la campaña de contrainsurgencia que, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se llevó a cabo en El Salvador a fines de los años 70 y principios de los 80.
Ambos hombres residen en Florida, en el sur de Estados Unidos.
Los demandantes, entre ellos las familias de las tres religiosas y una trabajadora laica asesinadas, la organización neoyorquina Comité de Abogados por los Derechos Humanos (LCHR) y varios legisladores de este país, quieren que los generales sean deportados.
"No creo que Vides Casanova y García se merezcan ni una taza de café en Estados Unidos, menos aun la residencia. Pensamos que deben ser deportados, no pertenecen en este país", dijo a la prensa este jueves el legislador James McGovern.
La demanda también pretende que se publiquen documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono (ministerio de Defensa) que tendrían datos no revelados de los asesinatos.
Los crímenes causaron la suspensión de la ayuda militar a El Salvador durante el final de la presidencia de Jimmy Carter.
La iniciativa pondrá a prueba la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, una norma aprobada en 1995 que permite a las víctimas de este tipo de crímenes y sus sobrevivientes demandar a los funcionarios que cometieron los abusos y también a los comandantes con la autoridad y responsabilidad para impedirlos.
Varias víctimas de tortura utilizaron la norma o una anterior en contra de funcionarios extranjeros residentes en Estados Unidos. Militares de Argentina, Etiopía, Guatemala e Indonesia, y el ex presidente filipino Ferdinando Marcos, fueron demandados en la última década.
La demanda tiene lugar mientras crece el interés en el mundo por enjuiciar a los violadores de derechos humanos, sobre todo frente a las amnistías decretadas por regímenes militares antes de entregar el poder a gobiernos civiles.
"Desde el caso del (ex dictador chileno Augusto) Pinochet hasta el acuerdo sobre el Tribunal Penal Internacional, comenzamos a percatarnos de la dimensión plena que tiene el derecho internacional como herramienta, no sólo como tema de conversación", señaló el LHCR.
El último caso es planteado por las familias de las tres monjas Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel, y la misionera laica Jean Donovan, quienes fueron secuestradas de su camioneta, violadas y asesinadas el 2 de diciembre de 1980.
Los asesinatos causaron sensación en Estados Unidos, donde se convirtieron en fuente de enfrentamiento entre los defensores de los derechos humanos y funcionarios del gobierno electo de Reagan, y en El Salvador, donde confirmaron que nadie, ni siquiera religiosas estadounidenses, estaban a salvo de la represión de los militares y los escuadrones de la muerte.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigó el caso y, a pesar de intentos de encubrimiento, cuatro agentes de la Guardia Nacional y su suboficial, Luis Antonio Colindres Alemán, fueron finalmente detenidos por el crimen.
En mayo de 1984, bajo intensa presión de Washington, los cinco fueron procesados y condenados a 30 años de prisión.
El gobierno de Reagan consideró el caso como un gran avance para poner fin a la impunidad militar en El Salvador y para mejorar la causa de los derechos humanos.
Luego de la victoria electoral en junio de 1984 del demócrata cristiano José Napoleón Duarte, la política del gobierno hacia El Salvador dejó de llamar la atención de los medios de comunicación y el Congreso.
El gobierno de Reagan se declaró satisfecho con el veredicto y aseguró que Colindres Alemán actuó por su cuenta, aunque se negó a publicar "pruebas especiales" en poder de la embajada estadounidense en El Salvador.
Pero los familiares de las religiosas y el LCHR, convencidos de que los asesinatos fueron ordenados por mandos militares superiores, siguieron adelante con el caso.
La Comisión de la Verdad salvadoreña, que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, informó en marzo de 1993 que los cinco militares ejecutaron a las mujeres por órdenes de sus superiores, y que los altos mandos sabían de los crímenes y los ocultaron.
En el momento de los asesinatos, Vides Casanova dirigía la Guardia Nacional, y García, quién "no realizó gestiones en serio para investigar a los culpables de los asesinatos", según la Comisión de la Verdad, era ministro de Defensa.
En 1989, mientras se negaba el ingreso a este país a miles de salvadoreños, los dos hombres obtuvieron la residencia permanente en Florida.
"Los dos consiguieron la residencia con una rapidez récord", aseguró el legislador Joe Moakley, quien el año pasado exigió una aclaración al respecto del Departamento de Justicia.
Desde entonces, el Departamento de Estado (cancillería) liberó cientos de documentos sobre el caso, incluso las "pruebas especiales" de la embajada que, según el LCHR y una revisión oficial, no prueban si Colindres Alemán actuó según órdenes superiores o no.
Pero el documento de la embajada sí establece que "el hombre designado por Vides Casanova para encabezar la investigación llevó a cabo un encubrimiento con los Guardias para fabricar y alterar la evidencia", señaló el LCHR, que en 1998 entrevistó a los cuatro militares.
Los cuatro admitieron entonces por primera vez que habían actuado bajo órdenes superiores. Colindres Alemán, quien obtuvo la libertad bajo palabra, se negó a colaborar. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/hd/99
