Integrantes de un tribunal informal internacional que juzgan en Colombia la masacre de 32 civiles dijeron que de ninguna manera intentan suplantar la justicia ni violar la soberanía de este país.
El Tribunal Internacional de Opinión (TIO) sesionará hasta este domingo en Barrancabermeja, en el noroeste, convocado por 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y 70 canadienses que responsabilizan al Estado colombiano por los hechos ocurridos el 16 y 17 de mayo del año pasado, aún impunes.
La actuación del tribunal fue calificada el jueves por el gobierno de Andrés Pastrana como "una intromisión flagrante en asuntos que le corresponden a la nación", con la que se pretende "ejercer una influencia inaceptable sobre la justicia colombiana"
Nibaldo Galleguillos, representante del Consejo de Iglesias Canadienses, aclaró que la función del tribunal es "crear una conciencia más amplia, tanto nacional como internacional, acerca de las violaciones a los derechos humanos" en este país y de ninguna manera reemplazar sus instituciones judiciales
Galleguillos dijo que las víctimas de la masacre de Barrancabermeja, puerto petrolero de 250.000 habitantes, no integraban la guerrilla ni los grupos paramilitares de derecha, por lo que, al no ser combatientes, el hecho pasó a convertirse "en un crimen de lesa humanidad, de juridicción internacional".
El presidente del TIO, Giuliu Girardi, afirmó que si la justicia colombiana no toma acciones contra los responsables de la masacre, "el gobierno de Canadá o de cualquier otro país que tenga pruebas en su contra puede solicitarlos y juzgarlos".
En opinión de Gerardi, "las masacres son delitos de lesa humanidad, interesan a todos los seres humanos" y el propósito del TIO es que el gobierno de Colombia entienda que debe encargarse de este tipo de casos para que no queden impunes.
Eduardo Cifuentes, presidente de la Corte Constitucional (que tutela el cumplimiento de la carta política), dijo a IPS que, si bien el tribunal no tiene validez jurídica, su actuación "es un estímulo muy grande para sancionar a los violadores de los derechos humanos".
Cifuentes opinó que si el país no es capaz de castigar a los autores de violaciones de los derechos fundamentales, corre el riesgo de perder su soberanía y que sean otros agentes externos los que tengan que actuar.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman), en tanto, señaló que la masacre de Barrancabermeja es parte de una situación generalizada de violencia que enfrenta el país, en la que cada día son asesinadas al menos tres personas "por distintos actores armados"
Las cifras de la Defensoría indican que en las masacres ocurridas durante 1998 murieron 1.231 personas.
El TIO pertenece al género de tribunales de opinión que no poseen investidura estatal y está integrado por jueces internacionales, un defensor del Estado colombiano, un acusador y una secretaria operativa.
Girardi afirmó que el tribunal vino a Colombia por solicitud de los familiares de las víctimas de la masacre y las ONG que no encuentran satisfacción en las instituciones judiciales, "porque los crímenes quedan impunes debido a que los responsables son funcionarios del gobierno".
El TIO fue convocado tras la investigación que realizó Jeffrey House, abogado especializado en derechos humanos de Toronto, Canadá, que estuvo en Barrancabermeja entre enero y febrero de este año.
House, fiscal del caso, dialogó con familiares de las víctimas, abogados y autoridades locales y recogió pruebas y testimonios que, según indicó, le permiten afirmar que existió por parte del Estado "ceguera intencional" para no aclarar los hechos.
El tribunal aceptó también el argumento presentado por el fiscal de que existe responsabilidad penal, criminal y legal de los oficiales públicos que fracasaron en su deber de proteger a la población civil.
Un comando de 50 paramilitares de derecha ingresó el 16 de mayo de 1998 a la ciudad de Barrancabermeja protegida por cerca de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25 a las que dieron muerte al día siguente.
Los asesinatos fueron reivindicados por las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tienen como estrategia atacar sectores de la población civil que identifican como base social de la guerrilla.
Según el TIO, lo que se espera ahora es que el "la justicia colombiana castigue a los responsables" sin importar que integren "los circulos militares o políticos".
Gonzalo de Francisco, portavoz del gobierno, afirmó que la investigación penal que lleva a cabo la unidad de derechos humanos de la fiscalía se encuentra activa y existe una persona vinculada con orden de detención preventiva y dos con orden de detención para ser interrogadas. (FIN/IPS/yf/dm/hd/99
