El gobierno de Brasil incluirá en su Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) temas económicos y sociales, como la erradicación del trabajo infantil y en condiciones de esclavitud, y un ingreso mínimo para familias muy pobres.
La decisión se adoptó en la IV Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que reunió el jueves y viernes en Brasilia a las principales instituciones oficiales y no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos básicos para discutir una revisión del PNDH, en vigencia hace tres años.
El concepto de derechos humanos se amplía a las necesidades sociales, económicas y culturales.
"La pobreza es una violación de los derechos humanos, que intensifica la insatisfacción social y aumenta la precariedad de los derechos sociales y políticos", sostuvo el secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, al concluir la Conferencia.
La mortalidad infantil en el noreste del país, el analfabetismo, el desempleo y las desigualdades raciales fueron apuntadas por Gregori como cuestiones de emergencia, que también deben ser tratados en la discusión sobre derechos humanos.
La actual crisis financiera reveló una conquista "descomunal" de ciudadanía por parte de los brasileños, según el secretario.
"Cada ciudadano decidió que la inflación no debería volver, sin ninguna movilización impulsada por las autoridades, sin la creación de organismos de seguimiento de precios o decretos de congelación, sino por la actitud de todos en el supermercado", arguyó.
Gregori afirmó que las consecuencias de la globalización económica también deben ser incluidas en la discusión sobre los derechos sociales y económicos.
Su preocupación se vincula a las turbulencias financieras y al capital especulativo, que "en un momento de crisis abandona el país y busca descalificarlo".
Sin embargo, en la práctica, pueden tardar los efectos de las resoluciones de la Conferencia.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso es fuertemente criticado, tanto por la oposición como por parlamentarios que lo respaldan, a causa de los recortes presupuestarios que debió hacer en el área social para cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nilmario Miranda, del opositor Partido de los Trabajadores, aplaudió la inclusión de los derechos sociales en las políticas del gobierno, pero admitió dificultades en su ejecución.
"Es un hito en la lucha por los derechos humanos, que la Conferencia haya decidido que su bandera sea social, cambiando la política anterior que se concentraba en los derechos civiles", declaró Miranda.
El diputado duda, en cambio, que la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, vinculada al Ministerio de Justicia, pueda influir suficientemente en la política económica actual.
Los avances en derechos civiles y políticos impulsados por el PNDH en los tres últimos años pueden sufrir retrocesos por la reducción de inversiones sociales y el desempleo, ya que la consecuencia es el aumento de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, señaló.
Por eso la Conferencia aprobó también el envío a la Organización de las Naciones Unidas de un informe alternativo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre la aplicación en Brasil del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1992.
"Llevaremos a Ginebra un informe mostrando que Brasil no cumplió nada del compromiso asumido", señaló Miranda.
Sigue siendo insatisfactorio el avance en derechos a la alimentación, a servicios de salud, acceso a la tierra y asistencia a la familia, destacó.
La Conferencia dispuso que el informe alternativo fuera elaborado por las ONG nacionales y tendrá a la Comisión de la Cámara de Diputados y al Movimiento Nacional de Derechos Humanos como responsables de la investigación, además de un seminario que le servirá de base.
Otra resolución de la Conferencia reclama del gobierno la aprobación de un protocolo que permita quejas de grupos o individuos ante violaciones de derechos sociales, económicos y culturales.
Los participantes propusieron también que el presidente Cardoso asuma el compromiso de prohibir el bloqueo de recursos destinados al área social, previstos en el presupuesto gubernamental de 1999, para lo que esperan contar con el apoyo del Congreso Nacional. (FIN/IPS/jap/dm/hd/99
