Una organización de derechos humanos de Argentina pidió un tribunal militar para uno de los candidatos a asumir el comando del Ejército, un general que niega haber estado al frente de una prisión clandestina durante la dictadura (1976- 1983).
Simón Lázara, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explicó a IPS que la presentación fue hecha ante el comandante del Ejército, general Martín Balza, autor de una histórica autocrítica de la fuerza por la represión ilegal.
El general Eduardo Cabanillas, titular del II Cuerpo del Ejército, es uno de los seis generales en condiciones de suceder a Balza cuando el comandante se retire después de octubre, tras los comicios para elegir al sucesor del presidente Carlos Menem.
Cabanillas fue señalado por organizaciones de derechos humanos y medios periodísticos por operar en el centro de detención ilegal conocido como "Automotores Orletti", en Buenos Aires, en donde estuvieron recluidos argentinos y extranjeros.
Los organismos sospechan que Cabanillas tuvo participación activa en la "Operación Cóndor", coordinación de operaciones de secuestro, torturas, prisión y desaparición de opositores entre los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80.
Pero la denuncia más saliente contra el general en actividad fue la de Juan Gelman, considerado el mayor poeta vivo de Argentina, quien pidió en una carta pública a Balza que indague a Cabanillas por la desaparición de su hijo, su nuera y su nieto, al que sigue buscando.
Balza respondió que Cabanillas, ascendido con acuerdo del Senado, afirmó al ser consultado que nunca estuvo en ese centro ni en ningún otro establecimiento dedicado a la represión durante la dictadura, y que desconocía a la familia de Gelman.
Pero la Asamblea Permanente apoyó a Gelman y, en base a su propia indagación, comprobó que Cabanillas habría logrado borrar de su foja de servicios su paso por esa cárcel ilegal que en la jerga represiva era conocida también como OT 18.
La Asamblea supo que el general estuvo destinado en los años 70 a la Escuela Superior de Guerra, al Servicio de Inteligencia del Estado, y en sus fundamentos al pedido de que se lo someta a un tribunal militar hecho el lunes pasado añadió que en 1977 estuvo seis meses al frente del OT 18.
Para Lázara, la situación es grave porque el general, que podría suceder a Balza y ser jefe del Estado Mayor del Ejército, faltó a la verdad y, por lo tanto, no es una persona confiable.
La solicitud de juicio militar a la conducta de Cabanillas es un recurso al que ya apeló la Asamblea cuando se supo que el general retirado Antonio Bussi, actual gobernador de Tucumán y ex represor en los años 70, mintió acerca de una cuenta bancaria.
Bussi había negado que tuviera dinero depositado en el exterior, y, a raíz de la investigación que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón acerca de la dictadura argentina, debió reconocer que la cuenta era suya, por lo que fue "apercibido" por el tribunal castrense. (FIN/IPS/mv/mj/hd/99
