La violencia familiar que sufren más de 30 millones de mujeres en América Latina y el Caribe ha sido insuficientemente combatida y debe ser parte integral de las políticas de derechos humanos y de desarrollo de los gobiernos.
Así lo afirmaron expertos que debatieron en Montevideo la situación de la violencia familiar en la región, convocados por el Programa de Seguridad Ciudadana del gobierno uruguayo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"El trabajo nos permitió avanzar en la toma de conciencia para combatir este tipo abusos que violan los derechos humanos e interfieren con las políticas de desarrollo de los países", dijo a IPS el abogado Carlos Bastón, director del Programa.
La socióloga chilena Soledad Larrain señaló que hasta hace poco tiempo la violencia familiar fue un tema tabú, condenado a la invisibilidad social, el silencio de la intimidad del hogar y la justificación por las costumbres sociales.
Los primeros estudios sobre la violencia familiar en América Latina comenzaron a fines de los años 80 y aunque se avanzó en su combate, el tema "continúa siendo marginal" y los recursos de que disponen los gobiernos son insuficientes, dijo la consultora del BID.
No se trata de un problema nuevo, sino de uno poco conocido durante largo tiempo porque se basa en conductas "que en el pasado fueron aceptadas y además se entendían circunscritas al ámbito de la vida privada", puntualizó la psicóloga venezolana Hanna Binstock.
Los participantes en el encuentro coincidieron en que la atención y protección a las víctimas deben ser parte integral de las políticas nacionales de derechos humanos y desarrollo.
"Es necesario tener una propuesta integtral que permita entregarle a las mujeres herramientas para favorecer su condición de igualdad y ejercicio de sus derechos ciudadanos", afirmó Larrain.
Pero no sólo las políticas inadecuadas o la falta de recursos impiden un combate adecuado a ese fenómeno, sino que también influye la pasividad de las víctimas de abuso en denunciar esos hechos.
Para la psicóloga argentina Eva Giberti, cuando una mujer golpeada toma la iniciativa de formular una denuncia, lo hace luego de una "decisión compleja" que implica también un sentimiento de vergüenza.
"Es que deben denunciar como golpeador o violento al hombre con el que eligieron vivir, es decir, recocer su propio error (y están) impregnadas por el miedo a las posibles represalias", afirmó.
Y saben que "en caso de sancionarlo mediante prisión, ello implicará la pérdida de los ingresos económicos para la familia", añadió.
Algunas cifras expuestas durante la reunión sobre la situación en Uruguay son similares a las del resto de la región. El 71 por ciento de las mujeres víctimas de violencia física admiten que ésta comenzó entre el noviazgo y el tercer año del matrimonio.
Un estudio reveló que existen direferencias de abuso con relación al nivel socioeconómico. En el de menores ingresos, la violencia comienza más frecuentemente en el noviazgo que en el medio y alto.
En el nivel alto, 80 por ciento de las situaciones de violencia comienzan entre el noviazgo y el tercer año, y sólo 6,7 por ciento luego del décimo año.
Mientras tanto, en el nivel medio, 67,3 por ciento de la violencia comienza entre el noviazgo y el tercer año de vivir en pareja, y en el nivel bajo el porcentaje crece a 73 por ciento considerando los mismos parámetros.
El consumo de alcohol o drogas es el doble más alta en los cónyuges o convivientes de las mujeres víctimas de violencia familiar que de aquellas que no sufren violencia.
En casi 30 por ciento de los hogares donde hay violencia por parte del hombre, éste consumió gran cantidad de alcohol o drogas en el mes previo a la agresión.
Un estudio de Larrain indica que en Chile las mujeres de sectores sociales altos son las que menos declaran situaciones de violencia y cuando lo hacen se refieren a la psicológica.
En ese país, el 30 por ciento de las mujeres no ha revelado su situación de violencia, una situación que contrasta con la de Nicaragua, donde el porcentaje que nunca buscó apoyo se eleva al 80 por ciento.
En América Latina, Colombia presenta las cifras más altas de denuncias policiales de violencia doméstica, con 27 por ciento.
Cifras divulgadas durante la reunión indican que existe coincidencia en estudios realizadios en Nicaraguay, Chile, Uruguay y Perú en relación a que el ingreso familiar y la situación de pobreza son un factor de riesgo significativo para la presencia de violencia.
Esos estudios también indican que cuanto mayor es el nivel educativo del hombre, menor es la violencia física y mayor la psicológica.
En los últimos años se comenzaron a evaluar los costos que significa la violencia hacia la mujer. En 1997 se realizaron estudios en Chile y Nicaragua.
Los resultados muestran que en Chile las mujeres que son víctimas de violencia trabajan en menor porcentaje fuera del hogar y cuando lo hacen sus ingresos son significativamente menores que las que no sufren violencia.
En Nicaragua, los resultados son similares en relación al ingreso, pero no en cuanto a la integración al trabajo. Las mujeres víctimas de violencia reciben remuneraciones significativamente menores a aquellas que no lo son.
En Uruguay, la situación económica de las mujeres también se ve afectada por la violencia. La víctima tiene trabajo más inestable y menores salarios que las que no lo son. (FIN/IPS/rr/ag/hd/99
