Ambientalistas y sindicatos reclamaron a los gobiernos medidas urgentes contra la pesca ilegal y el sistema de "bandera de conveniencia", por el cual barcos pesqueros se registran en países que no respetan las normas internacionales que rigen al sector.
El sistema de "bandera de conveniencia" favorece la propagación de la pesca ilegal y no declarada mediante una "escapatoria legal", sostuvieron.
Según la ley marítima internacional, la bandera que flamea en un barco indica cuál es el país responsable por las actividades de esa embarcación. Algunos propietarios de pesqueros se registran en países que no cumplen con la legislación internacional y las regulaciones ambientales.
Esos barcos pescan, a menudo, en aguas situadas dentro de la jurisdicción de países en desarrollo que carecen de recursos para obligarlos a cumplir la legislación existente y que no pueden patrullar sus costas, explicaron los ambientalistas.
"Cerca de 1.200 barcos que usan bandera de conveniencia vagan por los océanos y roban pescado en los países en desarrollo, ignorando los acuerdos de pesca internacionales. Luego lo venden en Europa, Japón y Estados Unidos", protestó Matthew Gianni, coordinador de la campaña marítima de Greenpeace Internacional.
El viceprimer ministro de Gran Bretaña, John Prescott, también protestó contra esas prácticas en una conferencia internacional celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
Los ministros de Ambiente de todo el mundo consideran la situación de los océanos y las pesquerías desde el miércoles y hasta el fin de esta semana en la Comisión Anual de Desarrollo Sostenido, que supervisa la implementación de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992.
"Hice campaña contra el uso de banderas de conveniencia, que costaron la vida a varios marinos mercantes, a lo largo de toda mi vida como marino y político", dijo Prescott respecto de la laxitud con que se cumplen las regulaciones de trabajo y seguridad.
Los ministros sostuvieron que éste y otros asuntos marítimos deberían ser discutidos, e instaron a la Asamblea General de la ONU a crear un grupo de trabajo para discutir sobre los problemas marinos y también sobre las leyes internacionales existentes sobre océanos y pesquerías.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que 70 por ciento de las principales reservas de pescado del mundo entero ya están agotadas, o al menos sometidas a una explotación excesiva.
La demanda mundial de productos del mar excederá la oferta en la próxima década, anunció la FAO.
Existen varias normas de alcance planetario que regulan la sobrepesca en aguas internacionales, entre ellas la Convención de la ONU sobre la Legislación del Mar, ratificada por 130 países y en vigor desde 1994.
Pero los grupos ambientalistas se quejan de que la ley se aplica en forma demasiado laxa.
Igualmente, el Acuerdo sobre Especies Ictícolas Altamente Migratorias aún no entró en vigencia, y sólo fue ratificado por cuatro de las 20 principales naciones pesqueras.
Greenpeace, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y otros grupos difundieron la semana pasada en la Comisión un informe titulado "Aguas en problemas: Polución pesquera y banderas de conveniencia".
"El problema de las banderas de conveniencia se convirtió en una amenaza para el desarrollo sustentable del transporte marítimo, la protección del ambiente marino y la utilización sustentable de los recursos marinos vivos", según el informe.
Los cuatro países que se rigen por el sistema de las banderas de conveniencia son Belice, Honduras, Panamá y San Vicente y Granadinas, según el Servicio Marítimo Lloyd. Juntos, proveen banderas de conveniencia a más de tres cuartas partes de los barcos pesqueros de todo el mundo, según Greenpeace.
"Según el sistema de banderas de conveniencia, cada barco paga los derechos que establece el país del caso para darle una bandera a fin de que puedan pescar dónde prefieran, del modo que más les guste y sin que nadie haga preguntas", explicó Gianni.
Los gobiernos de los principales países pesqueros también tienen responsabilidad por el uso de banderas de conveniencia, ya que no obligan a las compañías que operan y poseen flotas a cumplir con las normativas vigentes.
Según datos brindados por Lloyd, 94 barcos con la bandera de un solo país de los que brindan banderas de conveniencia son propiedad de compañías registradas en países de la Unión Europea.
"La pesca ilegal es 10 veces mayor que lo declarado por la industria pesquera legal", según expertos.
"Nos inquieta que algunas especies como la corvina de la Antártida se extingan antes de que nosotros lleguemos a enterarnos de lo que sucede en el fondo del mar", manifestó Sutton.
La corvina de la Antártida es parte importante de la cadena alimenticia, ya que integra la dieta de las ballenas y los lobos marinos. Su carne blanca y sabrosa es muy apreciada en Estados Unidos y en Japón.
Greenpeace capturó en marzo al Salvora, barco propiedad de una compañía española registrado en Belice, dedicado a la pesca ilegal de corvinas en el Atlántico sur.
Gianni señaló que ese fue uno de los 100 barcos de la región que se dedican a la pesca ilegal. El contenido del barco fue vendido a una compañía chilena que vende a Estados Unidos, Japón y Europa, según se informó.
"El Salvora es un caso típico de pesca con bandera de conveniencia", explicó Gianni.
Murray France, director ejecutivo de Kailis y France Foods, que realiza una operación legal en Perth, Australia, dijo estar "muy preocupado" por la pesca ilegal. La firma pesca corvinas en aguas subantárticas desde 1994.
France declaró que en 1997, la compañía "encontró 13 o 14 pesqueros en la zona de pesca de Australia, que, por supuesto, no tenían permisos, y no respetaban los procedimientos ambientales que nosotros exigimos". (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ceb/mj/en dv/99
