Las autoridades de México calificaron de simple falla técnica el accidente ocurrido hace cuatro meses en la única central nuclear del país, que había encendido las luces de alarma ante una posible crisis de seguridad en el lugar.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) admitió finalmente a principios de mes versiones de prensa según las cuales el 22 de diciembre hubo un accidente en la central de Laguna Verde, en el suroriental estado de Veracruz.
El hecho habría sido ocasionado por un técnico estadounidense de la empresa General Electric que al trabajar en estado de ebriedad provocó, al parecer, la liberación descontrolada de material radiactivo.
La CNSNS emitió el fin de semana pasado el resultado de una investigación, según la cual el percance fue ocasionado por una falla en el sistema de frenos de una grúa que realiza maniobras de carga y descarga de combustible.
La comisión descartó que el hecho provocara situación de emergencia alguna ni riesgos de impacto radiológico para los trabajadores que operan la central nuclear o para las poblaciones aledañas.
"La historia de Laguna Verde ha estado envuelta en un velo de misterio. Todos los accidentes son siempre encubiertos y jamás se ofrece una evaluación de daños", dijo a IPS Homero Aridjis, presidente del ambientalista Grupo Internacional de los Cien.
Derrames de residuos contaminantes a la laguna que da nombre a la central, trabajadores afectados de radiactividad y otros percances "son hechos que las autoridades niegan, eludiendo sus responsabilidades bajo el amparo del encubrimiento", explicó Aridjis.
El Grupo de los Cien se opuso a la apertura de la central en 1990 "no sólo por las posibilidades de un desastre nuclear sino porque ha sido además un desastre económico por la corrupción en su administración", explicó.
La organización alertó sobre "el riesgo latente de un accidente serio" en Laguna Verde, en las costas del Golfo de México.
El directivo ambientalista se quejó de que "no haya autoridades independientes que controlen el funcionamiento de la central, que los gobiernos estatal y federal manejan por encima de las leyes ambientales".
Activistas de grupos mexicanos e internacionales, como Greenpeace, han exigido al gobierno que informe sobre las operaciones de la central nuclear, así como la intervención de una comisión independiente que supervise sus funciones.
Los promotores de la defensa del ambiente señalan que Laguna Verde opera sin la existencia de una autoridad reguladora y en condiciones que no garantizan la seguridad de empleados y habitantes de las poblaciones ubicadas alrededor de la central.
En el mismo mes de diciembre, la dirección general de Laguna Verde afirmó que la central nuclear invierte el equivalente a 100.000 dólares mensuales en materia de seguridad.
Los grupos embientalistas reclaman que la CNSNS difunda periódicamente el inventario de sustancias radiactivas emitidas a la atmósfera.
En distintos foros, las organizaciones ambientalistas denunciaron que el diseño de contención de la radioactividad de Laguna Verde, que opera con un reactor del tipo de agua en ebullición, es considerado "defectuoso" por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.
Las autoridades de Laguna Verde aseguran que los desechos radiactivos se encuentran en la central en albercas y almacenes especiales.
Laguna Verde comenzó a operar con un costo de inversión de más de 4.000 millones de dólares, después de haber permanecido como proyecto desde finales de la década del 70, inmersa en un férreo rechazo de organizaciones ecologistas, políticas y sociales.
La capacidad instalada de generación de energía eléctrica del país es superior a los 35.000 megawatts, de los cuales 1.300 corresponden a la generación nuclear. (FIN/IPS/pf/mj/en/99
