/AMPLIACION/GUATEMALA: Documento militar confirma terrorismo de Estado

Organizaciones de derechos humanos dieron a conocer hoy en Estados Unidos un diario interno de un escuadrón de la muerte del ejército de Guatemala que registra la suerte corrida por 183 de sus víctimas entre agosto de 1983 y marzo de 1985.

El documento de 53 páginas incluye las fotografías de las víctimas, aparentemente extraídas de sus documentos de identidad, que fueron secuestradas clandestinamente por el ejército durante ese lapso que coincidió con el mando del general Oscar Mejía Víctores.

La gran mayoría de los 183 fueron asesinados, destino al que el documento se refiere en código con el número "300" o con la frase "se lo llevó Pancho", o transferidos a la custodia de otras unidades militares guatemaltecas. Sólo unos pocos fueron liberados o lograron escapar.

"Es la primera evidencia específica de crímenes individuales que surge de los propios archivos de los militares", explicó Anne Manuel, de la organización Human Rights Watch, uno de los grupos de derechos humanos y de investigación que consiguieron el documento.

Los gobiernos de los presidentes estadounidense Bill Clinton y del guatemalteco Alvaro Arzú "deben aprovechar esta ocasión para renovar los esfuerzos para determinar la responsabilidad por los terribles crímenes cometidos en el contexto de la guerra fría en Guatemala", exhortó.

HRW, junto a las no gubernamentales Archivo Nacional de Seguridad, Oficina de Washington para América Latina y Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAADS), exhortaron a Arzú y al ejército guatemalteco que tomen medidas inmediatas para poner a salvo documentos similares que puedan estar en poder de los militares.

El Departamento de Estado (cancillería) de este país instó al gobierno guatemalteco a "tomar esta nueva evidencia de crímenes con seriedad, y a responsabilizar a aquellos que cometieron estos crímenes".

La cancillería también solicitó al ejército "que proteja documentos similares en sus archivos y los entregue a las debidas autoridades, así como a Minugua", el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que supervisó el proceso de paz en Guatemala.

El documento secreto se conoce tres meses después de que un informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico guatemalteca, con apoyo de la ONU, concluyera que 93 por ciento de las 200.000 personas que murieron por la violencia política en el país entre 1960 y 1996 fueron víctimas de los militares.

El informe también concluyó que el ejército cometió "actos de genocidio" contra la población maya, incluso 626 masacres, la mayoría de ellas durante la campaña de contrainsurgencia de 1981 y 1982, poco antes del lapso cubierto por el documento conocido este jueves.

La Comisión había solicitado al ejército que entregara todos los documentos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el lapso de 36 años, y desde la publicación del informe, los comandantes de la fuerza insisten en que los militares cooperaron con el organismo.

Documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos revelaron que el ejército guatemalteco mantuvo archivos detallados sobre sus operaciones, pero comenzó a destruirlos en 1985 cuando asumió el poder un gobierno elegido democráticamente.

Pero Kate Doyle, del Archivo Nacional de Seguridad, dijo a la prensa que el diario conocido este jueves fue ofrecido en febrero por un ex militar quien pidió y obtuvo a cambio 2.000 dólares. "Sabemos que el documento fue extraído clandestinamente de los archivos militares, y creemos que existen más", explicó.

Doyle y otros investigadores no tienen dudas de la autenticidad del documento, del que se entregaron copias a la embajada guatemalteca y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

"Queda claro que es un producto de la inteligencia militar. Es un informe de productividad desde dentro de la máquina de matar de Guatemala", sostuvo Doyle.

El diario interno no contiene nombres ni firmas de los militares responsables, y "probablemente" fue producido por el escuadrón de la muerte conocido como "Archivo", una unidad que operaba desde las oficinas de la presidencia guatemalteca desde fines de los años 70, explicó.

La mayor parte de las víctimas incluidas en el documento eran hombres, de 12 a 91 años de edad. Al menos 16 eran estudiantes y 12 profesores -muchos de ellos de la Universidad de San Carlos, una de las instituciones más golpeadas por la represión de los años 80-, 12 sindicalistas, cuatro médicos y un abogado.

Entonces, "la estrategia de la contrainsurgencia pasó de ser una política de matanzas indiscriminada para concentrarse mayormente en campesinos rurales mayas, asesinatos y desapariciones dirigidas contra personas de la clase media, sobre todo en la capital", explicó Patrick Ball, de AAAS.

Las 183 víctimas son sólo una pequeña muestra de los desaparecidos durante el lapso entre agosto de 1983 y marzo de 1985, destacó Doyle.

El diario guatemalteco, así como documentos similares que surgieron de la Alemania nazi, Camboya, Etiopía e Iraq, presenta la información de las víctimas en un formato burocrático.

Los nombres están en mayúsculas y subrayados, seguidos por la edad, presunta inclinación izquierdista, seudónimo, fecha, hora y lugar de captura de la víctima, y la fecha de la ejecución ("300"), transferencia, liberación, o fuga del secuestrado.

Las fotografías están frente a los nombres, en la columna derecha de la hoja.

La mayoría de las víctimas habrían estado detenidas entre una y seis semanas, tiempo en el que probablemente fueron torturadas, antes de ser asesinadas, transferidas o liberadas.

Manuel dijo que el documento ayuda a confirmar la precisión de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre la represión cometida en Guatemala.

Esas denuncias fueron fuertemente cuestionadas por altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan que en 1983 intentaba levantar las restricciones impuestas por el Congreso de este país a la ayuda militar destinada a Guatemala.

Cuando visitó Guatemala en marzo, Clinton ofreció una disculpa sin precedentes por el apoyo que Washington brindó a "fuerzas militares o unidades de inteligencia que participaron en la represión violenta y generalizada". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/hd/99

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